Durante este año, numerosas han sido las ocasiones en las que hemos escuchado cómo los dirigentes políticos se jactaban del proceso de recuperación económica, colgándose las inmerecidas medallas de la salida de la crisis. Desgraciadamente, el anunciado fin del proceso de restricción de la economía andaluza y española es, simplemente, mentira. Más allá de que podamos registrar una mínima mejoría en indicadores como el PIB, la Balanza Comercial o el IPC, ninguna de ellas es digna de ser festejada si no viene precedida por una cuantiosa mejora en los niveles de calidad de vida del conjunto de la ciudadanía.

Solo hay dos formas de mejorar dichos índices de calidad de vida: incrementando los derechos sociolaborales de la clase trabajadora o elevando el poder adquisitivo de la misma. Muy a nuestro pesar, en este año que ahora vamos a dar por finalizado no ha servido ni para una cosa ni para la otra.

Derechos como el de la vivienda siguen siendo una quimera, la salud y la educación pública acumulan recortes presupuestarios, las pensiones vuelven a estar “semicongeladas” y la pandémica aplicación a ultranza de las reformas laborales no sirve más que para criminalizar a los trabajadores, restringir derechos tan elementales como el de la huelga, dejar sin contenido a la negociación colectiva o propiciar el ilícito recurso a los despidos masivos, a la contratación temporal y a la precarización de nuestro mercado laboral.

Igualmente, los que han sido los máximos responsables de esta longeva crisis y que ahora alardean y presentan en los medios de comunicación sus magnificas cuentas de resultados y sus asombrosos balances contables han logrado, también, que los costes de la misma y los esfuerzos para su superación sean soportados, por completo, por los más indefensos: los trabajadores.

En 2016, en UGT no hemos cesado de pedir la necesidad de emprender un concienzudo proceso de mejora salarial, que ayude a afianzar aspectos tan relevantes en nuestro modelo económico como es el propio consumo interno. Mientras, los beneficiados de la crisis, han seguido insistiendo en la realización de horas más allá de las establecidas, que ni constan ni son remuneradas, se novan contratos y salarios a la baja, se eliminan unilateralmente derechos retributivos consolidados al tiempo que las indemnizaciones por los, ahora legales, despidos procedentes alcanzan niveles irrisorios.

Todo este esperpento económico denunciado por nuestro Sindicato y la total ausencia de un Plan de Choque contra el desempleo y de un ambicioso proyecto de modificación de nuestro modelo productivo, basado en una apuesta seria por la industrialización y la innovación, nos mantiene en una escenario laboral en el que los “afortunados” andaluces que mantienen su puesto de trabajo ni tan siquiera alcanzan los tres millones.

Vivimos una realidad en la que más de un millón de los nuestros no pueden trabajar, en la que seguimos encabezando el paro estatal con una tasa que supera el 28%; con más de la mitad de nuestros jóvenes que quieren trabajar engrosando las colas del paro y con un 40% de nuestros desempleados que, tras agotar todas las posibles prestaciones, ya no cuentan con ningún tipo de ingreso en su unidad familiar.

Por todo ello, desde UGT creemos que  desde los centros de decisión política, no se quiere poner fin a este sinfín de medidas económicas del todo ineficaces, que no han hecho más que propiciar el incremento de los niveles de pobreza y exclusión social que ahora caracteriza a nuestro territorio.

Es por ello que desde nuestro Sindicato apostamos por llevar a cabo un giro radical en la política socioeconómica y laboral, un drástico cambio de 180 grados para poner en el centro de la misma a los trabajadores de forma que, cada euro público invertido deje de servir a los intereses de los más poderosos para, de una vez por todas, ayudar a crear empleo de calidad y, de esta forma, recuperar aquel Estado Europeo del Bienestar del que presumíamos hace años y que ahora parece tan lejano.