El Gobierno ha aprobado este viernes el Real Decreto Ley de reforma de la estiba, a cuya liberalización obliga a España una sentencia europea, y que tiene que ser convalidado en un plazo máximo de un mes por el Congreso.
El documento elaborado por el Ministerio de Fomento cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea (CE) y el consenso de las empresas estibadores, pero el rechazo frontal de los sindicatos, calificándola de “autoritaria y abusiva”, que han convocado una huelga de nueve jornadas alternas en marzo, coincidiendo con el período del trámite parlamentario de la nueva ley.
Portazo del Gobierno
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) ha cargado duramente contra la posición tomada por el Gobierno, calificando la nueva norma de “autoritaria y abusiva” y que “logrará la desestabilización de una de las industrias más prósperas de este país”.
En una nota de prensa, CETM echa en cara al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que, “a pesar de los múltiples ofrecimientos de diálogo y consenso hechos por los estibadores, de las peticiones de apertura de una mesa de negociación, el ministro de Fomento ha preferido seguir adelante con un plan que solo busca el bienestar de la patronal. Tan evidente es esta falta de ecuanimidad que esta tarde ha citado a los empresarios, y no a los trabajadores, ya con el decreto aprobado, a una reunión en el Ministerio”.
Rechazamos un Decreto autoritario y abusivo https://t.co/0rEvffFmFL
— Coordinadora - CETM (@SoyCoordinadora) 24 de febrero de 2017
Los representantes de los estibadores, ante el portazo del Gobierno, hacen un llamamiento al Congreso “para que esta iniciativa, que esconde un expediente de regulación de empleo para 6.150 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva, no se apruebe”.
Decreto “a las bravas”
Por su parte, desde UGT también han reaccionado al Real Decreto del Gobierno, asegurando que con él han provocado una crisis innecesaria en el sector de la estiba al aprobarlo “a las bravas y sin consenso”, advirtiendo además de que aumentan las posibilidades de huelga.
El sindicato culpa al Ministerio de Fomento de poner en marcha una “desregulación salvaje” que “acarreará altos índices de precariedad e inseguridad, y cuyos máximos beneficiarios serán las empresas multiservicio y de trabajo temporal”.
De cara a su posterior tramitación parlamentaria, UGT también ha pedido a los grupos políticos que “piensen en el bien común” y “enmienden los puntos más controvertidos de este real decreto”.
Posición del Gobierno
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo, que la huelga “no ayuda nada” al proceso de diálogo que, asegura, está abierto en estos momentos entre sindicatos y patronal.
El ministro hecho un llamamiento a que “intensifique” su negociación colectiva, donde se pueden acordar cuestiones como la subrogación de los trabajadores, la experiencia y las prácticas, propias de los convenios colectivos y que no podían ser incorporadas al decreto porque lo prohíbe la CE.
Ante el temor a posibles desabastecimientos por la huelga, Fomento ha comunicado que tiene preparado un plan de contingencia que consiste en unos servicios mínimos del cien por cien para las operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, a pasajeros, a situaciones de emergencia y a productos esenciales para las islas, Ceuta y Melilla, además de otras medidas para evitar colapsos en las autovías que conectan con los puertos.
