El alcalde del PP de Cuenca, de ideología neoconservadora, Ángel Mariscal, y el obispo de la diócesis conquense, José María Yanguas, perteneciente al Opus Dei, han unido fuerzas, animados por el “alucinante” informe del secretario accidental del consistorio capitalino, para negarse a retirar la cruz de José Antonio Primo de Rivera y las alegorías franquistas que la adornan en la fachada lateral de la catedral de la ciudad, porque, dice el regidor, acogiéndose al documento expedido por la secretaría, no ser competente para ordenar la retirada de tan ignominioso símbolo fascista, pero sí está autorizado a tapiar una ventana de una vivienda particular si considera que ésta vulnera las ordenanzas municipales, retirar un “muñeco” anunciador si no paga la tasa correspondiente, aunque esté instalado en espacio privado y, lo que es más curioso, está autorizado para determinar qué color deben tener las fachadas de las viviendas privadas del casco histórico, pero sobre una chapa en forma de cruz que incumple la Ley de la Memoria Histórica y que ofende a miles de personas víctimas de la dictadura no es competente, siempre, según el dichoso informe, que a buen seguro será enmendado en instancias judiciales.
“Sería delito en Alemania o en Italia”
Para la Asociación Ciudadanos por la República, el informe “es totalmente cuestionable, pues quién si no el Ayuntamiento es competente en la retirada de una simbología que se exhibe de cara a un espacio perteneciente al dominio público local, como es la plaza del obispado”, señalan. Los activistas están convencidos de que el documento “ está hecho a la medida del planteamiento que el equipo de gobierno tienen sobre este tema, y que no es sino mirar para otro lado, incumpliendo la legislación vigente (artículo 15 ley Memoria Histórica) y siendo cómplices de la actitud del obispado católico, que como ya hemos señalado en otras ocasiones no existe ejemplos en el derecho comparado y que sería constitutiva de delito en países de nuestro entorno democrático, como Alemania Francia o Italia”.
Denuncia ante los tribunales
En este sentido desde Ciudadanos por la República de Cuenca han anunciado, que además de utilizar la exposición de Ai Wei Wei para denunciar la cruz joseantoniana e iniciar una recogida de firmas en change.org, van a llevar el tema a los tribunales, concretamente al Contencioso-Administrativo. También insistirán en exigir al resto de administraciones públicas, desde la Subdelegación de Gobierno, la Junta de Comunidades y la Diputación, así como muy especialmente al obispado católico, que cumplan o hagan cumplir la ley 57/2007, y más concretamente el apartado 15.4, sobre posibles retirada de subvenciones o ayudas a entidades privadas, tal y como si reconoce el informe del secretario del Ayuntamiento de Cuenca.
Las claves del informe municipal
En su informe, el secretario general accidental se ampara en el apartado 1º de la Orden CUL/3190/2008, de 6 de noviembre, por la que se dictan las instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración del Estado, y que afirma que “se procederá a la retirada de todos los símbolos a los que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (Ley de Memoria Histórica), que se encuentren en un bien propiedad de la Administración General del Estado y sus Organismo públicos dependientes”. Árnica para el alcalde que está convencido de que “no queda justificado por qué debe ser el Ayuntamiento y no cualquier otra Administración la que obligue a un propietario privado, como es el obispado, a retirar los símbolos”. Deducciones rebatidas por los republicanos, que recuerdan a Mariscal, que ha habido otros ayuntamientos que “sí han asumido el mandato legal y, por tanto, la competencia de retirar los símbolos franquistas, incluso en edificios privados en los que dicha simbología se exhibe en la vía pública, como ha sucedido recientemente en Valencia, o en su momento en el municipio abulense de Pedro Bernardo, y otros, como el de Valladolid, que se inhibieron con distintas excusas, como ocurre con el Ayuntamiento de Cuenca, y que fueron finalmente obligados judicialmente”.
¿Por qué le cuesta tanto al PP?
La negativa del Ayuntamiento de Cuenca se repite a lo largo de la geografía española, eso sí, siempre en municipios gobernados por el PP. De ahí que los ciudadanos todavía califiquen a determinados líderes “populares” con el apelativo de “facha”. ¿Por qué le cuesta tanto al PP deshacerse de esta simbología? ¿La siente suya? ¿Se consideran herederos? Es cierto que el partido, antes llamado Alianza Popular, fue creado por los llamados “Siete magníficos”, siete renombrados exministros franquistas, con Manuel Fraga a la cabeza, que siempre se negaron a condenar el golpe de estado de 1936, y que aún hoy la mayoría de sus representantes continúan obcecados en el negacionismo golpista.
El obispo, ya ha sido denunciado
La postura del alcalde de Cuenca no hace si no entorpecer la aplicación de la ley, además de alienarse con las tesis del obispo opusino, José María Yanguas, contra quien ya pesa una denuncia, presentada en los tribunales el 14 de abril de 2015 (conmemoración de la II República”) por el abogado especializado en memoria histórica y derechos humanos, Eduardo Ranz, con quien ELPLURAL.COM colaboró aportando datos y fotografías del incumplimiento eclesiástico español. Ranz, que ha actuado contra un total de 15 obispos y arzobispos por mantener elementos de simbología franquista, advierte a la diócesis conquense que si no resuelve estas circunstancias acudirá directamente al Vaticano por el incumplimiento, a su juicio, de los preceptos de la doctrina canónica. Según el abogado, la pena a la que podría exponerse Yanguas va de 1 a 3 años de prisión.
