Lo anunció ayer en Madrid el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre: el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos suprimirá el actual sistema de subastas de medicamentos, implantado desde 2012, para incorporarse al mecanismo de compra centralizada que aplica el Gobierno central.

Aunque no será de aplicación inmediata ya que la última subasta fue en 2018 y tiene una vigencia de dos años, el consejero del PP se propone cumplir cuanto antes el compromiso adquirido tanto con Ciudadanos como con Vox.

Su acuerdo con los naranjas decía escuetamente "revertir el actual modelo de subasta de medicamentos en Andalucía", mientras que el pacto con el partido ultra era más preciso: “Revertir el actual modelo de subastas de medicamentos, incorporando Andalucía al sistema de compra centralizada puesto a disposición de las comunidades por el Gobierno central". Esto último exactamente es lo que hará la Consejería de Salud y Familias.

El tamaño sí importa

Según Aguirre, el sistema gubernamental de adquisición de medicamentos y material sanitario es “totalmente contrario a la subasta de medicamentos” y permitirá reducir costes a la sanidad española en su conjunto al “conseguir una escala mayor de compra”, dado que Andalucía suma ella sola más de 8,5 millones de usuarios potenciales.

Aguirre recalcó que “otras comunidades del PSOE" no habían apostado por la subasta, aunque desde la anterior administración sanitaria autonómica siempre se subrayó que Andalucía podía ir al sistema de subasta por el tamaño de su demanda debido a su alta población. Para las autonomías con poco tamaño el sistema de subastas no es, en efecto, rentable.

Aunque el consejero insistió en su voluntad de “comprar de la forma más barata”, no explicó cómo conseguirá el ahorro de más de cien millones anuales que la subasta de medicamentos ha reportado a las arcas andaluzas, desde su implantación en 2012 hasta el último concurso celebrado en 2018.

Las cifras de ahorro

Según los datos ofrecidos en el Parlamento hace ahora justamente un año por la entonces consejera de Salud, Marina Álvarez, la sanidad pública andaluza generó hasta 2017 incluido un ahorro de 568 millones de euros mediante la selección pública de medicamentos desde que se puso en marcha. La previsión de ahorro para 2018 superaba los 150 millones de euros, con lo que el ahorro global se situaría por encima de los 700 millones.

Álvarez defendía en su respuesta parlamentaria que el sistema andaluz de dispensación estaba “avalado por la Organización Médica Colegial para su utilización a nivel nacional por los ahorros que generaría en el Sistema Nacional de Salud, estimados en más de 1.000 millones al año".

Los reproches 

El PP nunca ha discutido los beneficios económicos para el erario andaluz, pero sí reprochaba a la subasta desde desabastecimientos puntuales en las farmacias a la discriminación que suponía para los pacientes andaluces no poder acceder a los mismos medicamentos que el resto de españoles, ya que los médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) recetan únicamente los principios genéricos fabricados por los laboratorios ganadores de las subastas.

Aun así, el argumento de la desigualdad nunca fue estimado por el Tribunal Constitucional, contra el que sucesivamente se estrellaron los recursos interpuestos por el Gobierno del partido Popular.

A las oficinas de farmacia tampoco les gusta tener que despachar únicamente genéricos a cuenta de la sanidad pública: vienen a sostener que lo que se ahorra el SAS lo pierden ellas.

Contraataque socialista

Para los socialistas, el PP pone más empeño en defender los intereses de las grandes farmacéuticas que los de los usuarios andaluces de la sanidad pública. Y además “nos intenta engañar”, según el diputado y exconsejero de Hacienda Antonio Ramírez de Arellano.

Este mismo martes, Arellano hacía las siguientes advertencias en su cuenta de Twitter: “1. La subasta afecta al suministro en Farmacia, con receta; 2. La compra centralizada del Ministerio afecta a hospitales y vacunas; y 3. Es más cara que la compra de la Junta de Andalucía”. El exconsejero socialista concluía: “No pueden cumplir sus promesas”.