Haga el lector un rápido ejercicio visual antes de responder a esta pregunta sobre la fotografía que encabeza las líneas que siguen: ¿diría que lo que ven sus ojos son cajas fuertes o archivadores? Según el consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, son lo primero; según cualquier observador imparcial, serían más bien lo segundo.

La fotografía la ha difundido hoy el servicio de prensa del PSOE andaluz, citando su procedencia: una pieza informativa del telediario de Canal Sur de este mediodía.

Como se sabe, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, declaró ayer en rueda de prensa que un funcionario había logrado localizar importantes documentos comprometedores que sus antecesores socialistas habrían ocultado a la justicia, escondiéndolos en “cajas fuertes”.

El portavoz del Grupo Socialista, José Fiscal, ha cargado hoy con gran dureza contra el portavoz conservador: "Solo una persona tan miserable y tan ruin como el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se atreve a hacer un montaje tan infame: es una sinvergonzonería y una golfería".

Las supuestas cajas fuertes, ha recalcado Fiscal, “eran archivos de seguridad, como hay en tantas administraciones", a los cuales podían acceder con llaves las personas que estuvieran autorizadas.

Incluso el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha calificado hoy de "extraño" el descubrimiento de Bendodo: "No decimos que sea un montaje, pero nos parece de película", ha dicho con retranca el dirigente de Vox. 

Bendodo anunció ayer que la Junta había remitido al juzgado algunos de los documentos hallados, en particular dos convenios sin membrete de la Junta firmados a finales de los 90 por el exconsejero socialista Gaspar Zarrías comprometiéndose a no reclamar a la empresa Campofrío ayudas por valor 8.000 millones de pesetas otorgadas a Cárnicas Molina y consideradas ilegales por la Unión Europea. Esa sería la contrapartida de la Junta para que Campofrío adquiriera la cárnica jiennense con el compromiso de invertir 4.000 millones de pesetas y crear 300 empleos.

La justicia investiga en este momento la concesión en 1999 por la Junta de un préstamo de 5,8 millones de euros de los que restarían 3,7 por devolver. El fiscal solicita la imputación de Zarrías y del expresidente Manuel Chaves.