Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press los arrestos que se han producido por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que instruye las diligencias.

Tanto Gimenéz como Sánchez ya estaban investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial, principalmente mascarillas, aunque también guantes y equipos de protección individual (EPI).

Los agentes han accedido al Palacio Provincial a primera hora de este martes, sobre las 8,00 horas, para realizar un registro exhaustivo en despachos de Presidencia y ordenadores conforme al auto judicial emitido por la instructora, María Belén López, toda vez que ha solicitado expedientes relacionados con las contrataciones. Además se prevén registros en domicilios particulares a lo largo del día.

Tanto Giménez como Sánchez Simón figuran igualmente imputados en una pieza que indaga el presunto cobro de comisiones ilegales, situadas entre 200.000 y 400.000 euros, vinculadas a la adjudicación de un contrato de dos millones destinado al suministro de material sanitario. Las pesquisas ponen el foco en el acuerdo firmado por Javier Aureliano García el 8 de abril de 2020, en pleno confinamiento, con la empresa Azor Corporate Ibérica, vinculada a Kilian López. La conexión de este empresario con una investigación en Barcelona por narcotráfico, venta de armas y blanqueo de capitales fue precisamente el hilo que llevó a los investigadores a revisar aquella adjudicación.

Caso abierto desde junio de 2021

La causa también retrocede al 15 de junio de 2021, cuando agentes de la UCO irrumpieron en la Diputación de Almería y detuvieron a quien entonces era vicepresidente tercero y responsable de Urbanismo, Óscar Liria, sobrino del alcalde de Fines. Su nombre aparece en el núcleo de la trama, que suma 17 investigados, todos ellos ya declarantes ante el juzgado instructor tras casi cuatro años de indagaciones continuadas. Este cerco judicial es el que ahora se estrecha de nuevo con las nuevas detenciones practicadas este martes.

Durante aquel registro se hizo entrega del expediente de contratación del material sanitario con Azor Corporate Ibérica así como de otros 16 expedientes de obras adjudicados a la empresa Pulconar, cuyo administrador es Kilian L.S, también investigado por su relación con Liria así como su papel al actuar como nexo entre la Diputación y la empresa suministradora.

El contrato investigado originalmente preveía la adquisición de 500.000 mascarillas así como monos de protección y guantes de nitrilo mediante el decreto firmado el 8 de abril de 2020 por un importe superior a los dos millones de euros a través de un expediente que se instruyó a través de Presidencia. Liria fue el que dio el nombre de Azor a presidencia para realizar ese contrato.

A comienzos de noviembre, el PSOE pidió que el presidente de la Diputación y líder del PP de Almería, Javier A. García, fuese llamado a declarar como testigo en la investigación del contrato público que dio origen al llamado caso mascarillas. Los socialistas, que ejercen la acusación popular, buscaban aclarar cuándo, cómo y quién tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones ahora bajo sospecha. Su petición se apoyaba en “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y en nuevos datos aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un atestado fechado el 25 de abril.

En su escrito, el PSOE planteaba la necesidad de determinar si durante la tramitación del contrato, valorado en 2,03 millones de euros, pudieron concurrir indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas.

La acusación popular reclamó igualmente que la Diputación remitiera la relación completa de asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, detallando sus funciones y adscripción. Solicitaba además la identificación de los asesores vinculados a las áreas del entonces diputado Óscar Liria Sánchez —uno de los primeros detenidos en el caso— y del vicepresidente Fernando Giménez, arrestado este martes.

Los socialistas incorporaron también referencias a un grupo de mensajería denominado Naranjito, en el que, según se recoge en la documentación, García habría intercambiado comunicaciones con Liria. En una de ellas, reproducida de forma literal, se lee: “Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡calla ya!”.

Para el PSOE, este intercambio “pone de manifiesto un conocimiento directo de los hechos”, motivo por el que reclamó que la conversación fuese incorporada íntegramente a la causa.