¿Por qué lo que no vale para Andalucía sí vale para el resto de España? ¿Por qué es perjudicial para los usuarios que una comunidad haga subasta de medicamentos pero no lo es que haga lo mismo el Gobierno central? Son las preguntas que se hace la Junta de Andalucía tras conocerse ayer que el Gobierno central propone un plan de adquisición de medicamentos similar al que ha venido reiteradamente denunciando ante los tribunales desde que Andalucía lo puso en marcha. El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, ha expresado este jueves su "sorpresa" ante la propuesta del Gobierno de España de implantar un mecanismo similar a la selección pública de medicamentos de la comunidad autónoma andaluza, una medida que el Estado ha llevado al Tribunal Constitucional (TC) en dos ocasiones y contra la que ha planteado numerosos recursos para su paralización desde su implantación en el año 2012. Todavía no ha habido una decisión judicial, si bien el Ejecutivo no ha logrado su objetivo de paralizar las subastas. El máximo titular de Salud ha manifestado en una interpelación parlamentaria que "le congratula que por fin se reconozca el modelo de selección de medicamentos" ya que el Estado plantea una medida que busca los mismos objetivos de eficiencia que la medida andaluza, garantizando con las máximas garantías de calidad, equidad y seguridad los medicamentos a los usuarios del sistema sanitario público. LAS SUBASTAS ANDALUZAS La subasta del medicamento es un modo de ahorro del Gobierno andaluz para que los llamados principios activos resulten más baratos al ciudadano. Y para ello convoca  una subasta pública  a la que concurren libremente los laboratorios farmacéuticos. 

El resultado es que el medicamento en cuestión resulta más económico para las arcas públicas. El Ejecutivo andaluz estimaba inicialmente que con ello se ahorraría unos 200 millones de euros cada año, aunque la cantidad está siendo menor por las múltiples dificultades para estabilizar el sistema. La primera subasta de medicamentos la hizo la Consejería de Salud a finales del 2011, con los protectores de estómago, las estatinas para el colesterol y los anticoagulantes. Luego vinieron dos subastas más, en 2012 y 2013. 
En cada ocasión, la respuesta invariable del Gobierno Central ha sido la suspensión cautelar de la medida y un recurso al Constitucional. Y una misma resolución del alto tribunal: el levantamiento de la suspensión. En octubre de 2013 el Gobierno central recurría la tercera subasta de medicamentos convocada por la Junta. La respuesta era la misma que en las dos subastas anteriores: tres convocatorias, tres recursos. En los dos primeros recursos el Ejecutivo argumentaba que las comunidades autónomas no son competentes para convocar este tipo de subastas. Luego añadió el argumento de que resultaban un agravio para los pacientes andaluces, que de ese modo tendrían acceso a menos medicamentos que el resto de españoles. El Ministerio remitió este miércoles a las comunidades autónomas un borrador del nuevo Real Decreto de Precios y Financiación de Medicamentos y Productos Sanitarios para debatir en la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que incluye una medida denominada 'Sistema de Precios Seleccionados', comparable en diferentes aspectos al procedimiento de selección pública que en Andalucía "ha permitido hasta ahora un ahorro cercano a los 150 millones de euros al año", según ha destacado el consejero Alonso. NO MÁS RECURSOS Alonso ha resaltado que espera que con esta iniciativa "no haya más recursos a los tribunales" por parte del Estado ni por la vía Constitucional ni contencioso-administrativa contra la selección pública andaluza. En la actualidad, hay abiertos más de cincuenta procedimientos judiciales contra la medida, contra la que también ha arremetido la industria farmacéutica. Sin embargo, tanto el Constitucional como los juzgados de lo contencioso-administrativo han rechazado paralizarla en varias ocasiones. El consejero ha solicitado "más diálogo" entre administraciones y ha insistido en que es "necesario hablar y ponernos de acuerdo en aquellas medidas que son importantes" para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria de la ciudadanía, recordando la última medida presentada al Consejo de Gobierno de Andalucía, el anteproyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. Alonso ha recordado la experiencia de Andalucía en las políticas pioneras de uso racional del medicamento, como la prescripción por principio activo o la selección de medicamentos y otras estrategias que ahondan en la eficiencia del sistema como la Cirugía Mayor Ambulatoria y las Centrales Logísticas de Compra. INCOHERENCIA E HIPOCRESÍA En el mismo sentido, la secretaria de Sanidad del PSOE federal, María José Sánchez Rubio, ha denunciado  "la incoherencia e hipocresía" del Gobierno, ya que entiende que durante toda esta legislatura "ha obstaculizado" el sistema de adquisición de medicamentos por subasta de la Junta de Andalucía y que ahora "copia" y quiere implantar a nivel nacional. "Ahora nos encontramos con que el Gobierno plantea una convocatoria de oferta pública a nivel nacional de selección de precios de un conjunto de referencias de medicamentos, que es copia parte del sistema de adquisición de medicamentos que se ha estado haciendo en Andalucía", y ha añadido que esta decisión la pretenden tomar "de espaldas a las comunidades autónomas y a los profesionales sanitarios, en un claro intento de recentralizar todo lo que tiene que ver con la adquisición de medicamentos". AGRAVIO PARA LOS PACIENTES Mientras tanto, el PP anunciaba la semana pasada que presentará en el Parlamento andaluz una iniciativa para "revisar de forma profunda el sistema de subasta de medicamentos de la Junta de Andalucía". Ayer el partido se ponía 'de perfil' ante el anuncio gubernamental. La portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento andaluz, Catalina García, recordaba el pasado domingo que el PP ya ha mostrado su rechazo a este "sistema implantado unilateralmente por la Junta de Andalucía, lo que sitúa a los andaluces en situación de desigualdad frente al resto de los españoles en el acceso a los medicamentes, lo que supone un agravio". Además, la citada portavoz del PP andaluz ha señalado que "ni los pacientes ni los profesionales sanitarios y farmacéuticos están satisfechos con el desarrollo de la subasta de medicamentos, que además tampoco está alcanzando los ahorros esperados".