Aristóteles Moreno, periodista, y Antonio Manuel Rodríguez, jurista y escritor, han publicado recientemente 'El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia' (Akal), un manual de memoria, de periodismo, de justicia y de reparación ciudadana. El libro, que condensa años de investigación y de denuncias, condensa en 448 páginas el mayor robo que se le ha hecho al patrimonio de nuestro país durante los últimos siglos, perpetrado por una empresa privada: la Iglesia. Un libro valiente que desenmascara, no solo, la práctica inmoral y abusiva de esta importante entidad, sino el silencio informativo y la docilidad del poder que completan la ecuación con una ciudadanía ajena e impasible ante el escándalo.
Pregunta (P): ¿Cómo surgió la colaboración para este proyecto? ¿Ya os conocíais de antes o la relación nació a raíz de la investigación sobre la Mezquita?
Respuesta (R): Nos conocimos hace ya bastantes años en una tertulia radiofónica. Cuando aquel espacio terminó, mantuvimos nuestro grupo y le pusimos el nombre de "Tertulia de perplejos"; fue ahí donde un día hablamos sobre la Mezquita, justo cuando el obispo había puesto en marcha un plan para borrar todo lo que tuviera relación con su origen islámico y andalusí, pidiendo a la administración que dejara de llamarla Mezquita. Aquello nos pareció un atentado patrimonial, aparte de cutre y absurdo, y coincidió con que Antonio Manuel consiguió la nota simple hipotecaria de inmatriculación en 2009.
Ha sido un placer trabajar juntos, tenemos una amistad muy entrañable y hemos aprendido mucho el uno del otro. En aquel momento, la mayoría no sabíamos qué significaba "inmatriculación", pero fue Antonio Manuel -relata Artistóteles- quien nos dio las claves jurídicas. A partir de ahí empezamos a trabajar para poner sobre la mesa un debate que nos preocupaba enormemente, activando un grupo de ciudadanos que culminó años después en la plataforma que consiguió casi 400.000 firmas.
(P): En primer lugar me gustaría que me contarais cómo surge la idea del escribir este libro.
(R): El libro surge de la necesidad, porque estamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España y, a la vez, ante el mayor vacío informativo de la historia de España.
No hay una compensación entre lo que la gente conoce de este escándalo y lo que ha supuesto de descapitalización y despatrimonialización del Estado y de cada uno de nosotros por la pérdida de tanto patrimonio. Entonces, era necesario explicarlo. Además, porque existen diferentes caras del escándalo.
El escándalo es económico, el escándalo es patrimonial, pero también es un escándalo jurídico. Y es jurídico porque estamos ante un choque burdo con la Constitución y parece mentira que tengamos que explicarlo. Entonces, falta mucha tarea pedagógica, mucha tarea divulgativa y lo que hicimos fue ponernos manos a la obra para que pudiéramos explicar de la manera más sencilla y asequible posible todas las aristas de este escándalo.
(P): Y para quien no se haya leído el libro, aunque por el título, El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, se entiende bastante bien, ¿Qué nos podemos encontrar en este libro?
(R): Nosotros hemos intentado que haya, nada más entrar en la 'casa' que es el libro, una explicación genérica del problema. Estamos ante una cuestión de Estado. Esto no es la apropiación de bienes singulares, sino que estamos hablando de un escándalo numérico de 100.000 bienes apropiados por la jerarquía católica, pero, sobre todo, cualitativo, porque hemos perdido más del 80% del patrimonio histórico del Estado. Y después de ese zaguán, hemos repartido la casa en habitaciones.
Ha sido un trabajo muy riguroso de 450 páginas donde ponemos en orden diez o doce años de trabajo
Hay una habitación dedicada exclusivamente a la Mezquita de Córdoba. Creemos que la Mezquita es el paradigma del escándalo. Primero porque es evidente que la jerarquía católica no la construyó. Es algo que salta a la vista. Y, en segundo lugar, porque es el ejemplo por excelencia de un bien de dominio público que no necesita ser explicado. Cuando a uno le preguntan de quién es la Mezquita, comete un gravísimo error. Es una pregunta capciosa. No es de quién es, sino ¿qué es? ¿La Mezquita de Córdoba se puede vender? ¿La Mezquita de Córdoba se puede embargar? ¿La Mezquita de Córdoba se puede hipotecar? No, porque es un bien que nos pertenece a todos, porque no es de nadie, porque es un bien de dominio público. Entonces, claro, creíamos necesario explicar cómo lo ha sido siempre y poner muchas pruebas de cómo la intervención de lo público ha sido permanente desde su fundación hasta hoy. Luego hay otro segundo cuarto donde aparecen 16 casos paradigmáticos repartidos por todo el Estado, de plazas, de ermitas, de joyas patrimoniales o el escándalo de los cementerios, etcétera.
Y luego hay otra habitación que hemos dedicado a explicar jurídicamente de dónde viene el escándalo y cómo podemos solucionarlo. Uno puede entrar en la casa, recomiendo que por el zaguán, pero luego que se vaya a la habitación que le apetezca.
(P): ¿Por qué era necesario este trabajo documental? ¿Cree que existe un desconocimiento o un 'silencio informativo' sobre la verdadera naturaleza pública del monumento?
(R): Era necesario porque la Iglesia puso en marcha un plan para falsificar la historia del monumento. Nosotros, sobre todo a través de la investigación en archivos municipales y personales, hemos sacado a la luz documentación relevante y en gran medida inédita que no conoce mucha gente, o que al menos no ha salido en los medios generalistas. Buscábamos construir una argumentación sólida para denunciar tanto la apropiación simbólica del monumento como su privatización registral.
En el libro mostramos actas plenarias de 1972, en pleno franquismo, donde se ve muy claramente que la conciencia de la época era que el conjunto monumental era de dominio público y su tutela estaba en manos del Estado, no de la Iglesia. Hemos demostrado cómo el conservador cobraba directamente del Gobierno y trabajaba al margen del obispo. Todo este esfuerzo documental busca combatir ese intento de borrado histórico y acreditar, con pruebas, lo que siempre fue un orgullo ciudadano muy consolidado.
(P): También hay aquí mucha filosofía jurídica porque para una persona que no esté relacionada con estos términos, ¿cómo podemos explicar, en primer lugar, que algo 'no es de nadie' y, en segundo término, cómo entonces pasa a ser de la Iglesia?
(R): La herida se produce en 1978. Esa es la fecha de la herida. Porque históricamente los bienes de la Iglesia han pertenecido al Estado, porque la Iglesia era Estado. En el antiguo régimen, salvando las distancias, el culto era un servicio público y todos los edificios destinados al culto formaban parte del dominio público del Estado. Ese régimen no cambia con las desamortizaciones. Mendizábal acomete la desamortización por una necesidad urgente de recuperar el patrimonio público, el tesoro público, pero la Iglesia no percibe indemnización alguna. ¿Por qué? Porque no es suyo.
Es tan sencillo como eso. No cambia durante el régimen de la Primera República porque los bienes siguen siendo públicos. No cambia durante la Segunda República porque se nacionalizan los bienes. Queda claro que siempre pertenecieron al Estado. Pondré un ejemplo muy burdo. Si un hospital mañana deja de ser hospital, no creo que se lo lleven los médicos. Si un colegio deja de ser colegio, no se lo llevan los profesores. Estamos hablando de edificios, monumentos de extraordinario valor histórico y cultural que cuando se separa la Iglesia del Estado no pasan a ser de la jerarquía católica, que los poseían, que están destinados al culto, pero no por eso son suyos.
La jerarquía católica ha aprovechado ese limbo jurídico para privatizar bienes que son históricamente de dominio público
Tienen la posesión del bien, lo pueden poseer, pero es una posesión natural, ni siquiera civil, pero incuestionalmente no son suyos. Eso no quiere decir que no tengan derechos sobre los bienes, especialmente el derecho al culto. Pero lo que no tiene ningún sentido es que la Catedral de Lisboa sea del Estado de Portugal, la Catedral de Colonia sea del Estado de Alemania, la Catedral de Notre Dame sea del Estado francés y la Mezquita de Córdoba sea de un obispo.
Ahí es donde está el problema. ¿Pero por qué? Porque en el 78 no se resuelve la separación Iglesia-Estado y el patrimonio queda en un limbo. Entonces, claro, viene el arrastre de una norma franquista que equiparaba a la Iglesia con la Administración Pública y a los obispos con notarios y que no es derogada formalmente.
¿Qué ha ocurrido? Que nadie se ha atrevido a abrir la caja de pandora. Nadie se ha atrevido a resolver el problema y la jerarquía católica ha aprovechado ese limbo jurídico para privatizar bienes que son históricamente de dominio público. Y todo eso, además, se duplicó con la reforma de Aznar que permitió la inmatriculación de los templos de culto.
Claro, con esa norma es cuando se dispara definitivamente el escándalo aunque ya se habían inscrito bienes de dominio público templos anteriores a la fecha de Aznar.
(P): ¿Por qué pese a conocer ese hecho desde hace tiempo no se le ha dado la importancia que merece? ¿Por qué ese apagón informativo?
(R): España tiene un gravísimo problema. Carece de una derecha republicana laica y federal. Parece que ser de derechas en España es necesariamente ser católico. Y la prensa conservadora ha intentado apagar este incendio y la mejor manera era censurarlo, que no apareciera.
Luego la prensa más progresista, a pesar de que la ha tratado con mucha profusión, no ha calado en la ciudadanía porque el tema es complejo. Porque lo han hecho complejo y yo creo que el tema tiene que ser traducido a términos muy sencillos. La iglesia tiene que devolver lo que es nuestro y pagar por lo que es suyo.
Así de sencillo. Pero claro, tiene que ser explicado y a la gente le cuesta entender que una catedral no es de la iglesia. Le cuesta entenderlo. Y luego hay algo, y es que cuando se te causa un inmenso dolor, no te duele. Cuando se te quita lo grande, lo que no es de nadie parece que no te han quitado nada.
Es como si mañana dijeran que el Guadalquivir pertenece a Madrid. Como Madrilucía, ¿no? A lo mejor la gente se indigna un poco pero bueno, ¿es que a ti te están quitando algo? Porque parece que no. ¡Pues claro! Te están quitando tu identidad, te están quitando tu patrimonio. Claro que te lo están quitando, pero parece que nos falta conciencia ciudadana para recuperar lo que siempre ha sido nuestro. Y yo creo que es una combinación un poco de todos esos factores.
(P): ¿Crees que el apagón informativo se debe también, en parte, a que vivimos cada vez más en una sociedad sumamente individualista, en la que los problemas públicos cada vez dan menos igual y donde solo importa el bienestar individual?
(R): Sí, en verdad nadie sufre por cabeza ajena y en muchos casos hasta que no le ha tocado a una persona o a una institución o a un pueblo, no se ha dado cuenta. Por ejemplo, en Topares, en un pueblo de Almería, el local donde siempre se habían reunido, de repente un día se encuentran que no es suyo. El local que habían construido con su dinero, que habían pagado con su factura, que habían construido con sus propias manos. Entonces, claro, de repente eso indigna a la población.
Hay veces que se prohíbe un concierto en una plaza porque de repente se da cuenta que la plaza ha sido inscrita por la Iglesia y a la Iglesia no le interesa. Hasta que no lo prohíben no te das cuenta. Yo creo que el hecho de que hayamos perdido la conciencia de lo que es nuestro es quizás a mi juicio lo más grave. El no ser conscientes de que los bienes de dominio público, es decir, nuestro tesoro artístico, nos pertenece a todas y todos y ahora pertenece a una institución privada que, aunque nos cueste entenderlo, lo puede vender, lo puede hipotecar, lo puede embargar.
Es decir, ahora mismo la Mezquita de Córdoba tiene el mismo rango jurídico que un garaje. Y eso es algo que, por ejemplo, la prensa extranjera no entendía. Yo recuerdo haberme entrevistado con el New York Times, con el Washington Post, con medios de todo el planeta y no lo entendían.
O sea, venían a verte y decían, ¿pero cómo puede ser? Y es porque en otros lugares de Europa y del mundo sí se tiene mucha conciencia de lo que es común y aquí, desgraciadamente, se ha perdido.
(P): ¿En qué momento la gente se da cuenta de que las inmatriculaciones realmente están teniendo ese efecto? En el libro se cuenta que es de forma accidental por un pueblo de Navarra.
(R): Sí, sí. El escándalo salta de forma accidental en Navarra, en el año 2006. Y a partir de la prohibición de entrar a una ermita, se pide en el registro de quién es y de repente saltan el listado de 1086 bienes.
Esto hace que además se cometa la perversión de creer que es en Navarra donde más bienes se han inmatriculado, porque claro, es que la gente confunde donde se hace más ruido con dónde se produce la realidad. Nosotros descubrimos accidentalmente también la inmatriculación de la Mezquita en el 2010. Pero de la movilización ciudadana que consiguió que se diera un listado parcial desde 1998 hasta el 2015 que se derogó la norma, también por la presión ciudadana, han resultado 35.000 bienes.
Pero donde la ciudadanía se siguió moviendo como Cataluña, Navarra, Aragón, Baleares... son muchos más los bienes que se inmatricularon antes de las reformas de Aznar que después de Aznar. Es decir, la jugada con ese listado era señalar con el dedo a Aznar. Es decir, no, 'la culpa es tuya'.Y sin embargo, no. Aznar forma parte crucial del escándalo, pero todo el gobierno democrático anterior también, porque permitió una ilegalidad y todo el mundo sabe en derecho que lo que es nulo no existe. Y sin embargo, parece que con el tiempo se hubiera convalidado.
(P): Tras grandes escándalos de inmatriculaciones como los relacionados con la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, no se pudo ver una gran respuesta ciudadana, mediática o gubernamental para paliar ese error. Ante esto, ¿cómo se puede continuar luchando?
(R): Hombre, yo creo que tomando conciencia. Básicamente tomando conciencia de que es un problema de Estado. Esto es una cuestión de Estado, no es un problema que ocurre en el cementerio de Barbate o en el cementerio de Cartagena o en la ermita de tal pueblo o en la plaza de tal pueblo. No, no. Estamos hablando de un problema de Estado porque se ha permitido una ilegalidad continuada, una inconstitucionalidad continuada desde 1978 y no se le ha dado marcha atrás. Yo creo que lo más importante es que sepamos el origen del problema y las consecuencias del problema para poder corregirlo.
(P) : Echando la vista atrás, ¿cómo ha sido la experiencia de escribir este libro y qué etapas ha atravesado el texto hasta llegar al resultado final?
(R): La idea de transformar todo el material acumulado en un libro la tuvimos hace unos seis o siete años, aunque no es fácil encajar un texto escrito a cuatro manos. Al principio solo queríamos centrarnos en la Mezquita de Córdoba, pero después decidimos incluir un capítulo sobre otras inmatriculaciones de toda España -plazas públicas, cementerios, el mudéjar aragonés o el prerrománico asturiano-, basándonos en los sesenta o setenta reportajes que Aristóteles había publicado y en los casos paradigmáticos que había investigado como periodista.
Ha sido un trabajo muy riguroso de 450 páginas donde ponemos en orden diez o doce años de trabajo. Hemos realizado un vaciado bastante exhaustivo de la hemeroteca del siglo XIX y de archivos como el personal del arquitecto Félix Hernández, reuniendo decenas de pruebas que acreditan que la Mezquita es un bien de dominio público. Estamos muy contentos con el resultado porque logramos consensuar un documento sólido que recoge toda esa trayectoria de denuncia del expolio.
(P): ¿Por qué crees que la gente debería leerse el libro?
(R): Cuando yo era pequeño había una asignatura que se llamaba Educación Cívica y desapareció. Luego hubo otro tiempo en el que se intentó hacer una Educación para la Ciudadanía y volvió a ser un escándalo el que se impartiera. Yo creo que este libro es un manual de ciudadanía. Es un manual para que el ciudadano sea partícipe de un problema que le afecta personalmente porque ha perdido patrimonio que le pertenecía pero también porque solo él es el que puede pedir que se restaure. Y sobre todo porque mantener una ilegalidad democrática en un estado de derecho es una de las peores perversiones.
Hay un aforismo en Francia que viene a decir que el derecho civil sirve para que los ricos roben a los pobres y el derecho penal sirve para que los pobres no roben a los ricos. Y yo soy de los que piensan que el derecho debería ser la garantía de los débiles y el derecho constitucional la garantía de la garantía de los débiles. Nuestra Constitución dice que somos un Estado social. Democrático y de derecho, pero que piense en los derechos sociales. Y permitir este escándalo es atacar directamente a la médula de nuestra democracia y de nuestra Constitución.