La redes sociales incluso se hicieron del alto tono y de supuestas voces que la magistrada utilizaría en los interrogatorios. El letrado Julio Martínez ha pedido incluso que las sesiones sean grabadas “para evitar que se produzcan excesos” y ha sido el que más crítico se ha mostrado con la labor de la magistrada al asegurar que la conducta de la juez Alaya podría atentar contra el derecho a la integridad personal del imputado.
Tercer grado
La semana pasada el diario "EL PAÍS" recogía como los letrados se han sumado al recurso que elevó a la Audiencia Provincial el abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, para pedir su salida de la cárcel. Este veterano letrado reconviene las salidas de tono e ideas preconcebidas que Alaya expuso durante su extenso cuestionario de 178 preguntas. Ninguna fuente del caso duda de que el tercer grado al que Alaya somete a los imputados da frutos y cuando la juez aprieta, las respuestas son jugosas.
Instructor debe ser imparcial
El problema es que el instructor debe ser imparcial y los interrogatorios en sede judicial están reglados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo artículo 389 obliga a hacer “preguntas directas, no capciosas ni sugestivas, desde luego sin género alguno de coacción al declarante”. De la lectura de la transcripción de la declaración judicial se deduce que dicho artículo se bordeó durante esos cuatro días.
"Usted me aburre, ya estoy aburrida"
Si esos datos fueron relatados la semana pasada, hoy conocemos que la juez concluyó ayer su interrogatorio al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez, espetándole frases como "usted me aburre, ya estoy aburrida" o "me está usted alarmando por momentos". De este modo, y según indicaron a los periodistas los abogados presentes en la comparecencia, la declaración fue un "tira y afloja" entre la juez y el imputado.
La juez niega la posibilidad de volver a contestar una pregunta
Los dos días de declaración del ex director general de Trabajo Juan Márquez ante la juez Mercedes Alaya, vivieron un incremento de la tensión en la que llegaron a discutir sobre los "murmullos" que se oían en la sala o lo que se tarda en leer un informe. En la jornada del miércoles, la juez negó a Márquez la posibilidad de volver a contestar una pregunta sobre los controles de la UE porque, según el acta, el acusado pidió que se la repitieran tras el "murmullo" que se levantó entre los abogados ante su respuesta, que le pudo hacer pensar que había contestado indebidamente. La juez le negó la posibilidad de volver a contestar porque Márquez "entendió perfectamente la pregunta". Dos abogados le respaldaron en su queja, en un incidente que Alaya zanjó dejando constancia que los abogados citados "se encuentran al final de la sala y el murmullo se ha producido al comienzo del ala derecha".
Discusiones
En la declaración del 3 de julio, Márquez afirmó que no se había leído un informe del bufete Garrigues "porque no tiene tiempo de leerse un documentos de 200 páginas". La juez le comentó que "dicho informe se lee en media hora", a lo que el exalto cargo respondió que "ese será el tiempo que necesita Su Señoría, pero el declarante necesitaría un año". Poco después, la juez le reprochó que había esgrimido como defensa no ser un experto en Derecho y atreverse a "discrepar jurídicamente de la conclusión a que llega un experto jurídico".
Sobre la lectura del BOJA
En otro momento, la juez reprochó a Márquez que las ayudas que otorgó eran desconocidas porque no se publicaban en el BOJA, a lo que el exalto cargo le respondió que "dudaba que los trabajadores se leyesen el BOJA" y además eran conocidas por los agentes sociales y los sindicatos. Entonces Alaya le preguntó "cómo las personas sin recursos económicos, o prácticamente sin techo, que duermen en los bancos, en las puertas de las iglesias o en plena calle podían conocer que existían ese tipo de ayudas".
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Tercer grado
La semana pasada el diario "EL PAÍS" recogía como los letrados se han sumado al recurso que elevó a la Audiencia Provincial el abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, para pedir su salida de la cárcel. Este veterano letrado reconviene las salidas de tono e ideas preconcebidas que Alaya expuso durante su extenso cuestionario de 178 preguntas. Ninguna fuente del caso duda de que el tercer grado al que Alaya somete a los imputados da frutos y cuando la juez aprieta, las respuestas son jugosas.
Instructor debe ser imparcial
El problema es que el instructor debe ser imparcial y los interrogatorios en sede judicial están reglados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo artículo 389 obliga a hacer “preguntas directas, no capciosas ni sugestivas, desde luego sin género alguno de coacción al declarante”. De la lectura de la transcripción de la declaración judicial se deduce que dicho artículo se bordeó durante esos cuatro días.
"Usted me aburre, ya estoy aburrida"
Si esos datos fueron relatados la semana pasada, hoy conocemos que la juez concluyó ayer su interrogatorio al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez, espetándole frases como "usted me aburre, ya estoy aburrida" o "me está usted alarmando por momentos". De este modo, y según indicaron a los periodistas los abogados presentes en la comparecencia, la declaración fue un "tira y afloja" entre la juez y el imputado.
La juez niega la posibilidad de volver a contestar una pregunta
Los dos días de declaración del ex director general de Trabajo Juan Márquez ante la juez Mercedes Alaya, vivieron un incremento de la tensión en la que llegaron a discutir sobre los "murmullos" que se oían en la sala o lo que se tarda en leer un informe. En la jornada del miércoles, la juez negó a Márquez la posibilidad de volver a contestar una pregunta sobre los controles de la UE porque, según el acta, el acusado pidió que se la repitieran tras el "murmullo" que se levantó entre los abogados ante su respuesta, que le pudo hacer pensar que había contestado indebidamente. La juez le negó la posibilidad de volver a contestar porque Márquez "entendió perfectamente la pregunta". Dos abogados le respaldaron en su queja, en un incidente que Alaya zanjó dejando constancia que los abogados citados "se encuentran al final de la sala y el murmullo se ha producido al comienzo del ala derecha".
Discusiones
En la declaración del 3 de julio, Márquez afirmó que no se había leído un informe del bufete Garrigues "porque no tiene tiempo de leerse un documentos de 200 páginas". La juez le comentó que "dicho informe se lee en media hora", a lo que el exalto cargo respondió que "ese será el tiempo que necesita Su Señoría, pero el declarante necesitaría un año". Poco después, la juez le reprochó que había esgrimido como defensa no ser un experto en Derecho y atreverse a "discrepar jurídicamente de la conclusión a que llega un experto jurídico".
Sobre la lectura del BOJA
En otro momento, la juez reprochó a Márquez que las ayudas que otorgó eran desconocidas porque no se publicaban en el BOJA, a lo que el exalto cargo le respondió que "dudaba que los trabajadores se leyesen el BOJA" y además eran conocidas por los agentes sociales y los sindicatos. Entonces Alaya le preguntó "cómo las personas sin recursos económicos, o prácticamente sin techo, que duermen en los bancos, en las puertas de las iglesias o en plena calle podían conocer que existían ese tipo de ayudas".
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