Las tormentosas sesiones parlamentarias vividas en el Parlament de Cataluña han permitido a la mayoría independentista aprobar la ley del Referéndum y la de Transitoriedad y conseguir la preceptiva suspensión del Tribunal Constitucional al admitir a trámite el recurso del gobierno. Este era el dato previsto para asegurarse una buena Diada, en términos de movilización. Lo que no entraba en el cálculo de JxS y la CUP era la rebelión explícita y pública del Secretario General del Parlament, Xavier Muro, el Letrado Mayor de la cámara, Antoni Bayona, y la del pleno del Consell de Garantíes Estatutàries en defensa del Estatuto de Autonomía y la Constitución. La pésima gestión del encontronazo sobre formalidades democráticas parlamentarias por parte de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de la portavoz de JxS, la republicana Marta Rovira -muy por debajo ambas del nivel jurídico-parlamentario de los portavoces de la oposición y muy atenazadas por las prisas-, facilitó a éstos escenificar la concertación de la mayoría y la presidenta para violentar los derechos de los diputados de la minoría.
Esta batalla por la formalidad democrática ha cuajado en la opinión pública, gracias al esperpéntico espectáculo ofrecido en directo por todas las televisiones, hasta el punto de la aparición de una nuevo mantra, impensable hace tan solo una semana: ”hay que salvar la democracia en Cataluña”. La consolidación de esta idea, explotada a fondo y hasta el exceso por la vicepresidenta Sáez de Santamaria y por todos los partidos de la oposición (Ciudadanos, PSC, Catalunya si que es Pot y PP), supondría un golpe a la aspiración más ambiciosa del movimiento independentista, un eslogan que hasta ahora ha defendido a placer: “la democracia somos nosotros”.
El error táctico ha facilitado la entrega de la bandera de la democracia a los anti-independentistas, causando cierto malestar y desconcierto en algunos sectores del independentismo. La oposición, sabiendo de la incomodidad de algunos diputados y consejeros sobre el plan de acción de JxS en la última semana (una concesión evidente a la CUP), intentó abrir brecha por este flanco, con especial énfasis por parte de Joan Coscubiela, portavoz de CSQP (muy discutido por Podemos). “¿A qué grado de irracionalidad han llegado?”, le espetó Coscubiela al presidente Puigdemont, alegando que ningún objetivo político podía alcanzarse a base de vulnerar derechos. Unos minutos antes, el portavoz del PSC, Ferran Pedret, había advertido: “pisoteando el Estatut se restan legitimidad”. Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, se está pensando presentar una moción de censura (sin ningún futuro) para acabar con “el atropello” que a su juicio supone que “las normas de la CUP” vayan a regir en el Parlament. La CUP sonreía, dejando el problema en manos de JxS. Su portavoz y la presidenta de la cámara se limitaron, durante horas, a glosar la legitimidad de lo que decide el pleno de la cámara.
En el frente legal, el panorama parece responder al guion, aunque algo por debajo de las expectativas necesarias para agrandar el sentimiento de indignación independentista y prolongar la movilización popular más allá de la festividad de la Diada. El gobierno central utiliza un discurso de palabras muy graves pero actúa con pasos muy prudentes. La gran novedad en este apartado es que, a diferencia del 9-N, cuando la Fiscalía actuó dos semanas después de la celebración del proceso participativo, ahora el ministerio fiscal ya se ha puesto en marcha, a partir del incidente de ejecución de sentencia solicitado por el gobierno al TC y el anuncio de una querella contra la presidenta del Parlament por no haber impedido la aprobación de la ley del referéndum y todo el gobierno Puigdemont por la firma del decreto de convocatoria del 1-O. Una querella aceptada con celeridad singular por el TSJC.
La renuncia por el momento del gobierno a solicitar al TC la suspensión temporal de los cargos ni la imposición de multas coercitivas a los señalados, suaviza algo la reacción, o al menos permite entrever que el gobierno Rajoy no está dispuesto a pulsar el botón nuclear. Tal vez solo de momento, mientras comprueba los efectos de las advertencias jurídicas enviadas a los ayuntamientos y a sus secretarios. El Ayuntamiento de Barcelona ya ha expresado su intención de no dejarse arrastrar a la desobediencia, a la espera de una explicación del gobierno de la Generalitat sobre cómo piensa organizar el referéndum sin implicar a los funcionarios, un anuncio que junto a la negativa de L’Hospitalet, Santa Coloma, Lleida y Tarragona rebaja la euforia independentista por el apoyo mayoritario recibido del resto de consistorios catalanes.
Juego de gatos y ratones
La otra línea de actuación, la estrictamente policial, en busca de papeletas y urnas por toda Cataluña, amenaza de convertirse en un conjunto de acciones fallidas o poco relevantes. Un juego de gatos y ratones que transmitido en directo por las televisiones puede ofrecer secuencias espectaculares. Otra cosa más sería y seguida con lupa, será la colaboración de los Mossos con la Fiscalía para detectar e impedir los suministros imprescindibles para la jornada electoral. Muy probablemente una hipótesis perfectamente estudiada por la dirección de la policía catalana.
El primer round ha finalizado. El segundo, se celebrará el próximo lunes, durante la Diada, con la policía rastreando imprentas, el presidente de la Generalitat y su gobierno y la presidenta del Parlament y parte de la Mesa investigados por prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos y la calle llena de manifestantes entusiastas convencidos de que las medidas policiales difícilmente van a impedir una votación popular el 1-0. Tal vez no vaya a ser el referéndum soñado por ellos, pero votarán. Ningún dirigente independentista lo duda. El tercer round es más difícil de describir porque está en función de la valoración que vayan a hacer las partes de los dos primeros.
