A pesar de que España ha recibido ya ocho reprimendas de organismos internacionales como el Consejo de Europa por no investigar denuncias de tortura, el Consejo General del Poder Judicial ha denegado incluir en programación de Formación para jueces un curso que versa precisamente sobre ese tema, malos tratos y torturas. El Secretariado de Jueces para la Democracia ha presentado una queja ante los vocales del CGPJ que se ocupan del área docente. La negativa ante la situación de varapalo que de continuo sufre el Gobierno de Rajoy es cuanto menos sorprendente.
Fue esta asociación judicial progresista la que propuso el curso que se denomina Derechos Humanos en situación de vulnerabilidad. Sin duda hace falta pues desde el año 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en ocho ocasiones por no investigar de forma exhaustiva las denuncias por esta causa. Frente a las reprimendas, el Gobierno español ha continuado haciendo oídos sordos. Del mismo modo que ahora el CGPJ parece no estar interesado en que los jueces sepan del tema.
Se investigan poco las torturas
Más aún, incluso el propio Tribunal Supremo ha tenido que sentenciar en fechas recientes a favor de personas que habían denunciado torturas, fallando en contra de autos de archivo de la Audiencia Nacional que incluían, hay que decirlo, algún voto particular contrario al archivo, por considerar que tal investigación no se había realizado satisfactoriamente. Es también el caso del Tribunal Constitucional que del mismo modo ha dado amparo a un denunciante de torturas.
“Hay algunos jueces en la Audiencia que han seguido el protocolo que implantó Baltasar Garzón que en Europa denominaron Protocolo Garzón y que ha servido para controlar que no se produzcan estos casos o inducir a que se investiguen, pero existen otros magistrados que no lo aplican o no se han preocupado nunca de indagar”, explicaron a ELPLURAL.COM fuentes jurídicas.
Siguiendo el Protocolo de Estambul
Ante una situación tan evidente, Jueces para la Democracia propuso este curso en el ciclo de formación correspondiente al año 2017 que imparte el CGPJ para jueces y magistrados. “Tal curso, su dirección, organización y objetivos, vino propuesto en tiempo y forma por la asociación suscribiente”, afirma JpD.
“La justificación del mismo se encontraba y se encuentra en el acuerdo adoptado por unanimidad en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en fecha de 22 de julio del 2015. En él se acordaba la difusión a las personas integrantes de la carrera judicial de las directrices y estándares establecidos en el Protocolo de Estambul para la adecuada y eficaz investigación y documentación de los malos tratos y torturas, singularmente de las personas privadas de libertad y contribuir a su prevención”, continúan.
Este acuerdo tiene como origen el “Estudio sobre los partes de lesiones de las personas privadas de libertad” a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que es un organismo integrado en el Defensor del Pueblo por decisión de las Cortes Generales de España.
Formar jueces contra la tortura, necesario
Añade la asociación judicial: “Entendemos que la divulgación entre los miembros de la carrera judicial del contenido del mencionado estudio es plenamente oportuna y conveniente para completar las limitaciones e insuficiencias de la normativa interna, en torno a una materia de indudable relevancia en nuestro estado de derecho y particularmente necesaria en nuestro país”.
Refieren que esta necesidad es evidente “ante las resoluciones adoptadas por nuestro Tribunal Constitucional como por los Tribunales Internacionales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alertando de la insuficiencia de la investigación en el ámbito criminal de las denuncias por torturas y malos tratos formuladas durante la detención, encarcelamiento y /o incomunicación de personas privadas de libertad”.
La sorpresa fue la denegación de CGPJ de que los jueces pudieran acceder a este curso de formación. Consideran que esta negativa “carece además de la más mínima motivación” JpD ha presentado una queja ante el órgano de gobierno de los jueces y quiere además manifestar su más enérgico desacuerdo. Exigen, además “que se expresen las razones por las que se ha incumplido este acuerdo adoptado por el CGPJ relativo a la transmisión a la carrera judicial de las pautas y criterios contenidos en el Estudio”.
