En la Sección II de la Audiencia Nacional las espadas permanecen en alto y el ambiento tenso hasta extremos poco imaginables. La razón última, el retraso en comunicar la admisión de la petición del antiguo tesorero del PP, Luis Bárcenas de que sean  citados a declarar en la pieza principal  del caso Gurtel en la que se encuentra implicado el PP,  entre otros los  que fueron secretarios generales del partido que preside Mariano Rajoy: Álvarez Cascos, Acebes, Rato, Arenas y Mayor Oreja. El juicio se iniciará el próximo 4 de octubre. El auto firmado por los tres jueces que integran la sala Ángel Hurtado (presidente), José Ricardo de Prada (ponente) y Julio de Diego se ha retrasado a la espera del anunciado voto en contra de Hurtado que empieza el día 30 sus vacaciones.

Aunque el auto  está firmado desde el 20 de julio por los tres jueces, el voto particular del juez Hurtado ha demorado el trámite. Finalmente y ante situaciones tan complejas como la necesidad de enviar una comisión rogatoria a Suiza, se ha hecho público, en parte también según ha podido saber ELPLURAL.COM, por la presión de algunos medios informativos que no entendían la razón de la demora. “Lo contrario hubiera sido obstrucción”, comentan fuentes jurídicas.

Un auto muy difícil de acordar

 Un retraso poco inteligible, en efecto. Como complicada ha sido la historia de este auto. Para empezar porque desde la recusación de los jueces de la Sección II Concepción Espejel y Enrique López por su proximidad al PP afectado de lleno como se ve en este caso, Ángel Hurtado, magistrado de talante muy conservador se erigió como presidente y ponente del asunto.

 Refiriendo la normativa propia de estos casos, los otros jueces (de Prada y de Diego) cuestionaron su papel de ponente, aunque finalmente desistieron, permitiendo que Hurtado llevara la ponencia, aunque mantienen que no le corresponde en el asunto de la Caja B del PP, cuya ponencia opinan que debe llevar De Diego.

El PP, preocupado

Lo cierto es que, ahora, ante la petición de nueva prueba por el extesorero del PP,  tras una compleja discusión jurídica, según ha podido saber este periódico y con la mediación del propio presidente de la Audiencia, Ángel Hurtado tuvo que ceder el puesto de ponente al magistrado José Ricardo de Prada para expresar la opinión mayoritaria del tribunal, que parecía no ser aceptada por Hurtado.

La prueba solicitada por la defensa de Luis Bárcenas  es para que comparezcan como testigos sus antiguos compañeros del PP y exsecretarios generales del partido. Una decisión poco grata para el partido del Gobierno que se ve abocado en estos momentos a la delicada situación de una nueva investidura o unas terceras elecciones generales y al que no le gusta que le recuerden casos de corrupción.

Un voto particular... que no llega

 Finalmente, y tras sendos debates no poco desagradables según fuentes jurídicas han comentado a ELPLURAL.COM, la prueba fue finalmente admitida el 20 de julio, después del informe favorable de la Fiscalía. Pero Ángel Hurtado no estaba conforme y anunció un voto particular.

El voto en cuestión se ha ido retrasando y con él, la comunicación del auto judicial admitiendo la prueba, hasta el punto de que ha sido hoy 29 de julio, cuando se ha notificado a las partes previa nueva polémica instando a darle publicidad sin que el anunciado voto del magistrado Hurtado se haya incorporado y se calcula que no estará listo hasta después de que el magistrado termine sus vacaciones... al menos eso es lo que se comenta. “Solo ha servido para perder tiempo. Jurídicamente es reprobable”, comentaba un letrado.

Populares a testificar

Lo que se ha dirimido en este episodio sorprendente para los profanos de un retraso de este tipo en una decisión judicial sin que se entienda la razón,  ha sido la admisión de la prueba propuesta por Luis Bárcenas de que testifiquen los que han sido altos dirigentes del Partido Popular Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas Bocanegra, Angel Acebes Paniagua, José Manuel Fernández de Santiago, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato Figaredo y Gerardo Galeote Quecedo.

Y además se ha aprobado una comisión rogatoria a Suiza a fin de identificar al titular de la cuenta bancaria “desde la que  se transfirieron  a la cuenta denominada Gloton nº 168947 de D.Rosendo Naseiro Díaz, en la banca Gottardo, la cantidad de 927.700 euros el 24 de junio de 2003 bajo el concepto ‛de orden de uno de  nuestros clientes por instrucción de PICTET CIE. Geneve”.

Comisión rogatoria

La sala fundamenta su decisión en cuanto a los testigos que se solicitan en que según los abogados de Bárcenas “su declaración resulta imprescindible en aras del ejercicio del Derecho de Defensa con todas las garantías así como el derecho a usar todos los medios de prueba pertinente no siendo gratuita ni ociosa ninguna de dichas declaraciones, ni contradictorias con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”.

Sobre la citada Comisión Rogatoria acepta la sala que “se refiere a una información de gran interés al haberse develado en la inicial Comisión Rogatoria varias transferencias recibidas en la cuenta cuyo origen quiere conocer para determinar si el origen de los fondos transferidos al Sr. Bárcenas era licito o ilícito...”  El objetivo de la defensa es que el dinero es fruto "de la intermediación e intervención en operaciones de compraventa de obras de arte", argumento que siempre ha esgrimido Bárcenas para justificar su enriquecimiento.

Javier Arenas y el comité de campaña

En cuanto a los testigos, respecto de Javier Arenas, el abogado lo reclama por su conocimiento de "las funciones, relaciones y responsabilidades" de Bárcenas en las fechas de los hechos y por haber dirigido como secretario general el comité de campaña en las elecciones municipales del año 2003 en las que fue contratada la UTE formada por la agencia Mccaan-Rialgreen.

Esa adjudicación se encontraría entre los hechos presuntamente delictivos de los que se acusa a Bárcenas, y su defensa recuerda que la empresa Rialgreen fue también contratada para la campaña de las elecciones andaluzas del año 2004, siendo Arenas presidente del PP en Andalucía.

Acebes y Mayor Oreja

De Acebes, "de quien dependía el tesorero nacional y el gerente", el abogado quiere su testimonio por ser "pleno conocedor" de la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital investigada en esta causa.

En cuanto a Mayor Oreja, se reclama su testimonio porque en los escritos de acusación se asegura que Bárcenas se habría lucrado con el pago de viajes que se habrían abonado presuntamente siguiendo las instrucciones del exministro de Interior y que se facturaron al "grupo del Partido Popular Europeo y por la Fundación de Estudios Europeos", presidida por Mayor Oreja.

Un eurodiputado y un consejero de Fomento
Sobre estos mismos hechos, la Sala ha accedido también a la declaración testifical de Gerardo Galeote, eurodiputado y portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo hasta el año 2009, y que fue vicepresidente de la Fundación de Estudios Europeos.

La testifical de Rato la pide "como conocedor" de la adjudicación de las campañas electorales y para determinar si hubo trato de favor a Correa.

Junto a estos dirigentes populares, también comparecerán como testigos José Manuel Fernández de Santiago, que fue consejero de Fomento cuando se adjudicó la Variante de Olleros de Alba y la Variante de Mena, adjudicaciones en Castilla y León por las que se acusa a Bárcenas de haber obtenido comisiones ilegales.