La crisis habitacional en Andalucía no es una novedad. La comunidad se sitúa como la segunda más pobre de España, con una renta media de 33.078 euros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), también registra la mayor tasa de desempleo, 14,56%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026. Al tiempo, es la tercera comunidad donde más subre el precio del alquiler, un 3,8% en 2024, según el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler 2024 publicado este año por el INE. Del mismo modo ha subido un 9,6% el precio del metro cuadrado (aquí nos libramos de estar en el podio), mientras que las viviendas turísticas continúan siendo una "plaga", con hasta 91.757 viviendas de uso turístico (VUT), la comunidad que más cantidad aglutina en España, según los datos registrados por el INE el pasado noviembre.
En definitiva, una mezcla explosiva que llevó a los andaluces y andaluzas ha señalar el problema de acceso de la vivienda como el probema que más les afectaba (22,2%) en la última encuesta realizada por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), superando a la sanidad, que había copado la primera posición durante los últimos barómetros, y a la falta de trabajo o paro, que históricamente había sido la número uno indiscutible en este ranking. Aparte de las causas señaladas para que el cóctel sea explosivo, nos encontramos con la población joven que más tiempo tarda en emanciparse de España (solo el 12% de jóvenes entre 16 y 29 años lo están) y con los salarios más precarios (12.000 euros) ; también los que acumulan mayor cuota de desempleo (25%). Y por no hablar que según el informe del Estado de la Pobreza en Andalucía, el 40% de la juventud andaluza se encuentra en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema.
Vivienda
La vivienda se ha convertido en el nuevo campo de batalla de la arena política. No solo Andalucía sufre las consecuencias de un modelo orientado hacia la especulación y que favorece a los intereses inmobiliarios. El resto del país, y Europa, también están asoladas por el mismo síntoma. No obstante, los contextos, leyes y medidas empleadas para paliar, o no, dicha enfermedad, provocan que el padecimiento de la ciudadanía sea diferente. En el caso de Andalucía, es especialmente sangrante.
El derecho a la vivienda en Andalucía viene recogido desde el propio Estatuto de Autonomía. El artículo 56.1 otorga competencias exclusivas en materia de vivienda a la Junta de Andalucía y establece la responsabilidad de esta institución a la hora de promover el acceso a la vivienda digna de los colectivos necesitados. Los poderes públicos en Andalucía están obligados a la promoción pública de la vivienda y a establecer las ayudas necesarias para facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada para los residentes en Andalucía (artículo 37.1.22 y artículo 25), siempre siguiendo los preceptos del artículo 44 de la Constitución española, que encuadra la vivienda como un principio rector de la política social y económica y, literalmente, obliga a los poderes públicos a combatir la especulación, tal y como recoge el informe de vivienda de Andalucía-Sevilla elaborado por Red de Conflictos Urbanos en 2023.
El último Plan de Vivienda de Andalucía es el Plan Vive, entre cuyos objetivos se expresa el impulso de nueva producción de vivienda en régimen de compra y en alquiler, con lo que según expresa el documento, se trata de combatir el alza de precios en el mercado. Un argumento ampliamente desmentido por expertos en el sector y que no se autodenominan "liberales". Además, el Plan Vive, pretende rehabilitar el parque de viviendas, crear empleo en la construcción, financiar 3.000 viviendas protegidas en alquiler o crear 12.500 nuevas viviendas protegidas, ayudas para jóvenes, etc. El problema es la plasmación en la realidad. Entre las modificaciones realizados a dicho plan se encuentran las más polémicas, las que cifran el precio real de las VPO y su salida al mercado, cuyo límite es de 15 años, contribuyendo a fomentar un mercado inmobiliario para la especulación, y no como necesidad básica, y además la ampliación de los ingresos familiares máximos para acceder a las VPO de régimen especial, que pasan de 2,5 a 3 veces el IPREM; 5,50 veces el IPREM para el régimen general y hasta 7,00 veces el IPREM para viviendas de precio limitado.
Con esto, según el informe citado recientemente, el modelo continúa con la "tendencia de orientar la vivienda pública a hogares relativamente privilegiados". Además, la Junta hace un especial señalamiento de que uno de los problemas de la vivienda en Andalucía es la ocupación, "inquiocupación", llegó a denominarla Moreno Bonilla, cuando los datos desmienten totalmente ese relato,
Actualmente, el parque residencial de la Junta de Andalucía, gestionado a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), cuenta con un montante total de 70.000 viviendas públicas, de las cuales hasta 48.000 son en régimen de alquiler. Y, pese a que es el mayor parque residencial de España, la realidad es que es un número completamente insuficiente para competir con la voracidad del mercado y con el contexto económico adverso con el que juega la comunidad andaluza.
Mientras eso sucede, otro dato que alerta de la situación es la cantidad de pisos turísticos que hay en Andalucía. Según los datos del INE del pasado noviembre Andalucía continúa a la cabeza de comunidades autónomas que acumulan un mayor número de viviedas turísticas en España, 91.757. Es decir, Andalucía cuenta ya con un mayor número de pisos turísticos que de vivienda del parque público, lo que evidencia y denota una clara desigualdad en el reparto de las necesidades y los bienes en nuestra comunidad. Y aunque el número de VUT supone un descenso del 4,6% respecto a mayo, una caída replicada a nivel nacional, Andalucía continúa encabezando el desigual reparto. Es por ello que las viviendas turísticas se han convertido en uno de los objetivos de los colectivos sindicales y ciudadanos, debido a su arraigo en las ciudades, principalmente en los centros históricos.
Según el informe sobre la situación de la vivienda en Andalucía de 2025 elaborado por CCOO-A, el crecimiento continuado de los pisos y viviendas turísticas en Andalucía encuentra su principal motor en la alta rentabilidad económica que este modelo ofrece en comparación con el mercado de alquiler tradicional. Tal como refleja el informe, invertir en viviendas no habituales -categoría que agrupa los pisos turísticos y temporales- reporta un rendimiento medio del 6,8% en la comunidad, superando el 5,6% que deja de media el alquiler residencial habitual. Esta diferencia de más de un punto porcentual, unida a unos ingresos mensuales netamente superiores en la modalidad no habitual, ha impulsado un incremento notable de estas opciones frente a la oferta de larga duración.
Por otro lado, esta proliferación acarrea diversas consecuencias negativas de índole socioeconómica y urbana para las ciudades andaluzas. Entre los principales efectos adversos destacan el progresivo desplazamiento de la población residente hacia zonas periféricas, la alteración y pérdida de las relaciones sociales tradicionales en los barrios, y la desconfiguración del comercio de proximidad, que termina enfocándose de manera exclusiva hacia el consumo turístico.
Un problema que atrapa y se extiende por toda Andalucía, y que los andaluces ya piden -a tenor de encuestas y movilizaciones- solucionar.
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