La sanidad pública andaluza atraviesa uno de sus momentos más delicados en términos de percepción ciudadana. Según el último Barómetro Sanitario 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Andalucía registra la peor valoración de todo el país, con apenas un 38,8% de opiniones positivas sobre el funcionamiento del sistema.
Así, el dato contrasta de forma contundente con la media nacional, situada en el 51,6%, y marca una brecha de casi 28 puntos con comunidades como Cantabria, que lidera la clasificación con un 66,4% de valoración favorable.
Esta diferencia no solo refleja un malestar puntual, sino una percepción consolidada de deterioro. En un sistema descentralizado como el español, donde las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas, el informe evidencia que la opinión ciudadana está directamente vinculada a la gestión regional, en este caso a la del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP).
De este modo, las reacciones políticas no se han hecho esperar. La portavoz de Salud del PSOE-A en el Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, ha interpretado estos datos como un claro rechazo ciudadano al modelo sanitario actual: “Juanma Moreno, los andaluces rechazan tu modelo sanitario privatizador”.
Las esperas más largas del país
Uno de los factores que explica este suspenso generalizado es el tiempo de espera para acceder a la Atención Primaria. Andalucía se sitúa a la cola con una media de 11,16 días para conseguir cita con el médico de familia cuando no se obtiene en el mismo día o al siguiente.
De esta forma, se trata del peor dato de España, por encima de la media nacional (9,15 días) y muy lejos de comunidades como el País Vasco, donde la espera se reduce a menos de cinco días. La Atención Primaria, precisamente el servicio más utilizado por la ciudadanía, más del 80% de la población recurre a él, presenta además niveles de satisfacción inferiores a otras regiones. Aunque a nivel estatal el 80,4% de los usuarios valora positivamente la atención recibida, Andalucía se sitúa entre las comunidades con peores resultados.
Este retraso estructural no solo afecta a la calidad percibida, sino que tiene consecuencias directas en la detección precoz de enfermedades y en la sobrecarga del sistema hospitalario.
Pese a este contexto crítico, el informe deja un dato clave: la mayoría de la ciudadanía sigue confiando en la sanidad pública. A nivel nacional, el 73,9% de los ciudadanos prefiere la hospitalización en el sistema público frente al 23,9% que opta por la privada. Este respaldo se mantiene incluso en comunidades con peor valoración, como Andalucía, donde la ciudadanía diferencia entre el funcionamiento actual del sistema y su modelo ideal.
La sanidad pública continúa siendo percibida como el eje central del sistema, especialmente en los casos de mayor complejidad. La seguridad, los medios técnicos y la cobertura universal siguen siendo sus principales fortalezas. De hecho, este apoyo ha crecido en más de diez puntos desde 2015, lo que refuerza la idea de que, pese a las deficiencias, la población no cuestiona el modelo público, sino su gestión.
Un sistema tensionado: urgencias y salud mental
El Barómetro también pone el foco en otros ámbitos clave. En urgencias, casi la mitad de la población ha recurrido al sistema público en el último año, con una valoración positiva del 72,4%. Sin embargo, el acceso y la organización varían significativamente según el territorio.
En salud mental, uno de los ámbitos más sensibles, el 19,9% de la población ha necesitado atención en el último año. De ellos, algo más de la mitad fue atendida en el sistema público, que obtiene una valoración positiva del 56%. Estos datos reflejan una presión creciente sobre los servicios sanitarios, en un contexto donde la demanda aumenta y los recursos no siempre evolucionan al mismo ritmo.
El caso andaluz muestra una paradoja cada vez más evidente: una ciudadanía crítica con el funcionamiento de su sistema sanitario, pero firmemente comprometida con su carácter público. Las largas listas de espera, la percepción de saturación y las diferencias territoriales han erosionado la valoración del sistema, pero no han debilitado la preferencia por un modelo universal y accesible.
En este escenario, el debate no gira tanto en torno a público o privado, sino a cómo reforzar un sistema que, pese a sus fallos, sigue siendo considerado esencial por la mayoría de la población. Así, la fotografía que deja el CIS es clara: Andalucía no solo suspende en valoración, sino que se enfrenta al reto de recuperar la confianza de una ciudadanía que, por ahora, sigue apostando por lo público, pero exige respuestas ante un deterioro cada vez más visible.