El Ayuntamiento de Málaga (PP) cederá la cárcel Cruz del Humilladero, antigua cárcel provincial de Málaga, a una empresa privada para la construcción de un centro educativo. Así lo adelantaba la propia concejala de Urbanismo, Carmen Casero, en un pleno celebrado a finales de octubre, a raíz de una moción presentada por el grupo Con Málaga, integrado por las fuerzas políticas de Izquierda Unida y Podemos, entre otras.

La antigua cárcel provincial de Málaga, situada en la capital, fue denominada como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía en 2014 por ser considerada uno de los centros de la represión de la dictadura, durante la guerra y posguerra. Su historia la sitúa como epicentro de la represión franquista, donde miles de personas fueron encarceladas, torturadas y ejecutadas. El edificio fue inaugurado en 1933 y se convirtió en un lugar clave de la represión en la provincia, especialmente durante la Guerra Civil.

La empresa cuya intención es transformar dicho edificio en un centro de FP privado es la Universidad Alfonso X El Sabio, tal y como explicó Casero en el pleno municipal, aunque según advirtió, esta cesión se hará por concurso público, por lo que se podrán presentar todas las empresas que quieran: "Cuantas más mejor", añadió la popular, "mi deseo es que haya mucha competencia".

Lo cierto es que esta propuesta del PP ha indignado a los grupos de la oposición, ya que desde 2012, la intención del equipo de Gobierno, también del PP, era convertir la antigua cárcel en un centro cultural y audiovisual, llamado Distrito 6, algo que ya ha quedado totalmente descartado. El portavoz del PSOE de Málaga en el Ayuntamiento, Dani Pérez, ha acusado en su cuenta de X al alcalde de la ciudad, Paco de la Torre, de mentir con este proyecto: "Mentira tras mentira para acabar privatizando los espacios públicos. Así gestiona Paco de la Torre. Desde 2012 lleva prometiendo recuperar la antigua cárcel de Cruz de Humilladero para su uso público, cultural y ciudadano. Ahora la privatiza y la vende al mejor postor".

El pasado abril, el grupo municipal Con Málaga presentó una moción en el pleno para la "protección y rehabilitación" como equipamiento público social y cultural y como centro de interpretación y documentación de la memoria del edificio de la antigua cárcel provincial de Cruz de Humilladero. “Le exigimos al PP que paralice el proyecto de privatización, que dé marcha atrás en su empeño en poner la antigua prisión en manos privadas, no se pueden privatizar los lugares de nuestra memoria democrática”, declaraba la concejala portavoz adjunta, Toni Morillas.

La portavoz adjunta de la coalición de izquierdas recordaba que “la antigua cárcel se emplaza en un enclave privilegiado de Cruz de Humilladero, un espacio que fue declarado en el año 2014 lugar de la memoria democrática de Andalucía. Un edificio que fue testigo de la represión franquista a miles de presos en nuestra provincia. No es posible que el PP pretenda, en lugar de rehabilitarlo y ponerlo a disposición de la barriada y de la recuperación de la memoria democrática, privatizarlo y entregarlo a una empresa para que instale un negocio de formación profesional”.

Universidad Alfonso X El Sabio

La Universidad Alfonso X El Sabio fue reconocida por el Gobierno andaluz en abril de 2024, en plena polémica por la aprobación de dos nuevas universidades privadas en Andalucía, la citada y la Universidad Europea de Andalucía. Estas dos nuevas universidades se sumaron a las otras dos de carácter privado que el Gobierno andaluz del PP ha reconocido también en esta legislatura: la CEU Fernando III y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed). Ambas aterrizaron en la comunidad después de haberse implantado en Madrid. Además, estas universidades se aprobaron por la vía de urgencia, algo que también provocó críticas de la oposición.

Desde 2019, la Universidad Alfonso X El Sabio pertenece al fondo de inversión CVC Partners, un fondo que actualmente se hizo propietario de parte de los derechos de La Liga de fútbol española. Además, en 2023 CVC fue sancionada por Hacienda con una multa que alcanzaba los 90 millones de euros y que el presidente del fondo rechazó firmar. El departamento de Hacienda que dirige la socialista María Jesús Montero también anunció que estaba pensando denunciar a CVC por la venta de Quirón, una de las empresas clínicas sanitarias más reconocidas. Hacienda consideraba que el fondo de inversión habría ocultado información para evitar el pago de impuestos, lo que podría conllevarle una posible deuda de hasta 270 millones de euros.