En la primavera del año 2008, el PSOE de Huelva invitó a los periodistas locales a visitar las obras del CHARE de Lepe (Centro Hospitalario de Alta Resolución, de ámbito comarcal) que ya iban muy avanzadas y se suscribió el compromiso de abrirlo a lo largo de 2010. A día de hoy, el edificio está terminado, aunque sin dotación técnica y humana, porque las administraciones han tardado en ponerse de acuerdo en la construcción del acceso, de unos 3 kilómetros, y el suministro correspondiente de electricidad, agua y saneamiento.

En realidad es un proyecto anunciado en 2005 por la actual vicepresidenta de Gobierno, María Jesús Montero, entonces consejera de Salud, junto a otros dos hospitales más en la provincia de Huelva, Bollullos Par del Condado y Aracena, que tampoco están construidos. A esta carencia provincial se une la muy esperada puesta en funcionamiento del Hospital Materno Infantil en la capital, que el Gobierno Andaluz promete contínuamente, sin que se conozca fecha real de su apertura.

En el caso de Lepe se acordó que la Junta de Andalucía dotaría el Hospital; el Ayuntamiento asumiría los suministros y el Gobierno Central el acceso; pero la burocracia retrasa las obras y, además, la empresa a la que se dio la concesión del vial ha entrado en concurso de acreedores y será necesario reiniciar el expediente. Mientras tanto, los pacientes tienen que desplazarse al Hospital Infanta Elena de Huelva capital, a 45 kilómetros de distancia.

Claro que también tienen otra solución; que es acudir al hospital privado Virgen de la Bella, del Grupo Pascual, abierto en 2017. En  marzo de 2021 la Junta de Andalucía anunció el concierto del hospital durante tres meses por un coste de 2,8 millones de euros, prorrogables mientras se construyen los accesos al CHARE de Lepe.​ En 2022, se conoció el pliego completo de cláusulas, que estipula un coste de 40 millones de euros anuales para el concierto del hospital. Es decir, 200 millones durante los 5 años acordados en el convenio suscrito entre ambas partes, Junta de Andalucía y Grupo Pascual.  Por cierto, que la rescisión del contrato por la puesta en funcionamiento del Chare no está prevista en el documento.

En 2022 la asociación “Onubenses Unidos Por una Sanidad Pública de Calidad” (Onusap) pidió una auditoría independiente que arrojase luz al contrato y a los servicios que se prestan en este centro, con dinero público. Además, el pasado febrero, la oficina del Defensor del Paciente (entidad privada compuesta por un grupo de abogados) llevó a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción de la Junta de Andalucía el desvío de fondos de la sanidad pública a la privada; entre otros por el caso del concierto con el hospital privado de Lepe. Un dinero que, como ya se ha dicho, está blindado incluso si se abriera el Chare, aunque es improbable que lo haga antes de 2026.

Es decir, de los 7 hospitales públicos prometidos por la Junta de Andalucía para la provincia de Huelva, solo funcionan los dos de la capital (Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena) y el de Riotinto, mirando a la Sierra. El Materno Infantil (la única provincia andaluza que carece de esta infraestructura) y los CHARE de Lepe, Bollullos Par del Condado y Aracena tendrán que seguir esperando los Presupuestos de las administraciones públicas.

Tiene mucha razón el Foro Español de Pacientes, entidad que aglutina a 85 organizaciones, cuando dice que, en España, el código postal determina la calidad asistencial de los ciudadanos. Si el suyo empieza por 21 (el de Huelva) procure tener paciencia y suerte. Al final, siempre ganan los mismos.

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