Los ex convergentes prefieren no tensar más la cuerda con el Estado y se resisten a aprobar antes del referéndum la ley de desconexión, también denominada de transitoriedad jurídica.

El mes de setiembre queda lejos y el ánimo de los diputados de JxS no pasa por su mejor momento. Hasta la fecha, ni siquiera han sido convocados por el gobierno para explicarles los preparativos del referéndum anunciado, especialmente las medidas organizativas destinadas a garantizar la homologación democrática del mismo y los mecanismos previstos para asegurar la vinculación jurídica del resultado. Peor todavía, el futuro de la ley de desconexión, el gran instrumento para justificar una legalidad paralela que ofrezca credibilidad al cumplimiento del supuesto mandato favorable a la independencia, está en entredicho.

Hasta la fecha, la teoría de los planes del gobierno Puigdemont era la siguiente: hace falta una legislación marco para convocar el referéndum desde nuestra propia legalidad y para asegurar una cobertura jurídica a la declaración unilateral de independencia y la primera etapa de consolidación de la república catalana, a la espera de disponer de una constitución.

Resultaba evidente que la existencia de dicha ley de desconexión era la garantía de la utilidad del referéndum, porque tendría consecuencias. Sin perspectivas de la proclamación de la república, el interés para participar en la convocatoria disminuiría notablemente y lo que más dolería a los independentistas: daría la razón a los seguidores de Ada Colau. El partido de la alcaldesa de Barcelona, Catalunya en Comú, viene diciendo que el 1 de octubre no será otra cosa que la repetición del 9-N, una demostración de fuerza del independentismo y poca cosa más.

Hace algunas semanas, trascendieron las primeras especulaciones sobre la posibilidad de aprobar una ley específica para el referéndum, separándola de la ley de transitoriedad jurídica. Finalmente, se ha revelado la auténtica razón del cambio de rumbo: los diputados de la vieja Convergència preferirían aprobar únicamente la convocatoria del referéndum, dejando para más adelante la ley madre de la nueva legalidad, en la que se proclamaría la soberanía del Parlament, rechazando la Constitución española en todo aquello que conviniera y manteniendo vigentes algunas leyes españolas hasta disponer de una legislación completa y propia del nuevo estado.

Las razones aducidas por los diputados del Pdecat, de momento únicamente defendidas en los círculos parlamentarios, son altamente pragmáticas: no conviene provocar más de la cuenta al Estado y mucho menos caer en supuestos de sedición como podría suceder en el caso de la aprobación por el Parlament de la ley de desconexión. Una cosa es la desobediencia y sus previstas inhabilitaciones políticas y otra muy diferente es pensar en supuestos de alto riesgo penal.

Las dudas han tomado cuerpo a las pocas horas de conocerse la admisión a trámite de la querella contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la publicación del concurso de proveedores para la adquisición de urnas. Sin embargo, las sospechas de falta de entusiasmo por parte del Pdecat ante la desobediencia inevitable de seguirse el plan previsto es ya un clásico de las diferencias entre independentistas.   

Este tipo de prevenciones jurídicas por parte del independentismo moderado no sorprenden a los socios parlamentarios de la CUP, han venido anunciando la eventualidad de un frenazo y amenazando con seguir adelante sin los miedosos en diversas ocasiones. Para ERC, las dudas de sus socios de gobierno son mucho más incomodas, por ser los republicanos quien en realidad están dirigiendo el grupo común de JxS y han dada una y mil veces por buena y compartida su estrategia ahora discutida internamente.

La solución a este traspiés, de confirmarse la negativa del Pdecat de seguir con lo previsto desde hace meses, será, muy probablemente, lo habitual en estos casos. Para evitar que cunda el desánimo, la ley del referéndum incorporará las más entusiasta y provocadora declaración de intenciones sobre la independencia inminente y el aplazamiento de la ley madre de la independencia se presentará, si viene al caso, como una nueva manifestación de la astucia intrínseca a los dirigentes del movimiento.