La negativa del Ministerio del Interior a reconocer como víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño asesinado por un disparo de la Policía en una manifestación por la autonomía andaluza en 1977, ha reactivado un intenso debate político en la comunidad. En plena semana del 28F y con elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, las fuerzas de izquierdas han emprendido dos vías paralelas para intentar que el reconocimiento tenga acomodo legal y político, frente a la interpretación restrictiva de la ley que ha empleado Interior.
El portavoz adjunto del Grupo Mixto-Por Andalucía, José Ignacio García, ha sido uno de los primeros en denunciar la “vergüenza” y el “retraso histórico” que supone la denegación del Ministerio para considerar a Caparrós víctima del terrorismo, recordando que el asesinato de Caparrós, “aunque execrable”, no encaja en la Ley 29/2011, que exige sentencia firme o diligencias judiciales que reconozcan actos terroristas perpetrados por grupos para subvertir el orden constitucional.
La pugna legal y política ha llegado al ámbito estatal, con el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, sugiriendo una vía alternativa para “resarcir moralmente” a la familia de Caparrós. Marlaska ha señalado que, aunque García Caparrós no puede ser reconocido como víctima del terrorismo bajo la ley actual de 2011, sí sería posible incluirlo como víctima de violencia política o persecución ideológica si se modifica la Ley de Memoria Democrática de 2022 recuperando un artículo derogado de la primera Ley de Memoria Histórica de 2007.
Según el ministro, este artículo permitiría reconocer a personas que perdieron la vida en la defensa de la democracia y las libertades entre 1968 y 1977 y establecer medidas de reparación moral para sus familias. Marlaska ha defendido que una reforma urgente en el Congreso sería “la vía más rápida” para avanzar en el reconocimiento y la indemnización de García Caparrós.
Por Andalucía propone una PNL para impulsar el reconocimiento
En este contexto, la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la Cámara autonómica a pedir al Congreso de los Diputados una modificación legal que permita reconocer a García Caparrós como víctima de terrorismo. En el escrito se ha argumentado que la muerte del joven sindicalista debe encajar en la legislación y en los derechos de reparación, y que el Parlamento andaluz tiene el poder de impulsar desde Andalucía lo necesario para ello.
Así, Nieto insistió durante la sesión plenaria en que “esta modificación debe llevar el impulso de una proposición de ley tramitada en este Parlamento para que, en nombre de Andalucía y sus instituciones, se resarza esta injusticia histórica”.
La diputada también reprochó al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que el Gobierno andaluz haya tratado la memoria de Caparrós de forma testimonial, criticando que se utilicen símbolos andaluces “para propaganda” mientras se ignoran cambios legales necesarios para reparar el pasado.
El papel contradictorio del Partido Popular
La propuesta de Por Andalucía y el impulso de Marlaska han vuelto a poner sobre la mesa las contradicciones del Partido Popular respecto al caso. A pesar de que en 2022 Moreno Bonilla recibiese a la familia de Caparrós y asegurase que tendría un “lugar destacado” en la memoria de Andalucía, el PP a nivel nacional votó en contra de desclasificar en el Congreso los archivos que contenían información clave sobre el asesinato del joven, argumentando que la iniciativa no mencionaba explícitamente el caso. Este rechazo en el Congreso, ocurrido meses atrás, dejó en evidencia una tensión entre el discurso institucional y la práctica política.
El PSOE-A, por su parte, ha afeado al PP su voto y calificado la situación como un obstáculo a los derechos de un “Hijo Predilecto de Andalucía”, exigiendo coherencia entre las palabras y los hechos. Así, la portavoz del grupo socialista, María Márquez, ha exigido al presidente andaluz durante el pleno celebrado este jueves en el Parlamento que dé instrucciones al PP para que se considere a García Caparrós “víctima del terrorismo de derecha” en el Congreso de los Diputados, instando al PP de Moreno Bonilla a respaldar la modificación de la ley que aprobará el martes el Consejo de Ministros.
Del mismo modo, Márquez ha dejado caer a Moreno Bonilla que “a ver si tiene un poquito más de suerte que con Almería, le cogen el teléfono en Madrid y defiende usted la memoria de Andalucía y la memoria de Caparrós y que el Partido Popular vote que sí a esa modificación de ley”.
Un debate que moviliza a la izquierda andaluza
La doble vía emprendida por Por Andalucía y el PSOE-A refleja un esfuerzo conjunto de la izquierda andaluza por rescatar la memoria democrática desde distintas instancias: una legislativa autonómica y otra estatal. Por Andalucía apuesta por un movimiento desde el Parlamento para declarar la necesidad del cambio legal, mientras que el PSOE-A presiona al PP para que respalde reformas normativas en Madrid y no se esconda detrás de tecnicismos legales.
En medio de esta disputa, la familia de Caparrós continúa con su lucha por justicia y reparación tras casi medio siglo, en un caso que no solo interpela a la política, sino a la memoria democrática y al compromiso del Estado con las víctimas de violencia institucional.