Las aguas vuelven a agitarse en el Palacio de San Telmo. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y uno de los principales referentes del Partido Popular a nivel autonómico, vuelve a estar en el centro del huracán político. Esta vez no por una serie de graves sospechas judiciales que han desatado una oleada de exigencias de dimisión. La portavoz del grupo parlamentario socialista andaluz, María Márquez, ha sido tajante: “La Fiscalía y la Justicia tocan a su puerta, y ya es hora de que asuma responsabilidades”.
Los hechos que han motivado esta contundente declaración no son menores. Una investigación judicial sobre adjudicaciones de emergencia realizadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia ha revelado indicios de posibles falsificaciones de facturas en contratos sanitarios. Estas presuntas irregularidades no solo comprometerían la transparencia de los fondos públicos destinados a la sanidad, sino que, según Márquez, podrían tener incluso la firma del propio presidente en documentos clave que habrían eliminado controles previos en dichos contratos.
Lejos de ser un caso aislado, a esta trama sanitaria se le suma ahora un nuevo capítulo, con tintes igual de turbios. La Fiscalía de Cádiz ha puesto en el foco otra presunta falsificación de facturas, esta vez relacionada con el transporte escolar en la provincia. Según las diligencias, podrían haberse cometido delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental. Por ahora, el monto detectado asciende a 300.000 euros, aunque la investigación lleva ya un año y medio en curso, iniciada a raíz de una alerta de la propia Intervención General de la Junta de Andalucía.
Con este panorama, el discurso de “estabilidad” que defiende Moreno Bonilla comienza a tambalearse. El silencio del presidente andaluz ante estas acusaciones empieza a ser interpretado no solo como una estrategia política, sino también como una preocupante muestra de falta de voluntad de asumir responsabilidades políticas. “En el Gobierno andaluz no dimite nadie, nadie da explicaciones”, ha lamentado Márquez, recordando que mientras en el PSOE “no tenemos en nuestras filas a imputados”, el Ejecutivo del PP andaluz mantiene a varios altos cargos señalados por la justicia.
La situación sanitaria de Andalucía añade un trasfondo aún más delicado a esta crisis. La portavoz socialista ha recordado que las supuestas falsificaciones de facturas se habrían realizado con clínicas privadas, precisamente en el contexto de una externalización de servicios que ha coincidido con el progresivo deterioro de la sanidad pública. "Queremos respuestas de Moreno Bonilla a si han cambiado la fecha de facturas a clínicas privadas para pagarlas con dinero público con la excusa de una emergencia por la pandemia que ya no existía", denunció Márquez.
A pesar de este escenario alarmante, el Gobierno andaluz parece más centrado en el discurso de confrontación que en ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía. Moreno Bonilla, habitual en sus críticas al Gobierno central y a la oposición, no ha comparecido para abordar los señalamientos de la Fiscalía ni ha anunciado medidas internas en su Ejecutivo. Esta actitud empieza a resultar difícil de sostener incluso entre algunos sectores de su propio electorado.
Desde la oposición, se ha impulsado una iniciativa parlamentaria conjunta para dar voz al personal sanitario, a sindicatos y a plataformas como las Mareas Blancas. El objetivo, explican, es visibilizar el “grito de auxilio” del sistema sanitario andaluz. “Seguiremos defendiendo la voz del sufrimiento de los andaluces y andaluzas en su sanidad”, ha asegurado Márquez.