Con el titular ‘Nos oponemos al proyecto de la Junta de Andalucía de construir una autopista por el norte de Doñana’, la organización ecologista WWF emitió ayer un duro comunicado alertando de los planes del Gobierno andaluz de hacer realidad una vieja promesa electoral del PP que su candidato Juanma Moreno renovó en la última campaña: la construcción de una autovía que conecte las provincias de Huelva y Cádiz, separadas por el Parque Natural de Doñana y su entorno protegido.
Como adelantó este domingo el diario El Mundo, en una información firmada por el periodista experto en temas medioambientales Jorge Molina, la autovía Cádiz-Huelva estará incluida en el Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad 20121-27 (PITMA) y tendría “un coste de al menos 500 millones de euros, por lo que se contempla una colaboración con la empresa privada”.
Según confirmaba Enrique Catalina, director general de Infraestructuras, la autovía será de nueva construcción, excepto el tramo de la A-49 entre Huelva hasta la salida a Villamanrique (Sevilla). “A partir de este punto el trazado está por definir, aunque se apunta que no utilizará las carreteras actuales, todas locales, sino que será nuevo”, precisaba la información.
Un auténtico atentado
Para WWF, la Junta de Andalucía, en lugar de celebrar con propuestas positivas el 50 aniversario de la declaración de Doñana como uno de los espacios protegidos más importantes de Europa, “pretende construir un cinturón de asfalto entre Huelva y Cádiz, aislando Doñana aún más y dañando de forma irreversible sus marismas y su biodiversidad”.
El comunicado ecologista resalta que “el Gobierno de la Junta de Andalucía, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, pretende resucitar el viejo proyecto de construir una carretera de alta capacidad entre Huelva y Cádiz, atravesando las marismas y el río Guadalquivir por el norte del Parque Nacional de Doñana”, cuando lo que tealmente tendría que hacer es todo lo contrario: “la ampliación de sus límites, la eliminación de las miles de hectáreas de cultivos de fresas ilegales o acabar definitivamente con el proyecto de almacenamiento de gas de Naturgy en el subsuelo”.
También critica con dureza WWF la intención de la Junta de desdoblar la carretera A-483 que ya une Almonte y Matalascañas, atravesando de norte a sur el corazón del Parque Nacional de Doñana. Se trataría de “un auténtico atentado ecológico que dificultaría aún más el movimiento de fauna y especialmente la conexión de las poblaciones de linces hacia la zona occidental –Abalario–, al tiempo que no daría respuesta a los problemas de tráfico en esta vía”. Actualmente, la conexión por carretera entre Huelva y Cádiz es por Sevilla.
Historia de una idea
La idea de la autovía de Doñana se planteó por primera vez durante la II República, recuerda WWF. El proyecto “volvió a resucitarse en los años 80 por el Gobierno socialista de entonces y el enorme rechazo social hizo que se planteara la conexión por el norte, entre los pueblos de Hinojos y Lebrija, pero la inviabilidad técnica y económica y el expediente abierto por la Comisión Europea contra España hicieron que finalmente la Junta de Andalucía optara por la nueva circunvalación de Sevilla (SE-40). Sin embargo, determinados sectores empresariales han seguido exigiendo la opción más costosa e impactante, que es la que ahora pretende realizar el Gobierno de Moreno Bonilla.”
WWF considera que “la construcción de una autopista entre Huelva y Cádiz atravesando las marismas del Guadalquivir tendría un impacto ambiental inasumible. Crear un cinturón de asfalto alrededor del Parque Nacional de Doñana aislaría aún más el espacio protegido y tendría un efecto acumulativo al sumarse a la importante trama de carreteras ya existentes en la actualidad en el entorno de Doñana, que cada vez hacen más difícil el movimiento de su fauna y los procesos ecológicos”.
En todo caso y fuere cual fuere su trazado, la autovía tendría que cruzar, mediante un túnel o mediante un puente, el Guadalquivir a la altura de la localidad sevillana de Lebrija. Pese a todo ello, el PP asegura que se trata de un proyecto mediombientalmente sostenible y económicamente muy beneficioso para ambas provincias, cuyas cúpulas patronales vienen reclamándolo desde hace décadas