“La voluntad del Gobierno de la Junta de Andalucía es que los padres puedan llevar a sus hijos al colegio que les dé la gana. No hay que tenerle miedo a la libertad”.

Son palabras del portavoz del Ejecutivo autonómico, Elías Bendodo, al presentar hoy junto al consejero de Educación, Javier Imbroda, el anunciado decreto de la Junta que da vía libre a los padres para poder matricular a sus hijos en cualquier colegio concertado de su municipio y no solo, como hasta ahora, en el que hubiera en su zona, si lo había.

"No hay plan oculto"

Aunque, durante la rueda de prensa, el titular de Educación dijo al menos dos veces que no había “ningún plan oculto” para potenciar la educación concertada y pese a insistir en que el decreto se había consensuado con la comunidad educativa, la CODAPA (Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres por la Educación Pública), que agrupa a más de 2.700 AMPAS de Andalucía, ha emitido un duro comunicado que parece desmentir a Imbroda.

Según la CODAPA, el decreto de escolarización de Andalucía se ha hecho “para favorecer a la concertada al introducir un centro de este tipo en cada área de influencia", lo cual será muy perjudicial para la escuela pública, ya que “se pretende asegurar alumnado suficiente para la concertada, vaciando la pública, medida que en un futuro podría provocar el cierre masivo de centros públicos".

Al otorgar a las familias la máxima puntuación para acceder a colegios concertados aunque estén fuera de su distrito educativo –denuncia la CODAPA– “el cambio blinda el negocio de la concertada ante la bajada de natalidad”.

Para el Partido Socialista por su parte, el decreto es un "misil contra la educación pública que favorece el negocio de la privada y concertada y genera alumnado de primera, segunda o tercera clase".

Una apuesta política

Actualmente, en Andalucía la tasa de plazas públicas en la enseñanza obligatoria es casi diez puntos superior a la media española: un 77 por ciento. El 23 por ciento restante es de plazas concertadas. Si estas aumentan, como es previsible al dar a los padres más facilidades, serán sufragadas con fondos públicos, tal como exige la ley.

La limitada ‘contrarreforma educativa’ no se acomoda a la letra pero sí al espíritu del acuerdo firmado por el PP con Vox en diciembre de 2018 para garantizarse la investidura de Juanma Moreno como presidente.

No habrá, como recoge el acuerdo con el partido ultra, supresión de los distritos o zonas educativas que constriñen la capacidad efectiva de elección de centro, pero sí se promociona de hecho la educación concertada, que siempre fue uno de los caballos de batalla del PP y la derecha mediática en Andalucía, con acusaciones recurrentes contra el PSOE por la supuesta “persecución” de estos centros, en su mayoría adscritos a la Iglesia.

La principal novedad, en efecto, es que en todas las zonas o distritos de escolarización se incluirá un centro concertado aunque se ubique fuera de la misma, de modo que las familias que vivan lejos tengan la misma puntuación que la que tienen ahora quienes viven en la zona. Eso, naturalmente, en el caso de que en la localidad de referencia existan centros concertados, pues en un 82 por ciento de municipios no hay ahora ningún centro concertado.

Las cuotas ¿voluntarias?

La ‘trampa’ de la concertada es, por lo demás, un secreto a voces: la inmensa mayoría de estos centros financiados con fondos públicos cobran a las familias cuotas teóricamente voluntarias, pero en la práctica obligatorias.

Así lo certificaba, por ejemplo, en diciembre pasado un estudio, presentado en la Asamblea de Madrid por la FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes, según el cual el 90 por ciento de los centros concertados de la Comunidad cobraban esas cuota que, de hecho, acaban dejando fuera a las familias con menos recursos económicos.  El mismo informe constataba que nada menos que en el 44% de los centros, "el impago de la cuota implica la exclusión del alumno" de las actividades escolares. 

Los centros concertados operan en la práctica con un modelo de copago ofreciendo, dice el estudio, "una estructura de precios que no permite a las familias decidir pagar o no aquellas cuotas que legalmente tengan carácter voluntario".

Otro estudio de la CONCAPA, este de 2018 y referido a toda España, apuntaba conclusiones similares: el 96,4 pr ciento de los centros concertados cobran "cuotas elevadas" a las familias a pesar de que la educación obligatoria –hasta los 16 años– es gratuita por ley y por la Constitución; de media se exigen 159 euros al mes, siendo Cataluña y Madrid las comunidades autónomas donde los pagos son más altos. En Andalucía, Galicia o Aragón la cuota media era de 100 euros.

Más libertad para las familias

El consejero Javier Imbroda ha explicado que “el decreto pretende avanzar en el derecho de las familias a elegir libremente el proyecto educativo que quieren para sus hijos”, si bien ha recordado que ya en la actualidad el 93 por ciento de las familias mandan a sus hijos al colegio elegido en primera instancia y el 97 por ciento de ellas a alguno de los centros incluidos en su lista de preferencias.

La novedad del “ajuste” –es el término que ha utilizado el consejero– llevado a cabo con este decreto es que ahora las familias sí tendrán opción de elegir el centro concertado que antes les estaba vedado.

El nuevo baremo de puntuación para lograr el centro deseado valorará, entre otros criterios como la renta familia o el patrimonio, que los niños hayan estado escolarizados en el ciclo de uno a tres años. Con ello, argumenta el consejero, “se favorece la escolarización temprana”.

La contraindicación de esta novedad del baremo es que el ciclo de cero a tres años en los centros concertados que lo tienen no está subvencionado con fondos públicos, sino que lo pagan íntegramente las familias: las que pueden permitírselo jugarán con ventaja sobre las menos afortunadas económicamente a la hora de garantizarse una plaza en la enseñanza obligatoria.

Otras novedades

El decreto también incluye medidas encaminadas a "avanzar en la transparencia" del proceso con el mantenimiento de las listas de espera hasta el inicio efectivo de las clases en la etapa educativa correspondiente, es decir, hasta septiembre. De esta forma, “nadie podrá acceder a una plaza por el procedimiento de escolarización extraordinario antes que quienes en el procedimiento ordinario estuvieran en lista de espera en función del baremo”.

En cuanto a los supuestos de prioridad en la admisión, se extiende al representante o los representantes legales del alumno que tengan su puesto de trabajo habitual en el centro donde soliciten la admisión; a los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen y desarrollan su carrera deportiva; a quienes sean familiares hasta segundo grado de consanguinidad de una persona víctima de terrorismo y también a los niños en acogimiento familiar.

En el criterio de renta per cápita anual de la unidad familiar se otorgan más puntos a las familias con menores ingresos y aumentan los tramos de renta que obtienen puntuación.