Ecologistas en Acción ha decidido recurrir el archivo de la investigación sobre los pozos de la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba y situada en Aznalcázar, en la provincia de Sevilla y en el entorno de Doñana. La organización, personada como acusación particular, considera que la instrucción ha dejado abierta una hipótesis de posible delito ambiental que no puede descartarse sin realizar nuevas comprobaciones técnicas. El juez, por su parte, acordó el archivo al considerar que los informes incorporados a la causa no permitían acreditar que las extracciones hubieran supuesto un peligro grave para el medio ambiente.
El principal argumento de los ecologistas se centra en la imposibilidad de conocer con exactitud cuánta agua se extrajo de los pozos durante el periodo investigado. En su recurso, sostienen que la ausencia de los contadores de agua obligatorios no debería convertirse en un elemento que favorezca a quienes tenían la obligación de instalarlos. A su juicio, esta circunstancia fue una irregularidad de la propia explotación y no una razón para considerar imposible determinar posteriormente el volumen de agua captado.
La organización defiende que todavía puede realizarse una reconstrucción hidrogeológica que permita establecer, con el margen de incertidumbre correspondiente, la cantidad de recursos extraídos y su posible repercusión sobre el entorno. Para ello, propone analizar variables como la superficie y evolución de los cultivos, las dotaciones de agua autorizadas, las características y potencia de las bombas o los consumos eléctricos registrados.
Los ecologistas apuntan que la investigación ha puesto de manifiesto no pocas evidencias, apuntando a que había nueve pozos ilegales, los cuales funcionaban sin contadores, así como “existían pérdidas visibles de agua en las conducciones”, que la Confederación llegó a definir la situación como de “despilfarro”, y se desconoce si se había superado el volumen autorizado, algo de lo que la Guardia Civil está convencida. El recurso también alude a que se hace referencia “a una explotación abusiva” y que hubo reincidencia en el uso de los pozos, datos que “no prueban por sí solos el delito” pero son “incompatibles” con que el juez los haya esgrimido como “acreditación positiva de ausencia de riesgo”.
El enfrentamiento entre los informes técnicos
Ecologistas en Acción también cuestiona que el juez haya optado por una de las interpretaciones técnicas existentes durante la investigación. La organización considera que la resolución concede mayor peso a los informes aportados por la propiedad frente a las conclusiones de los especialistas de la Guardia Civil.
El Seprona había calculado que las extracciones podían haber generado un beneficio económico de unos 5,1 millones de euros para Eurotécnica Agraria, la sociedad encargada de gestionar la finca, y había estimado un posible daño ambiental de hasta 1,1 millones de euros. La investigación se centró en nueve pozos sin autorización que fueron localizados en Aljóbar y que, según la documentación aportada a la causa, llegaron a ser detectados en funcionamiento en dos ocasiones.
Para los ecologistas, aunque las conclusiones de la Guardia Civil puedan presentar limitaciones metodológicas, existe una "hipótesis delictiva objetivamente fundada" que justificaría continuar investigando. La organización sostiene además que durante la instrucción aparecieron otros elementos que deben valorarse conjuntamente, como la la ausencia de contadores, pérdidas visibles de agua en las conducciones, el funcionamiento reiterado de los pozos y las referencias a una "explotación abusiva".
La regularización posterior de los pozos
Otro de los puntos de discrepancia es la autorización posterior concedida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para modificar el régimen de riego de la finca y regularizar las captaciones. El juez considera que esta actuación administrativa refuerza la conclusión de que las extracciones no habrían provocado un impacto negativo relevante.
Ecologistas en Acción sostiene, sin embargo, que esa autorización únicamente acredita la compatibilidad del régimen de riego futuro y no permite determinar qué ocurrió durante los años anteriores. En particular, defiende que la regularización no puede convalidar retroactivamente el uso de pozos que no estaban incluidos en el título correspondiente ni demostrar que las extracciones realizadas hasta entonces fueran inocuas.
La organización también recuerda que el acuífero Aljarafe Sur, del que se abastecen las captaciones, ha registrado un descenso de sus niveles, aunque la propia Confederación ha señalado que no puede atribuirse exclusivamente a la finca Aljóbar. Para Ecologistas, la suma de todos estos elementos hace "racionalmente posible la hipótesis de una captación prolongada, incontrolada y para contribuir a un daño sustancial".
Por ello, el recurso reclama que peritos independientes reconstruyan la evolución de las extracciones antes de cerrar definitivamente la investigación. La organización considera que esta actuación permitiría resolver la principal controversia técnica de la causa y determinar si existió realmente un daño ambiental asociado al funcionamiento de los pozos. La decisión del juez no es firme y puede ser recurrida.
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