El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía ha ampliado el contrato a dedo con clínicas privadas para asistir el verano tras cerrar el 75% de centros públicos de tarde. Para ello, la Junta del popular ha vuelto a prorrogar hasta septiembre los contratos negociados sin publicidad, en vigor desde hace un año, con los mismos hospitales privados beneficiados desde 2020 de adjudicaciones a dedo que investiga la justicia, tal como ha informado elDiario.es. Y tras ello, el Defensor del Paciente ha elevado una petición al Fiscal Superior de Andalucía para su actuación de oficio por la presunta malversación y desviación de fondos públicos en las que podría estar incurriendo el Gobierno de Moreno Bonilla.
Desde el Defensor del Paciente consideran que esta prórroga de tres meses más y a dedo con clínicas privadas es de especial gravedad y por ello estiman que la Fiscalía Superior debe intervenir. En el escrito, han dejado constancia de que entienden esta práctica como “un delito de desviación y malversación de fondos públicos para beneficiar a la privada, dejando sin medios ni personal en la sanidad pública y obligando a los pacientes a ir donde les teledirige el Gobierno de Andalucía”.
“Le pedimos su intervención inmediata por un delito de malversación y desviación de un dinero que es de los ciudadanos para potenciar la sanidad pública”, aseveran, basando esta petición en una serie de reglamentos.
En primer lugar, desde el Defensor del Paciente señalan el artículo 432 del Código Penal, que “establece que los funcionarios públicos que malversen caudales o efectos públicos serán castigados con penas de prisión”, así como el 433, que establece que “la malversación de fondos públicos para favorecer a empresas privadas o a terceros puede ser castigada con penas más graves”.
Además, también señalan el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga “a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal”.
Por ello, consideran que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”, lo que debería suponer la provisión de profesionales y medios a la sanidad pública.
Contratos a dedo a la privada
Estos contratos con hospitales privados en siete de las ocho provincias andaluzadas expiraban a partir de este viernes 18 de julio, dejando la totalidad de las cirugías pendientes en manos de la sanidad pública a medio gas por las vacaciones estivales de los profesionales sanitarios que no han sido cubiertas y el cierre de camas y de centros por las tardes.
Así, el Plan de Verano 2025 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está dotado con 135 millones de euros frente a los 144 millones del año pasado, con una previsión de contratos de sanitarios para estos tres meses de 36.500 frente a los 37.000 de hace un año. En cambio, la Junta de Moreno Bonilla ha adjudicado, tal como ha avanzado el citado medio, a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, otros 12,7 millones de euros a los mismos hospitales privados que viene cubriendo el exceso de pacientes en lista de espera para operarse y para realizarse pruebas de diagnóstico en la sanidad pública desde 2020.
Ya en febrero se autorizaron las prórrogas de estos contratos hasta el verano, duplicando el presupuesto total en “asistencia quirúrgica complementaria” con la sanidad privada hasta los 222 millones de euros.
Pero no es una operativa nueva, ya que en los últimos cinco años, desde la pandemia de coronavirus, el SAS ha encadenado todos los tipos de contratación a dedo con la sanidad privada por cientos de millones de euros: contratos de emergencia, contratos menores y contratos negociados sin publicidad. Y por esta operativa está siendo investigado el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la contratación.