RTVE continúa empeñada en poner en entredicho el servicio público que presta. No contenta con la politización que está haciendo de la televisión pública, acentuada en los últimos meses con los fichajes de Sergio Martín para Los Desayunos y el movimiento de María Casado a La Mañana, ahora profundiza en su opacidad. Contrariamente a la transparencia que reclama la sociedad sobre la tv pública, TVE ha llegado, incluso, a llevarle la contraria al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
La corporación se ha negado a ofrecer los datos relativos a un contrato que firmó con Vídeo Mercury News, empresa encabezada por el investigado por Hacienda y relacionado con el ático de Ignacio González, Enrique Cerezo. TVE pagó en febrero de este año 1,3 millones de euros por 116 películas de la productora de Cerezo. Un particular requirió información relativa a esta operación, TVE declinó ofrecérsela y, aún con el respaldo del CTBG, se niega a hacer públicos los documentos solicitados. Estos son: la copia del contrato de compra-venta, el listado de las películas cuyos derechos han sido adquiridos, los informes y estudios realizados sobre la viabilidad de esta operación (por qué esas películas y no otras) y los consejeros del Consejo de Administración de TVE que votaron a favor del negocio.
TVE rechazó hacer público el contrato apelando a la “protección de los datos personales”. Sin embargo, el convenio puede publicarse omitiendo los datos mencionados, por lo que la corporación también apunta que hacer público dicho documento podría atentar contra “los intereses comerciales de RTVE” al tratarse de “un mercado en competencia”. El CTBG insta a TVE a ser coherente y ofrecer los datos puesto que en su propia página web se puede acceder a decenas de contratos de RTVE. ¿Por qué en este caso no?
El otro asunto peliagudo es el relativo a los informes que se tendrían que haber hecho. El particular reclamó los estudios pero TVE no los facilitó y únicamente mentó que “la evolución de los índices de audiencia y datos […] permiten concluir que su programación ha permitido mantener la contención de los costes”. En este sentido, el Consejo de Transparencia del Buen Gobierno le reclama que es necesario que aporte los informes puesto que “se trata de determinar si es una decisión discrecional” o si la compra del paquete de más de 100 películas subyacen cuestiones “objetivas, estudiadas y valoradas”.
Asimismo, CTBG hace especial hincapié en que es una cuestión “especialmente relevante” ya que RTVE ya tiene un stock de unos 300 filmes que compró hace más de un año y que aún no se han emitido. Y claro, los derechos de explotación de esas películas tienen fecha de caducidad. ¿Por qué comprar 116 películas cuando tienes más de 300 en la recámara?
El particular demandó que TVE diera a conocer quiénes votaron a favor en el Consejo de Administración que tomó esta determinación, sin embargo, “se deniega la información” por motivos de “garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”. Pero, casualidades del destino, eldiarios.es aseguró que los votos que sacaron la operación adelante fueron los seis consejeros nombrados por el PP.
De esta manera, TVE se opone a revelar los detalles de una compra que debe justificar, debido al stock, y cuyos negocios se relacionan con el empresario Enrique Cerezo, quien fue condenado por el Supremo por apropiarse indebidamente de fondos del Atlético de Madrid, equipo del que hoy es presidente. Fue absuelto porque el delito había prescrito. Ahora, el tema queda en manos de los tribunales, ya que desde CTBG aseguran a ELPLURAL.COM que la vía administrativa se ha agotado y solo se puede esperar a que el Contencioso Administrativo de Madrid se pronuncie al respecto.
Consulta la resolución de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno íntegra:
