La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha realizado un informe, con fecha de 10 de mayo, en el que, a lo largo de 356 páginas, analiza la contratación del Ayuntamiento de Valencia en 2014, durante el gobierno de Rita Barberá, de la trama Púnica. En concreto, el pago de 12.000 euros a Alejandro de Pedro para que, con su empresa Madiva, crease el periódico Ahora Valencia para la difusión de noticias favorables al Consistorio.
En su informe, la UCO explica cómo se destinaron fondos públicos “bajo el concepto de inserción de banners publicitarios”, es decir, con el supuesto propósito de suministrar “publicidad institucional del Ayuntamiento” cuando en realidad “los servicios que prestaba Alejandro de Pedro excedía de este propósito y estaba orientado al posicionamiento online de noticias favorables al equipo municipal y en concreto a favor de determinados miembros de la Corporación”.
La Guardia Civil, en dicho informe, atribuye a De Pedro los “supuestos delitos de fraude, falsedad documental y malversación”. Y los delitos de “fraude y malversación” a Alberto Mendoza, concejal de Transportes de Rita Barberá; a Julio Valero, asesor nombrado a dedo en la Concejalía de Relaciones con los Medios de Comunicación; y a Miquel Domínguez, segundo teniente de alcalde de Valencia con Rita Barberá y delegado del Área de Seguridad Ciudadano y concejal de Relaciones con los Medios de Comunicación.
El contrato con el Ayuntamiento de Valencia se concretó en mayo de 2014, aunque De Pedro mantenía contactos con el Consistorio desde 2012, cuando empezó a ofrecer servicios para “mejorar el posicionamiento online de los sitios web vinculados con la exalcaldesa Rita Barberá” y seguir “la información vinculada con la exalcaldesa, susceptible de denuncia” para neutralizarlas. Aunque la Guardia Civil no tiene todavía constancia de que se le contratara en aquella época.
En el inicio de 2014, según los mensajes de Whatsapp recogidos en el informe, De Pedro se reúne con Valero a petición de Mendoza y cierra la propuesta de cobrar al Ayuntamiento 17.600 euros más IVA al año en banners de publicidad, que sería “el coste de una persona”. Aquí la Guardia Civil duda de si hablan de la contratación de un periodista para crear noticias favorables al Ayuntamiento o si sería el coste camuflado de la reputación de una persona.
Consulta toda la información sobre el caso Púnica
De hecho, sobre esta última teoría, la Guardia Civil añade dos observaciones. La primera, un mensaje del director de contenidos de Madiva, César Marín, a De Pedro en el que le avisa de que no le diga al periodista contratado en Ahora Valencia que están trabajando para Barberá: “Alex cuando hables con Roberto ten en cuenta k el no sabe k Rita es cliente”. La segunda, es la agenda intervenida a “una de las trabajadoras de Alejandro de Pedro” que mostraba “como dato de interés, anotaciones referidas a la persona de Rita Barberá en aquellos momentos alcaldesa de Valencia, en relación a ‘informes de comunicación positiva’”.
Por otra parte, en uno de los informes, el de abril-mayo, que el periodista encargado de Ahora Valencia tenía que redactar para el cliente, el Ayuntamiento de Valencia, hace una propuesta: “En vista de la aparente imposibilidad de poder ir al pleno del Ayuntamiento, he decidido que 1 de las 2 noticias que hago a la semana del Ayuntamiento de Valencia incluya, por norma, una fotografía de Rita Barberá y declaraciones que haya hecho ella ya sea en un acto o inauguración o rueda de prensa”.
El 21 de febrero de 2014, De Pedro envía un correo a varios de sus trabajadores, con el asunto “nuevo proyecto” en el que presume de que “he conseguido que el Ayto de Valencia nos pague un recurso”, lo que, según la UCO, “revelaría que la propuesta anterior de Alejandro de Pedro ha tenido aceptación en el Ayuntamiento”.
Unos días después, Valero y De Pedro mantienen otra conversación en Whatsapp en la que el primero le exige “ajustar la propuesta a 12.000 euros y me la vuelves a enviar”. La anterior cantidad, al sumarle el IVA, superaba el límite de 18.000 euros que establece la ley para conceder la adjudicación de manera secreta y sin abrirlo a otras ofertas.
No obstante, el 30 de octubre de 2014, el Ayuntamiento emite un decreto para suspender la ejecución del contrato y que se deje de pagar a la Púnica. Esto ocurre tres días de que se destape la trama, “tras las actuaciones policiales y judiciales de 27/10”. Finalmente, el 25 de marzo de 2015, se emite otra moción para pagar los 7.468,12 euros pendientes, con la firma de Miquel Domínguez, después de que la empresa de De Pedro acudiese a los tribunales.
Las conversaciones de De Pedro con los miembros del Ayuntamiento también demuestran que “la condición real de los servicios prestados (…) se aleja de lo que formalmente ha sido contratado por el Ayuntamiento”, es decir, mera publicidad. Incluso, recibían peticiones para manipular encuestas digitales y recogidas de firmas en Change.org, pero esa es otra historia.
