Esgrima financiera y presupuestaria de alta escuela este martes en la Audiencia de Sevilla, donde han comenzado a exhibir sus habilidades dos equipos periciales cuyos miembros atesoran un apretado historial de conocimientos con los que, a lo largo de un mes de sesiones, intentarán que sus adversarios besen la lona.
De un lado, los peritos del Estado designados por la justicia Ángel Turrión, Rosa María Hernández y Eduardo Villaseca; del otro, Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez (designados por la defensa del expresidente José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano), Juan Ramallo (por la exconsejera de Magdalena Álvarez), José Ignacio López (por el exconsejero Antonio Fernández) y Juan Antonio Carrillo y Juan de Dios Jiménez (por la exconsejera Carmen Martínez Aguayo).
La hora de la ciencia
Una de las peculiaridades del juicio de los ERE, que no sorprendería en un proceso contencioso-administrativo pero sí en un proceso penal, es que la acusación ha tenido que acudir a la ciencia para que ésta determine si los hechos investigados son o no son efectivamente delito.
Recordemos que lo que el macrojuicio de los ERE que, desde diciembre pasado, sienta en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía intenta esclarecer es si el procedimiento de concesión y pago de las ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis –850 millones entre 2001 y 2010, según la Fiscalía– era o no era delictivo.
Dos bandos irreconciliables
La sesión de este martes ha evidenciado que la ciencia presupuestaria no se pone de acuerdo: mientras los experimentados peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) designados en su día por la juez instructora Mercedes Alaya han ratificado su dictamen de que el procedimiento utilizado por la Junta era ilegal, los no menos sesudos peritos de la defensa del expresidente Griñán y de varios exconsejeros han ratificado el suyo de que el sistema era perfectamente legal.
La de hoy era la primera de una serie de sesiones en la que los nueve peritos intentarán convencer al tribunal de que su interpretación de la abstrusa legislación presupuestaria es la correcta.
‘Disputatio’ pericial
En algunos momentos del cruce de argumentos, para los profanos la escena remitía a las legendarias disputas teológicas de la Edad Media, cuando las mentes más privilegiadas de la Cristiandad intentaban dilucidar cuál era el alcance exacto de la predestinación o cuál el verdadero significado de la doble naturaleza Cristo.
Para Ángel Turrión, jefe de los ‘teólogos de la IGAE’, no hay ninguna duda y así lo trasladaba al tribunal: las transferencias de financiación se usaron "indebidamente, y por qué no decirlo, ilegalmente". Los peritos del Estado consideran que la clasificación económica de un crédito determina a qué se destina, y las transferencias de financiación a la agencia pública IDEA para pagar ayudas dadas por la Dirección General de Trabajo se usaron "en contra de lo que dice la ley".
En cambio, para Juan Zornoza, autor junto a Miguel Ángel Martínez de un informe pericial encargado por la defensa de Griñán, "la clasificación económica" de una partida "indica la naturaleza económica del gasto, no necesariamente su finalidad", y en este caso sólo distinguía entre transferencias de capital y transferencias corrientes, pero "no el destino ni la cuantía".
¿Un arma de corrupción masiva?
Donde los peritos de la IGAE ven poco menos que un arma de corrupción masiva, los peritos de la defensa ven una herramienta presupuestaria aséptica, y así la definieron en el informe que obra en la causa: son “un instrumento perfectamente idóneo y legalmente adecuado (…) una especie de dotación-transferencia para la financiación de la actividad de otra Administración o de una entidad dependiente de la Administración financiadora".
En otro apartado de su informe abundaban en el mismo sentido, cargando la responsabilidad en la Consejería de Empleo: "Los órganos de IFA/IDEA –sostenían– no eran responsables del gasto correspondiente a los créditos del citado programa 3.1.L., que eran competencia de la Consejería de Empleo, pues sus funciones respecto a las ayudas sociolaborales se circunscribían a materializar los pagos que ordenaba dicha Consejería, realizando de ese modo operaciones de mera tesorería".
Ataques y contraataques
En la sesión de este martes, frente a la tesis de los peritos de la defensa según la cual la clasificación económica de un gasto no determina su finalidad, el perito de la IGAE Ángel Turrión argumentaba que un crédito "está definido de manera taxativa" en las órdenes de la Consejería de Hacienda que fijan las instrucciones para elaborar los presupuestos de la Junta y a ese destino se tienen que ajustar, pues "si no se podrían pagar gastos de personal con créditos para construir carreteras".
La hábil ofensiva de Turrión tuvo su réplica en la envolvente ideada por el catedrático Zornoza: es la Ley de Presupuestos, contraatacó, la que fija la finalidad de los créditos y no la orden de elaboración, pues "pretender lo contrario sería subvertir la lógica, sería decir que se puede imponer al Parlamento destinar el Presupuesto a lo que diga una consejería", en este caso la de Hacienda.
Ser o no ser (un buzón)
A alguien ajeno a la ciencia presupuestaria pudo, igualmente, sonarle a vana teología la encendida disputa sobre el papel exacto de la Dirección General de Presupuestos en la ley presupuestaria. Para los espadachines de la IGAE, la Dirección General de Presupuestos "no es un buzón de correos, sino que tiene todas las competencias de elaboración del anteproyecto de Presupuestos que la ley asigna al consejero de Hacienda en base a los decretos de estructuras de la Consejería del ramo".
En cambio, para Zornoza y los suyos, el ejemplo del buzón era más bien simple y, en realidad, la Dirección General de Presupuestos tiene un papel mucho menos relevante a la hora de decidir sobre la definición de los créditos, un proceso colegiado en el que participan numerosos actores.
Confirmado: los grandes maestros de la escolástica medieval –príncipes del matiz, reyes de la sutileza– se lo habrían pasado bomba en este juicio.