El alcalde de Benamaurel (Granada), Juan Francisco Torregrosa Martínez, fue detenido el pasado 5 de marzo por un presunto delito de estafa. Según informaron diarios locales, el regidor de la localidad granadina fue a renovarse el DNI a una comisaría local, momento en el que los agentes detectaron que sobre él estaba activa una reclamación judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Elda (Alicante). Posteriormente, fue trasladado al Juzgado de Baza y, tras tomarle declaración, puesto en libertad.

Sobre Torregrosa se han vertido desde entonces una cantidad ingente de acusaciones. Sin embargo, asegura el alcalde, todo este embrollo se trata de un "uso irregular de sus datos y la suplantación de identidad".

Todo comenzaría hace dos años, en marzo de 2024, cuando el alcalde expresa que comenzó a recibir llamadas de personas de disintos grupos de España. Las llamadas tenían un nexo común, reclamaciones de ciudadanos que le aseguraban haber sido estafados por la empresa de Torregrosa. 

Pero lo que el alcalde denuncia es que una banda de estafadores se aprovecharon de una sociedad en la que el alcalde socialista figuraba como único administrazor y que había permanecido inactiva desde 2009. Al ver que esta sociedad no estaba disuelta y su denominación, 'Contenedor Subterráneo SL', los estafadores pusieron en marcha una página web de venta online de contenederos marítimos reciclados para otros usos.

Cuando Torregrosa se percató de dicha circunstancia, presentó una denuncia ante la Guardia Civil el 9 de mayo de 2024, un mes después de que comenzara a detectar una extraña actividad en las llamadas que recibía. En esa denuncia, el regidor granadino alertó a los agentes que personas desconocidas podrían estar utilizando el nombre de la empresa y su condición de administrador para cometer estafas, después de que varias víctimas contactaran con él creyendo que su sociedad andaba detrás de dichas acciones.

Esta denuncia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, Torregrosa ya denunció una supuesta suplantación de identidad por la que unos estafadores estarían utilizando su sociedad para realizar actividades ilegales. En la misma denuncia, el alcalde argumenta cómo tuvo conocimiento de los mismos hechos, relatados anteriormente.

En la reclamación judicial a Torregrosa se explicaba que "existen motivos bastantes para estimar criminalmente del delito de estafa al detenido", quedando posteriormente en libertad provisional, después de que el socialista asegurara presentarse como víctima en este caso, no como el presunto autor de los hechos.

De este modo, un día después de su detención, el pasado 6 de marzo, el abogado del regidor presentó ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elda una petición de sobreseimiento libre y archivo para el acusado, después de entender que es "evidente" que, en este caso, el alcalde es la víctima y no la persona que estaría detrás de los delitos denunciados. En la misma petición se rescata que es la propia Guardia Civil quien en su investigación localiza como presunta estafadora a una mujer, María Dolores Barril Rabinat.

Tras considerar que se siente “perjudicado” por el uso indebido de sus datos y del nombre de una empresa que llevaba años sin actividad, ha manifestado su confianza en que la investigación concluya cuanto antes.

Creo en la justicia y espero que pronto esclarezca estos hechos tan desagradables” ha asegurado para lamentar que  “a través de una sociedad a mi nombre, unos desalmados se hayan dedicado a estafar a un número indeterminado de personas por toda la geografía nacional. Por suerte, parece que pueden estar identificados y no siguen con su actividad. En todo caso, también está resultando un quebradero de cabeza y un goteo constante de denuncias que espero no afecten a mi honorabilidad como ciudadano”, ha expresado.