La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid con la presunta financiación ilegal del PP por un contrato adjudicado al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. En concreto, el servicio de cafetería del parlamento regional. En su informe, la UCO pide al juez Eloy Velasco, instructor de la Púnica, que investigue los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho por esta adjudicación tras la cual, el empresario habría hecho una donación al PP de Madrid.
Fernández, también expresidente de la patronal madrileña y muy vinculado al PP de Madrid, ganó el concurso en 2009, 2011 y 2013. Cifuentes presidió la Mesa de Contratación en esas licitaciones. La Guardia Civil cree que los concursos de los años 2009 y 2011 pudieron estar amañados. El informe señala que "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".
En el informe, los agentes recuerdan, en relación a estos hechos, las donaciones hechas por Fernández a la Fundación Fundescam, que habrían servidos para financiar ilegalmente al PP madrileño.
Dimisión de obligado cumplimiento
Si finalmente es imputada, Cifuentes tendría que dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, en cumplimiento de su código ético. El pasado 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, Cifuentes proclamó que "el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin", apenas una semana después de la dimisión de Esperanza Aguirre, que dejó su puesto de portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid tras el ingreso en prisión del que fuera su mano derecha y presidente del Gobierno regional. Cifuentes dijo entonces estar avergonzada por los casos de corrupción que afectan a su partido.
La presidenta madrileña se ha erigido ante la opinión pública y como parte de su programa de Gobierno, como el azote de los corruptos. El pasado mes de octubre aprobó un código ético que obliga a los altos cargos a dimitir si son formalmente investigados por un presunto delito de corrupción.
