Tres organizaciones internacionales han hecho público un comunicado conjunto instando al Gobierno a que deje trabajar al juez José Ricardo de Prada "sin intimidación ni represalias". Mañana día 24 la Audiencia Nacional verá la recusación presentada por la Asociación Dignidad y Justicia contra el juez de Prada por sus palabras sobre la tortura en un foro público. La Fiscalía ha presentado por su parte nuevos argumentos de recusación. Frente a ello, en un comunicado, las ONG de Derechos Humanos rechazan enérgicamente la posibilidad de cualquier tipo de sanción contra el magistrado.

"Las autoridades deben abandonar el negacionismo y mostrar voluntad política para cumplir las numerosas sentencias y recomendaciones de mecanismos internacionales", afirman la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); Rights International Spain (RIS); y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). Afirman por el contrario que en cuanto a la tortura "Las autoridades deben abandonar el negacionismo y mostrar voluntad política para cumplir las numerosas sentencias y recomendaciones de mecanismos internacionales".

La Sala de lo Penal debe decidir

"El próximo 24 de junio el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional1 (AN) decidirá sobre la petición de recusación contra el magistrado José Ricardo de Prada por haber manifestado en una mesa redonda organizada por la asociación cultural Foro por la Convivencia celebrada el 14 de abril en Tolosa, que en España sin ser generalizada se habían producido episodios de tortura de manera clara", exponen las tres organizaciones.

 Las palabras del magistrado señalaban también que " profesionalmente había conocido casos con sospecha fuerte de tortura que no habían sido suficientemente investigados por los tribunales lo que había dado lugar a múltiples sentencias de condena por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", continúan.

El Supremo le dio la razón

Recuerdan estas organizaciones como relató en exclusiva ELPLURAL.COM "resulta destacable que el 15 de junio la Sala II del Tribunal Supremo anuló una sentencia de la Audiencia Nacional que contó con el voto particular en contra del Magistrado de Prada, por no haber admitido una prueba pericial psicológica de acuerdo con el Protocolo de Estambul para determinar si se habían producido actos de tortura contra Iñigo Zapirain Romano".

"El pasado 30 de mayo la AN admitió a trámite dos incidentes de recusación en contra del Magistrado de Prada presentadas por una asociación de víctimas del terrorismo invocando este motivo y el 7 de junio se supo que la Fiscalía de la AN se había sumado a las recusaciones y había añadido nuevas acusaciones a los escritos de recusación, lo cual además dejará al Magistrado en situación de indefensión", añaden.

Indefensión del juez y ataque de Fernández

 La indefensión que indican se debe a que "el procedimiento no prevé que pueda pronunciarse sobre estas nuevas acusaciones antes de que se decida sobre la recusación. La admisión de la recusación podría implicar que el Magistrado de Prada, quedara apartado de juzgar en lo sucesivo asuntos relacionados con el terrorismo, lo que vendría a constituir una forma de grave sanción profesional por sus manifestaciones sobre la tortura".

"Además, el 24 de abril, el ministro del Interior español afirmó que las palabras del magistrado son "indignas" de un juez y ofensivas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, recordando que la legislación española tipifica los delitos de humillación a las víctimas o de apología del terrorismo. De ese modo instó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a tomar medidas contra el magistrado. El CGPJ ha iniciado diligencias informativas que podrían acarrear algún tipo de sanción disciplinaria para el Magistrado de Prada", explican.

Preocupación de la ONU

 La situación de la tortura en España es un tema recurrente para las instancias internacionales. En 2003, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Theo Van Boven, mostró su preocupación por la “reticencia a discutir la incidencia y la extensión de la práctica de la tortura en España, en la medida en que la tortura se ha convertido en un problema de elevado contenido político”.

Las organizaciones que suscriben este comunicado lamentan que "13 años después la situación no haya cambiado en ese aspecto y la tortura siga siendo un tema tabú en el Estado español. Si bien la tortura y los malos tratos no son prácticas sistemáticas, las numerosas sentencias, opiniones y recomendaciones a nivel internacional evidencian la existencia del problema".

Indican que la Audiencia Nacional es un tribunal encargado, entre otros, de juzgar delitos de crimen organizado como terrorismo o narcotráfico, así como delitos cometidos fuera del territorio nacional. Por tal razón "el debate debería centrarse en la implementación de medidas para la erradicación de la tortura y las causas que la facilitan y no en la existencia o no de la misma".

Condenas a España del TEDH

Así, el 31 de mayo de 2016 se produjo la séptima sentencia condenatoria a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) por casos de tortura, la séptima desde 2010, en la que se concluía que la denuncia de tortura presentada por Xabier Beortegui Martínez tras ser detenido en 2011 no fue objeto de una investigación judicial efectiva.

"El TEDH instó a España a mejorar la calidad de las investigaciones forenses y a establecer un código de conducta para los agentes policiales responsables de la custodia de las personas arrestadas en régimen de incomunicación, tal y como ha reclamado también en numerosas ocasiones el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT)", prosiguen.

Abolir la incomunicación

Sin olvidar que "el 29 de mayo de 2015 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas expresó su honda y seria preocupación sobre varios aspectos como la falta de regulación debida del delito de tortura, el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden, así como la impunidad y la ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces sobre las denuncias de torturas y malos tratos cometidos por los agentes del orden".

En este sentido exponen que tanto el Comité Contra la Tortura como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han solicitado repetidamente la abolición del régimen de incomunicación tanto en sus observaciones finales como en casos individuales como el de Achabal Puertas contra España".

"Sin intimadición ni represalias al juez"

Por todo lo anteriormente expuesto las tres organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos que suscriben el comunicado "instan a las autoridades españolas a garantizar que el Magistrado José Ricardo de Prada pueda seguir desarrollando su función jurisdiccional en la Audiencia Nacional, con normalidad, sin intimidación ni represalias por sus afirmaciones en torno al fenómeno de la tortura en España y su falta de investigación judicial eficaz".

Concluyen: "Reclamamos la apertura de un debate público para diseñar un Segundo Plan de Derechos Humanos dotado de recursos humanos y materiales suficientes para su efectiva implementación. Este plan debería priorizar la erradicación de la tortura y mostrar una voluntad política decidida para garantizar el cumplimiento de las sentencias y recomendaciones de mecanismos internacionales como el TEDH y el Comité contra la Tortura".