La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado este viernes, por unanimidad, el decreto-ley del Consejo de Gobierno para la concesión de ayudas a las víctimas directas e indirectas del grave accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba). Sin embargo, los grupos parlamentarios del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía han coincidido en respaldar el texto por "responsabilidad institucional" y apoyo a los afectados, al tiempo que han lanzado duras críticas al Gobierno de Moreno Bonilla por los 'vacíos' del decreto, la "falta de previsión" y el "manoseo electoral" de la tragedia.
Pese a los votos favorables a la convalidación del decreto defendido por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública en funciones, José Antonio Nieto, PP y Vox han sumado sus votos para rechazar la propuesta de Adelante Andalucía, apoyada por PSOE-A y Por Andalucía, de tramitar el texto como proyecto de ley. Esta vía habría permitido a la oposición presentar enmiendas para corregir lo que consideran "errores de fondo" de la norma.
El decreto contempla indemnizaciones exentas de IRPF autonómico de entre 481 y 16.828 euros para lesiones físicas, y de 14.424 euros para las familias de los fallecidos, unas cantidades que desde las formaciones progresistas han calificado de "pequeñas" e "insuficientes".
El abandono de la salud mental y la "política de los cuidados"
Uno de los ejes centrales de la crítica conjunta ha sido la exclusión de las víctimas que han sufrido secuelas de carácter exclusivamente psicológico.
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha advertido que el decreto tiene un "mal planteamiento" al basarse de manera exclusiva en las categorías físicas del Seguro Obligatorio de Viajeros de 1989. "Quedan fuera todas las personas que tienen afectaciones de carácter psicológico. Alguien que haya desarrollado un trastorno de estrés postraumático, una fobia a viajar en tren o un menor con terrores nocturnos se queda sin reconocimiento de víctima", ha denunciado García, quien ha exigido evaluaciones individualizadas y una investigación "hasta el final y sin interferencias partidistas" sobre las causas y el dispositivo de emergencias.
En la misma línea, el portavoz del PSOE-A, Rafael Recio, ha recriminado al Gobierno autonómico su tardanza. "Moreno Bonilla llega tarde", ha asegurado, recordando que el Gobierno de España abrió su convocatoria de ayudas el pasado 3 de febrero, abonando y aprobando ya gran parte de las solicitudes. Recio ha acusado al presidente de la Junta de carecer de una verdadera "política de los cuidados": "Cuando se encienden las cámaras es el primero en aparecer, pero cuando se apagan, la empatía real desaparece". Asimismo, ha subrayado que esta tragedia visibiliza "la fragilidad y la inexistencia de un servicio público de salud mental fuerte en Andalucía" para atender los traumas y las "tragedias silenciosas" de miles de andaluces.
Colapso informático en el 112 y 061
Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha puesto el foco en la gestión del operativo de rescate y en la "negligencia" de la Administración. Nieto ha desvelado que, durante la emergencia del accidente en Adamuz, los trabajadores del 112 y el 061 sufrieron un grave fallo en el aplicativo informático que les dejó sin conexión, obligando a los sanitarios a gestionar los recursos "con un papel y un boli, y tirando de sus teléfonos particulares".
Nieto ha alertado de que, meses después, los sindicatos como CSIF siguen denunciando el bloqueo de comunicaciones en el 061, sin que la Junta haya implementado medidas para solucionarlo durante los meses de disolución de la Cámara. "Una parte importante de lo que le debemos a las víctimas es contarles lo pasado y garantizar que a futuro no nos veamos mal pertrechados por unos sistemas de emergencia que no soportan el volumen de llamadas", ha aseverado Nieto, reprochando al Gobierno andaluz haber hecho un "uso electoral" del decreto.
Finalmente, el decreto ha quedado aprobado como pago único para paliar los gastos de adaptación de viviendas, lucro cesante y desplazamientos al Tribunal de Instancia de Montoro, aunque las formaciones de izquierda han advertido que seguirán exigiendo el refuerzo integral de las emergencias y la salud mental pública en la comunidad.
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