Aunque mucha gente no lo crea así, quienes los conocen saben que son honorables. Esa gente sabe que lo son, pero no pueden demostrarlo. Les ocurre con ellos lo mismo que le ocurre a la jueza Mercedes Alaya, solo que al revés: ella está convencida de que son culpables pero no puede demostrarlo. Hablamos de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aunque también de otros imputados políticos en la macroacusa de los ERE, como Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo o Antonio Lozano, por citar algunos de los nombres cuyas carreras políticas, cuando no profesionales, han quedado devastadas por el escándalo de los ERE.

En la  pieza relativa al procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales, el fiscal del caso acaba de formular su escrito de acusación en el que pide inhabilitación para Chaves y nada menos que seis años de cárcel para Griñán y varios exconsejeros, cuyas defensas siguen convencidas de que esa parte de la investigación de la juez Alaya es mercancía averiada, aunque eso no significa que lo sea el resto de su instrucción. Recalquémoslo una vez más: sin la tenacidad y determinación de la titular del número 6 de Sevilla nunca habríamos sabido lo que sabemos sobre la poco ejemplar gestión de las ayudas a empresas y trabajadores por parte de la Junta de Andalucía.

Conjeturas judiciales, certezas políticas

Penalmente, contra Chaves y Griñán hay conjeturas, suposiciones, deducciones, sospechas: todo ello es de suma trascendencia política pero de nula relevancia penal. De hecho, en un juicio dirigido a determinar las responsabilidades políticas por el caso de los ERE, ambos presidentes saldrían malparados, y muy en particular Manuel Chaves, pues fue durante su mandato cuando ocurrieron todas esas cosas que avergüenzan a tantos socialistas andaluces en general y al propio Manuel Chaves en particular.

La tesis de la juez Alaya, que los otros dos jueces que han tenido que ver con el cae comparten, sostiene la existencia de una trama político-administrativa urdida desde las más altas instancias de la Junta de Andalucía para desviar dinero público a los amigos del PSOE y de los sindicatos. El problema de probar tan ‘sugestiva construcción’ es que para ello la instructora necesitaba imputar a media Administración andaluza, pues de otro modo sería inverosímil que un procedimiento administrativo flagrantemente ilegal no hubiera sido advertido por nadie pese a haber sido profusamente utilizado durante más de diez años a la vista de todos, pues no en vano las partidas figuraban año tras año en el Lay de Presupuestos. En cierto relato de Poe un personaje oculta una carta dejándola a la vista de todo el mundo. En la Junta debían de leer a Poe: ¿qué mejor manera de dar ilegalmente dinero a mansalva que hacerlo a la vista de todo el mundo: funcionarios, interventores, parlamentarios de la oposición, consejeros de la Cámara de Cuentas..?

Lo que Chaves sabía

A efectos políticos es indiferente que Chaves supiera o no supiera lo que estaba ocurriendo: su ignorancia o su buena fe no lo harían menos responsable. Así es la lógica política. A efectos penales, sin embargo, no solo no es indiferente, sino que es crucial el hecho de saberlo o no saberlo. Ahora bien, el juez Álvaro Martín y la Fiscalía sostienen no ya que Chaves lo sabía, sino que no podía no saberlo.

Aunque es un hecho que solo una pequeña parte de los ERE subvencionados fueron materialmente fraudulentos porque no estaba justificado social ni económicamente pagarlos con dinero público, en opinión de la justicia lo importante es que todas las subvenciones, las buenas y las malas, fueron ilegales; que todas las ayudas, las que estaban justificadas socialmente y las que no, son delito. Es, además, la tesis que se ha impuesto en el imaginario colectivo: muchísima gente de a pie cree que los socialistas andaluces, con Chaves a la cabeza, robaron o permitieron robar a otros 800 millones de euros del dinero de los parados.

Pena pública, dolor privado

En todo caso, una virtual absolución en el caso de Chaves y Griñán no va a limpiar políticamente sus nombres manchados de barro: el escándalo de los ERE es políticamente demasiado escándalo -demasiado dinero descontrolado, demasiados intrusos financiados, demasiado clientelismo amparado, demasiada opacidad consentida– como para quedar saldado en la memoria de la gente por un mera absolución penal. La pena de Chaves y Griñan será esa. Y ya es una pena terrible.

Pero en esa pena pública y política no debería ir incrustada esa otra pena íntima y devastadora que es la pérdida de la honorabilidad y que ninguno de los dos merece. Ambos son personas honorables a quienes cabe atribuir errores pero no delitos, atajos pero no atracos, chapuzas pero no conspiraciones, debilidades pero no maldades. Uno pierde el honor cuando roba, no cuando se equivoca.