El fiscal del caso de la venta de 2.935 viviendas sociales del IVIMA a un fondo buitre ha pedido que se prorrogue la instrucción del procedimiento judicial durante otros 18 meses, ya que el plazo fijado está próximo a expirar y aún el juez no ha recibido el informe que pidió a la Agencia Tributaria de Madrid, que dirige Raquel Catalá Polo, hermana del ministro de Justicia.
El escrito del fiscal
Según el escrito enviado por el fiscal al Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el proceso judicial puede dilatarse "exepcionalmente, como consecuencia de las especiales características de los hechos punibles objeto de investigación, participación de presuntos responsables, examen de documentación y volumen de las Diligencias", en una causa que -subraya el fiscal- ha sido "declarada compleja".
Escrito remitido por el fiscal a la jueza
Temor al carpetazo
El fiscal recuerda que el plazo "de 18 meses" concedido a esta instrucción "está próximo a expirar". En enero pasado, el abogado de los afectados denunció que “la Administración está retrasando los procedimientos” y “obstruyendo la práctica de las pruebas” y mostró su temor de que se intente dar carpetazo a esta causa, que investiga la venta de 32 promociones de viviendas sociales al fondo Azora-Goldman Sachs, en 2013.
En declaraciones a ELPLURAL.COM, Miguel Muga, uno de los encargados de la defensa de la Asociación de Afectados por esta macrooperación inmobiliaria, explicó que trabajan con “la amenaza de que el juez archive el caso” y recordó que en julio vencen los 18 meses de la primera prórroga solicitada por el fiscal de esta causa, instruida en 2014.
Tras la solicitud de prórroga del fiscal, ELPLURAL.COM ha vuelto a consultar al abogado de los afectados, que ha recalcado que es crucial el informe del perito, "lo más importante, aunque hemos pedido más documentación que no se nos ha entregado".
El primer perito, vinculado con el fondo buitre
Como contó ELPLURAL.COM, en noviembre pasado, Raquel Catalá se vio obligada a nombrar un nuevo perito, después de que la jueza rechazara al inspector designado anteriormente, tras la exclusiva de este diario, que desveló los vinculos empresariales del perito con el fondo de inversión Goldman Sachs, adjudicataria final de los pisos.
La hermana del ministro respondía a la solicitud de la jueza, Concepción Jerez García, con un escrito en el que anunciaba el nombramiento del segundo perito, al que se refería como "un funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado identificable por el numa 46524", pero ocultando, esta vez, su nombre.
El juez pidió dos veces peritos a la ONIF
Este caso se ha dilatado en el tiempo desde que fue instruido en 2014. El anterior instructor de la causa había cursado una solicitud a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF) para que nombrara dos peritos. El juez lo pidió en una primera providencia, con fecha de 26 de enero de 2016, basándose en las razones del fiscal. Como no obtuvo respuesta, volvió a solicitarlo el 22 de septiembre de ese año. El 3 de noviembre llegó la contestación, pero de la Delegación de la Agencia en Madrid con la propuesta del inspector vinculado al fondo buitre.
Fuentes jurídicas consultadas por ELPLURAL.COM señalaron que era "llamativo" que la ONIF, como solicitaba el juez, no respondiera y, en su lugar, lo hiciera la Agencia que dirige la hermana del ministro. En su respuesta al juez, Raquel Catalá Polo justificó que la ONIF no nombrara a inspectores para este caso por la "limitación de medios humanos" y "la creciente demanda de solicitudes de valoración de las diferentes Dependencias".
Dos investigados
En el caso de la venta de las viviendas del IVIMA se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Actualmente, están investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) el que fuera director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen-Rodríguez, que tuvo que dimitir como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento tras ser reclamado por el juez, y su sustituta al frente del IVIMA, Ana Gomendio.
