La concesión de una licencia para desarrollar 20 apartamentos turísticos en el barrio malagueño de Capuchinos a una sociedad vinculada al alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), incide aún más en el problema de la vivienda que padece Málaga.
Esta autorización urbanística afecta a una antigua corrala situada en una de las zonas que más ha experimentado la presión inmobiliaria y turística en los últimos años. La operación ha generado controversia no solo por sus dimensiones, sino también por el momento en que se produce: apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Málaga anunciara nuevas medidas para contener la expansión de los alojamientos turísticos.
Asimismo, la empresa promotora está participada por García Urbano, uno de los alcaldes más relevantes del PP andaluz y una de las figuras con mayor peso institucional dentro del municipalismo conservador. Según fuentes cercanas al regidor esteponero, la sociedad es propietaria del inmueble desde hace más de dos décadas y la licencia solicitada llevaba más de tres años tramitándose en el Ayuntamiento de Málaga.
La oposición denuncia “especulación”
Las reacciones políticas no han tardado en llegar. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, ha acusado al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, de utilizar Málaga “como un tablero de Monopoly” y ha exigido explicaciones sobre la concesión de la licencia.
Para el PSOE, el caso evidencia las contradicciones existentes entre el discurso institucional sobre la necesidad de contener la presión turística y determinadas decisiones urbanísticas que siguen favoreciendo este tipo de usos. Igualmente, Ruiz ha llegado a preguntarse públicamente si el alcalde de Estepona había recibido algún tipo de trato de favor y ha reclamado la paralización de nuevas licencias para apartamentos turísticos.
“El PP y sus cargos públicos no son parte de la solución, son parte del problema”, ha afirmado el dirigente socialista, quien ha vinculado directamente este proyecto con el encarecimiento de la vivienda que sufren miles de malagueños.
En una línea similar se ha expresado la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, que ha calificado la operación de “reprobable política y éticamente” en un contexto marcado por la emergencia habitacional y el incremento de los desahucios.
Además, la dirigente de izquierdas ha reclamado una moratoria de cinco años para los apartamentos turísticos y exigió que el Ayuntamiento haga públicos los intereses inmobiliarios que puedan tener cargos públicos o personas vinculadas a la administración local.
Turismo, vivienda y un debate cada vez más intenso
Málaga se ha convertido en uno de los principales símbolos de la crisis de vivienda en España debido al aumento continuado de los precios del alquiler, la escasez de oferta residencial y el crecimiento de los alojamientos turísticos.
Durante los últimos años, plataformas vecinales, sindicatos de inquilinos y organizaciones sociales han denunciado que numerosos barrios están perdiendo población residente a medida que las viviendas pasan al mercado turístico. Zonas como el Centro Histórico, La Merced, Lagunillas o Capuchinos han protagonizado buena parte de este debate.
La controversia también conecta con una discusión más amplia que atraviesa Andalucía. Mientras ayuntamientos gobernados por distintos partidos estudian restricciones a los pisos turísticos y sectores de la oposición reclaman medidas más contundentes, el presidente andaluz, Moreno Bonilla, ha rechazado en repetidas ocasiones implantar una tasa turística autonómica, una herramienta que sí defienden formaciones como el PSOE, Por Andalucía o Adelante Andalucía para financiar servicios públicos y mitigar el impacto del turismo masivo.
Por ahora, el entorno del alcalde de Estepona niega cualquier irregularidad y anuncia acciones judiciales contra quienes relacionen la concesión de la licencia con supuestos tratos de favor o prácticas especulativas.
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