“No buscamos culpables, buscamos soluciones”. Los buenos propósitos que asegura tener el consejero de Hacienda Juan Bravo (PP) sobre las auditorías encargadas por la Junta se avienen mal con los pronunciamientos de sus socios parlamentarios de extrema derecha.
En su comparecencia de ayer en el Parlamento, Bravo, también responsable de Empleo y Pensiones de la Junta Directiva Nacional del PP, aseguró que las auditorías encargadas a consultoras privadas, cuyos resultados definitivos se conocerán dentro de unos meses, tienen como único objetivo que “las cosas dejen de hacerse mal” en la Junta de Andalucía.
En una línea muy distinta a la del consejero, en su turno de intervención la diputada de Vox Ángela Mulas aseguró haber constatado “una estafa de 4.000 millones de Susana Díaz, por ahora". Según la parlamentaria ultra, en sanidad y educación habría un ingente volumen de facturas sin contabilizar de la administración socialistas, lo que Mulas interpreta como “un desvío de 2.900 millones”.
Entre las consultoras que ganaron los distintos paquetes de auditoría licitados por la Junta figuran PwC, Accenture o Deloitte. Esta última fue procesada en la macrocausa por la salida a bolsa de Bankia, cuyas cuentas fueron maquilladas, de lo que derivó una presunta estafa a los inversiones.