El debate sobre el modelo turístico de las Illes Balears ha sido uno de los temas principales durante la presente legislatura y más que nunca, se ha constatado la necesidad de afrontar un cambio profundo del modelo turístico de las islas. No se trata de un debate marginal, de una reclamación limitada a determinados sectores concienciados socialmente o ecologistas, el cuestionamiento del modelo entre protestas por la saturación ha pasado a formar parte del centro de las preocupaciones principales de una parte creciente de la ciudadanía, entre otras cosas porque afecta directamente a la posibilidad misma de desarrollar proyectos de vida dignos en las islas.
Durante décadas, el debate se ha centrado en la depredación del territorio, en la destrucción del paisaje y en los excesos urbanísticos asociados al crecimiento turístico, especialmente visibles en los años ochenta y noventa. Aquel debate sigue vigente y las recientes leyes aprobadas por PP y Vox, que vuelven a facilitar procesos de urbanización, demuestran que para determinadas opciones políticas es plenamente actual, pero hoy el conflicto ha cambiado y el debate es más profundo. Ya no hablamos solo de suelo, sino de estructura social, de acceso a la vivienda, de coste de la vida y de expulsión silenciosa de residentes.
El problema para Balears no es ya que crezca el número de turistas, el problema es que el modelo se ha desbordado. Hay realidades que han cambiado sin que las medidas tomadas por los sucesivos gobiernos, en particular los progresistas entre 2015 y 2023, hayan logrado redirigir el modelo, y por supuesto la falta de medidas alternativas y valientes por parte de los actuales gobernantes de Balears, no hacen más que agravar la deriva. La presión turística ya no se explica únicamente por la capacidad hotelera, que hace tiempo alcanzó su techo, sino por la irrupción masiva del alquiler vacacional y de plataformas digitales que han convertido la vivienda en un activo turístico, legal o ilegal, con un control administrativo claramente insuficiente.
Esta presión no se percibe solo en las imágenes ya habituales de playas saturadas o centros urbanos colapsados. Se manifiesta en la vida diaria de los residentes: en los atascos que siguen siendo habituales en las principales vías de Mallorca, pese a los titulares triunfalistas del Consell que aseguraban haberlos controlado; en la sobrecarga de infraestructuras; en la tensión constante entre el modelo turístico y las necesidades básicas de quienes viven y trabajan en las islas todo el año.
La cuestión principal es hoy la vivienda, la dificultad de acceder a ella. El incremento del precio del alquiler y de la compra se ha convertido en el principal factor de exclusión social en las Illes Balears. Jóvenes, trabajadores del sector servicios, familias con ingresos medios y bajos ven cada vez más difícil permanecer en sus municipios o emanciparse. Es cierto que el encarecimiento de la vivienda es un fenómeno que se da en otros puntos de España y de Europa, pero en Balears adquiere una intensidad particular por el peso del turismo y por el uso turístico de buena parte del parque residencial. Cada vivienda que se destina al alquiler vacacional es una vivienda menos para el mercado residencial, y esa ecuación tiene consecuencias directas sobre la vida de miles de personas.
A ello se suma la llamada “luxificación” del modelo turístico. El discurso institucional insiste en la necesidad de apostar por la calidad, pero en la práctica esa calidad se traduce en una oferta orientada al lujo, con un efecto inflacionario generalizado. Suben los precios de los servicios, del comercio, de la restauración, del ocio, y el espacio económico se reconfigura en función del visitante, no del residente. Las ciudades y pueblos se transforman progresivamente en escenarios pensados para el consumo turístico, mientras quienes los habitan quedan relegados a un segundo plano.
El impacto medio ambiental del modelo de crecimiento turístico balear no ha variado, a pesar de las proclamas sobre sostenibilidad que han hecho los actuales responsables de la Comunidad Autónoma, siguen sin abordar los problemas de la presión humana, que supera en muchos casos la capacidad de regeneración del territorio, así la sostenibilidad se convierte en un eslogan vacío porque no va acompañada de decisiones concretas, ni se vislumbra ninguna intención de contener la presión urbanizadora sobre el territorio de las isla.
Frente a este panorama, conviene recordar que el Govern de les Illes Balears sí tiene competencias. Las tiene sobre la oferta turística, sobre la regulación del alquiler vacacional, sobre carreteras y movilidad, sobre medio ambiente y sobre vivienda. No estamos ante un problema impuesto desde fuera, ni ante una imposibilidad jurídica de actuar. Estamos ante una cuestión de voluntad política. Y la respuesta que se ha dado hasta ahora, especialmente visible en esta edición de FITUR que ahora termina, es el dolce far niente.
El llamado Pacto por la Sostenibilidad, anunciado como un gran marco de consenso y transformación, ha quedado reducido a una operación de imagen sin resultados tangibles. No ha conseguido que el Govern se comprometa a adoptar límites claros al crecimiento, ni un calendario de actuaciones, ni medidas de ningún tipo para enfrentar el cambio en el modelo turístico. Lejos de ser una herramienta de cambio, el Pacto se ha convertido en un símbolo de la incapacidad del Govern para afrontar los conflictos de fondo del modelo turístico balear.
FITUR 2026 ha funcionado como un escaparate perfecto de ese vacío político. El Govern ha acudido con titulares: desestacionalización, sostenibilidad, lucha genérica contra la oferta ilegal, turismo de calidad. Pero ha evitado cualquier compromiso concreto que respondiera a las demandas planteadas durante meses por plataformas ciudadanas, agentes sociales, sindicatos o movimientos vecinales. No se han anunciado límites reales al número de turistas, ni una reducción efectiva del alquiler vacacional, ni medidas contundentes para garantizar el acceso a la vivienda, ni mecanismos de control de la saturación.
Lo que se ha ofrecido es tan solo un relato. Un relato que, además, ni siquiera responde a las propuestas y debates que el propio Govern había alimentado en meses anteriores. Mientras tanto, el conflicto social se agrava, la presión sobre los residentes aumenta y la estructura socioeconómica de las Illes Balears continúa tensionándose.
FITUR 2026 no ha sido una oportunidad perdida. Ha sido algo peor: la confirmación de que, a día de hoy, el Govern de les Illes Balears no tiene una propuesta sólida para afrontar el cambio del modelo turístico. Ante un Govern que se conforma con confundir a la opinión pública con eslóganes vacíos, sólo se nos plantea una conclusión para aquellos que esperaban un cambio de rumbo en el modelo turístico balear, tal como aquella advertencia de Dante a las puertas del infierno: abandonad toda esperanza.
Cosme Bonet
Exsenador, Secretario de Organización y Acción Electoral