El sindicato USTEA ha vuelto a hace un balance sobre la situación de la educación pública en Andalucía. Coincidiendo con el proceso de matriculación para el curso 2026-2027, la organización denuncia una nueva reducción de unidades escolares que, según sus datos, supondrá la eliminación de 410 aulas el próximo curso y que “pone en alerta” la continuidad de la educación pública en “muchas zonas de Andalucía”. Esta cifra se suma a las 2.758 clases suprimidas desde la llegada del Gobierno de Moreno Bonilla, lo que, a juicio del sindicato, evidencia una “estrategia sostenida de debilitamiento” del sistema público.
Así, USTEA ha advertido de que estos recortes no son aislados, sino que responden a una dinámica estructural que afecta tanto a primaria como a secundaria. Este año, además, el sindicato subraya un agravante: la reducción de unidades empieza a extenderse con más intensidad a la enseñanza secundaria, ampliando el impacto sobre el sistema educativo. Por lo tanto, han denunciado que “Se está limitando el acceso a una educación pública de calidad mientras se incrementa la carga de trabajo del profesorado”, considerando que estas decisiones comprometen el futuro de numerosos centros educativos en provincias como Sevilla, Cádiz o Córdoba.
Desequilibrio entre pública y concertada
Uno de los puntos más críticos señalados por USTEA es el trato desigual entre la red pública y la concertada. Según el sindicato, mientras se bloquean matrículas y se cierran líneas en colegios públicos, la administración mantiene e incluso amplía la oferta en centros concertados, pese a la caída de la natalidad.
El patrón se repite en diferentes provincias. En Cádiz, centros como el CEIP Gadir llevan años con matrículas bloqueadas, mientras que otros como el CEIP Campo del Sur registran demanda suficiente pero no reciben autorización para ampliar unidades. En secundaria, el IES Cortadura ha visto recortada su oferta pese a contar con alumnado suficiente. En cuanto a Sevilla, la desigualdad es aún más evidente. En zonas como Triana o Nervión, la oferta de plazas en la concertada duplica a la pública en etapas clave como infantil o secundaria. Una situación similar se da en Jaén o Almería, donde incluso se han trasladado unidades desde centros públicos a concertados.
Para USTEA, estos datos reflejan un modelo educativo que “deriva alumnado hacia la red concertada de forma artificial”, mediante el bloqueo de plazas en la pública y la sobreoferta en la privada sostenida con fondos públicos: “La baja natalidad se está utilizando como excusa para recortar en la pública, pero no para ajustar la concertada”, critican desde el sindicato, que considera que esta política responde a una “clara apuesta ideológica” por favorecer el sector privado.
Impacto en docentes y centros educativos
Las consecuencias de esta política no solo afectan al alumnado, sino también al profesorado. Así, USTEA advierte de un empeoramiento progresivo de las condiciones laborales, especialmente entre el personal interino, que ve reducidas sus oportunidades de acceder a plazas estables. El sindicato habla incluso de “colapso” en las bolsas de trabajo, debido a la falta de vacantes y a la reducción de unidades. A ello se suma la situación de los docentes desplazados, que se ven obligados a cambiar de centro como consecuencia del cierre de líneas, lo que genera inestabilidad y afecta a la continuidad de los proyectos educativos.
Además, USTEA ha alertado del riesgo real de desaparición de centros públicos en determinadas zonas, especialmente en barrios y municipios donde la oferta educativa se está reduciendo de forma progresiva. De esta forma, han advertido de que “Estas políticas ponen en jaque la existencia misma de muchos colegios públicos”, insistiendo en que la educación pública debería reforzarse en contextos de baja natalidad para mejorar la calidad educativa, reducir ratios y atender mejor la diversidad del alumnado.
Del mismo modo, el sindicato concluye con que Andalucía está viviendo un proceso de transformación del sistema educativo que favorece claramente a la red concertada en detrimento de la pública. La situación actual configura, según USTEA, un espacio en el que se limita el crecimiento de la educación pública y se empuja a las familias hacia otras opciones.
Frente a ello, la organización reclama un cambio de rumbo que garantice el fortalecimiento de la red pública, la estabilidad del profesorado y el derecho del alumnado a una educación accesible y de calidad. Para USTEA, la situación es clara: “No estamos ante ajustes puntuales, sino ante un modelo que cuestiona el papel de la educación pública en Andalucía”.