La declaración de Mariano Rajoy como testigo en el juicio a la primera época de la trama Gürtel el próximo 26 de julio ya está trayendo mucha cola. Tras la polémica por su citación inicial y después por si tendría que declarar o no de forma presencial, ahora se suma el trato preferente que se le está dando desde el órgano judicial.
Según fuentes jurídicas, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha mostrado su intención de recibir en persona al presidente del Gobierno a las puertas de los juzgados de San Fernando de Henares.
Esta idea ha causado ya malestar dentro de la Audiencia, señalando que de esta forma se pone una vez más en duda la separación de poderes, así como recordando que Rajoy está llamado como presidente del Partido Popular, y no como su cargo en el Ejecutivo español. El propio tribunal señaló en su escrito citándo de forma presencial al lider del PP que “don Mariano Rajoy no comparece como presidente del Gobierno sino como un ciudadano español”, citando el artículo 14 de la Constitución, el cual señala que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Además, añadieron que esta colaboración con la justicia era, y viene subrayado en el original, “un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y del Estado de derecho”.
De presidente a presidente
La intención de José Ramón Navarro de casi sacar la alfombra roja a Rajoy en su comparecencia ante el tribunal Gürtel se suma a las maneras de comunicarle su citación y que se conocieron hace unos días.
Según publicó La Información, la Audiencia Nacional dio otro trato preferente a Rajoy al ser nuevamente su propio presidente el que gestionó la citación, pese a que su intervención en estos asuntos no está prevista en la ley. Navarro justificó su actuación atendiendo a que se trataba de una comunicación “de institución a institución”.
Desde el tribunal que juzga a la trama corrupta reconoce que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no recoge cómo se debe proceder en el caso de citación de altas personalidades del Estado, así que fue el propio Navarro el que decidió, tanto en el caso de Rajoy como en el del presidente del Senado, Pio García-Escudero, que sería él en persona el que comunicase las citaciones.
