El juez de la Audiencia Nacional pide que se investigue a Pedro Antonio Sánchez por sus relaciones con la Púnica. Le atribuye los presuntos delitos de cohecho y fraude.
Los problemas se le acumulan al presidente murciano. Esta misma mañana, le han preguntado a la salida de la reunión del comité de Dirección del PP de la región murciana sobre la moción de censura presentada por el PSOE y ha dicho estar muy "tranquilo". "Tengo la tranquilidad de una conciencia limpia", ha subrayado.
Sin embargo, la Guardia Civil le ha señalado en el sumario de la Púnica. ELPLURAL.COM tuvo acceso a la Pieza Separada 3 de Púnica, centrada en la investigación de las operaciones de la supuesta trama en la Región de Murcia y sus negocios con destacados dirigentes del Partido Popular. La documentación incluye numerosos pinchazos telefónicos a los cabecillas de la trama y a los entornos de los dirigentes. Todo este material ha sido puesto en orden en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que acusan a Pedro Antonio Sánchez y su jefe de gabinete, David Conesa, de “supuestos delitos de fraude en la contratación pública” por adjudicar a la trama y con dinero público trabajos de reputación a favor del ahora presidente de Murcia.
Argumentos de Velasco
En su exposición razonada, de 32 páginas, Eloy Velasco detalla todos los indicios de la presunta concertación del aforado Pedro Antonio Sánchez con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para “limpiar” con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de su campaña para las elecciones a la Presidencia de la Región de Murcia, “lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares”.
Velasco explica que en la fecha de los hechos, junio de 2014, Pedro Antonio Sánchez era el consejero de Educación y se concertó con De Pedro para limpiar la “inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad” dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública, todo ello con el objetivo de presentarse a presidir el Gobierno Autonómico, “como finalmente consiguió”.
Según el juez, “no lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su Gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente”, sino que lo empezó a conseguir a través de los trabajos de empleados de las empresas de De Pedro: EICO/Madiva. Dichos trabajos, continúa el juez, se empezaron a realizar como adelanto de una futura adjudicación “hinchada” en contratos públicos de formación que aquel adjudicaría a empresas vinculadas a De Pedro y a su socio, José Antonio Alonso Conesa.
Los trabajos reputacionales se concretaron en un coste de 4.600 euros al mes, que incluían los honorarios de un periodista para un diario digital, así como la creación de un portal que daría cobertura a los trabajos de reputación de carácter personal, y que durarían 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, justo el periodo previo a la campaña electoral de ese año.
Las cantidades estipuladas no se llegaron a cobrar, explica Eloy Velasco, ni la “formación” se llegó a adjudicar al explotar la operación policial de esta causa judicial, a finales de octubre de 2014, que lo abortó.
En su exposición razonada, el juez va detallando todos los indicios hallados a lo largo de la investigación contra Pedro Antonio Sánchez, entre ellos los correos electrónicos, las llamadas telefónicas o los intercambios de whatsapp. También diversos informes sobre los trabajos de reputación online, así como la agenda de una empleada en la que fijaba la fecha de 3 de noviembre de 2014, lunes, como la de inicio de dichas trabajos.
