El Ayuntamiento de Sevilla (PP) ha prohibido la proyección del documental “Salud no responde”, impulsado por las Mareas Blancas, en dos barrios de la capital, Pino Montano y Bellavista, en plena precampaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. La decisión, adoptada por el área de Participación Ciudadana y respaldada por la Alcaldía, ha sido interpretada como un intento de censura política.
Las resoluciones municipales, emitidas este 16 de abril, anulan autorizaciones previamente concedidas para la celebración de estos actos, organizados por asociaciones vecinales. En el caso del Centro Cívico Bellavista, la actividad había sido solicitada por la Asociación de Vecinos La Unidad y contaba con el visto bueno inicial del propio Ayuntamiento.
Sin embargo, la intervención de la Junta Electoral de Zona de Sevilla, en un acuerdo fechado el 7 de abril, ha sido determinante para revertir esta autorización. Según este órgano, la proyección del documental vulnera el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), al considerar que su contenido supone una crítica a la gestión sanitaria de un adversario político y, por tanto, rompe el deber de neutralidad que deben mantener los poderes públicos durante el periodo electoral.
Denuncias de censura y ataque a derechos fundamentales
A partir de este dictamen, el Ayuntamiento ha procedido a denegar el uso de los espacios públicos, argumentando que la actividad no puede celebrarse en dependencias municipales bajo estas circunstancias. En la resolución firmada por el director general de Participación Ciudadana, se establece expresamente la anulación del acto previsto en Bellavista, una medida que se ha extendido también a la convocatoria en Pino Montano.
Esta decisión recuerda a la vivida hace una semana en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe cuando la Junta Electoral ordenó también la suspensión de la proyección de dicho documental tras un recurso presentado por el Partido Popular.
El documento presentado señala que la proyección del documental constituye una acción con contenido político en un contexto electoral, lo que justificaría su suspensión en espacios públicos gestionados por la administración. De este modo, el Consistorio se ampara en la normativa vigente para evitar posibles incumplimientos del principio de neutralidad institucional. No obstante, esta interpretación ha sido cuestionada por los organizadores, que consideran que se está aplicando de forma restrictiva una normativa pensada para instituciones públicas a movimientos sociales y asociaciones vecinales.
Desde las Mareas Blancas y los colectivos implicados han reaccionado con dureza ante la prohibición, calificándola de “maniobra impulsada por el PP” para impedir la difusión de un documental que denuncia el deterioro de la sanidad pública andaluza. A su juicio, el Ayuntamiento está asumiendo un papel “prohibitivo fuera de lugar”, ya que entienden que no le corresponde establecer ni interpretar la normativa electoral en estos términos. Además, consideran “improcedente” que se aplique esta regulación a entidades ciudadanas, alejadas del ámbito institucional o partidista.
Asimismo, los colectivos sostienen que el documental lleva meses proyectándose en distintos espacios sin incidencias y que su contenido responde a una labor de denuncia social, no a una campaña electoral. Por ello, interpretan la decisión como un intento de silenciar una crítica incómoda en un momento políticamente sensible. En este sentido, han ido más allá y han calificado la actuación como “un atentado contra las libertades de expresión y de reunión” recogidas en la Constitución.
Llamamiento a una respuesta política y jurídica
Los colectivos impulsores del documental han anunciado su intención de llevar el caso ante instancias superiores, como la Junta Electoral Central u otros organismos competentes, con el objetivo de denunciar lo que consideran una “estrategia global de censura y prohibición”.
A su juicio, el problema trasciende el caso concreto de Sevilla y refleja un patrón más amplio de restricciones a la participación social durante el periodo electoral. Por ello, reclaman una respuesta coordinada que garantice el respeto a los derechos fundamentales y evite interpretaciones restrictivas de la ley.