Naciones Unidas recibe este miércoles a tres juristas que han perseguido a autores de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Benjamin Ferencz fiscal de los juicios de Nuremberg; Baltasar Garzón, el magistrado que llevó ante el tribunal a Pinochet y Demba Kandji el juez africano que ordenó el arresto de Hissane Habre hablarán en la sede de la ONU sobre Jurisdicción Universal.
El encuentro se titula Jurisdicción Universal: de Nuremberg a nuestros días. Debate sobre su aplicación a casos concretos . Está organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la misión permanente de Costa Rica en la ONU. La discusión se centrará en el papel de la Jurisdicción Universal en la lucha contra la impunidad.
Lo moderará Gina Guillén Grillo, presidenta del Sexto Grupo de Trabajo sobre Jurisdicción Universal y consejera legal de la misión permanente de Costa Rica en Naciones Unidas. Van a participar también Juan Carlos Mendoza, embajador y representante permanente de Costa Rica y Owen Pell, presidente del comité de dirección de AIPR y socio de White & Case LLP.
Castigar crímenes atroces
El juicio de Hissène Habré, sentenciado en Senegal el 30 de mayo pasado ha demostrado según resaltan los expertos que la Jurisdicción Universal es un instrumento valioso para las víctimas de todo el mundo a la hora de luchar contra la impunidad.
Señala en un comunicado FIBGAR, “el compromiso creciente para detener y perseguir crímenes internacionales en África y Sudamérica consolida el llamamiento global para unificar criterios de jurisdicción que permitan a los tribunales locales de los países ver casos presentados por víctimas que han sufrido esos crímenes fueran de sus frontera.
“Desde una perspectiva de prevención de crímenes atroces, la Jurisdicción Universal progresa en la responsabilidad y en la idea de luchar contra estos delitos a través de la certeza y la dureza del castigo, enfatizando la prevención y ayudando a extender globalmente la idea de que los crímenes atroces sobrepasan ampliamente la esfera de lo moral o políticamente aceptable”, añaden.
Perseguir el terrorismo
Implementar de forma extraterritorial la ley penal puede convertirse en un instrumento de mejora de ayuda legal mutua entre jueces y fiscales con el fin de perseguir crímenes internacionales y delitos transfronterizos como el terrorismo.
Aunque España fue pionera en la aplicación de la Ley de Jurisdicción Universal, con casos como el del dictador chileno Augusto Pinochet que instruyó el juez Garzón desde el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, el procedimiento retrocedió desde la reforma legal de 2014 que el Gobierno de Mariano Rajoy emprendió ante la protesta del Gobierno chino por la petición de extradición de algunos de sus principales dirigentes en el caso Tíbet.
Se ha conseguido no obstante continuar en España con investigaciones sobre crímenes contra la humanidad que afectan a víctimas foráneas. Es el caso de Boko Haram. La Fundación Internacional Baltasar Garzón presentó en España querella contra el grupo terrorista y su líder Abubakar Shekau, por actos de terrorismo y crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos en Nigeria y países vecinos contra la población civil desde 2009 en adelante.
La reforma del PP
También el caso Ellacuría, que refiere el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres el 16 de noviembre de 1989 en la universidad José Simeón Cañas en San Salvador, sigue vivo y en fase de orden internacional de arresto desde la Audiencia Nacional de algunos de los presuntos responsables. Continúa abierto el caso Sáhara que se inició por genocidio, crímenes de guerra y torturas presuntamente cometidos por oficiales marroquíes contra saharauis entre 1975 y 1991.
Los casos cuya investigación no se ha podido realizar en España al haber sido cerrados por la reforma de la Ley de Jurisdicción Universal son en un somero repaso el del genocidio de Tíbet; el de José Couso, cámara de Telecinco asesinado en la guerra de Irak por tres soldados norteamericanos acusados por crimen de guerra y el caso Guantánamo, que abrió en España el juez Baltasar Garzón, suspendido a pesar de tratarse de presuntas torturas contra ciudadanos españoles internados en el campo de detención norteamericano en Cuba.
Mención aparte merecen los casos de la querella por crímenes franquistas cometidos entre 1936 y 1977 que se instruye en Buenos Aires, Argentina, ante la imposibilidad de investigarlos en España, el país en que se cometieron.
