Lucía Figar se negó a que se hiciera pública información de sus contratos con las empresas Púnica

El 31 de diciembre de 2015 en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se recibió una solicitud de acceso a información pública. Una ciudadana solicitaba conocer “los contratos firmados desde el 2008 entre la Consejería y las empresas Demini SL, Madiva y EICO”. Estas empresas, como es sabido, son presuntamente las principales implicadas en los negocios de la trama montada por David Marjaliza y Francisco Granados en su relación con el Gobierno de Madrid.

La reacción de la Secretaría General Técnica de la Consejería fue dirigirse a quienes consideraron “posibles afectados”, la exconsejera Lucía Figar, y su segundo, Manuel Pérez Gómez.

Los dos, como se recoge en el escrito de la Consejería, se mostraron contrarios a que se procediera a dar “el acceso a la información solicitada”. En lo que parece una argumentación pactado por Figar y su mano derecha en la Consejería, ambos se acogieron al artículo 14.1 de la Ley 19/2013, que copiaron en sus escritos:

“El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”.

En su argumentación la exconsejera y su viceconsejero también señalan que la documentación solicitada “forma parte de las diligencias previas”, y su entrega supondría “un perjuicio para la investigación”. Así como que la entrega “y su previsible difusión afectan a la tutela judicial efectiva de las partes personadas en las diligencias”.