Un juez conservador con menor experiencia profesional frente a una jueza progresista con más años de tribunales ha sido la elección del Consejo General del Poder Judicial para dirigir la Audiencia Provincial de Barcelona. Así lo denuncia Jueces para la Democracia que señala: “en el CGPJ han sido conocidas las gestiones frenéticas de Lesmes (el presidente) hacia los vocales con la finalidad de impedir que se nombrase a Angels Vivas en una muestra muy reprochable de machismo institucional”. JpD considera que la actitud de la magistrada favorable al derecho a decidir en Cataluña no se le ha perdonado y por todo ello piensa impugnar el acuerdo.
El motivo de protesta de Jueces para la Democracia se centra “en la reiteración de nombramientos del CGPJ que incumplen de manera manifiesta los principios de mayor mérito y capacidad, para centrarse en preferencias meramente ideológicas. Además, en el presente caso también concurre una visible discriminación de género, que desgraciadamente ha tenido otros precedentes”.
Diferencias notables entre candidatos
Relata la asociación que el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado el nombramiento de Antonio Recio como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. “A dicha plaza optaba también la magistrada Àngels Vivas, que ha obtenido 8 votos frente a los 10 del otro candidato, a lo que se deben añadir 3 abstenciones”.
Afirman los jueces progresistas que entre los datos objetivos de cada aspirante para optar a la referida plaza “se evidencian diferencias notables. Àngels Vivas tiene una antigüedad de 33 años y está en el puesto 159 del escalafón; el otro candidato cuanta con una antigüedad de 25 años y está en el puesto 1.359 del escalafón. En la carrera judicial resulta notorio que una diferencia escalafonal de 1.200 puestos es de enorme relevancia”.
Discriminación de género
“Además, Àngels Vivas ha estado 25 años en órganos colegiados, frente a los 10 años del otro candidato. Por otro lado, la experiencia en cargos gubernativos de Àngels Vivas también es muy superior, al haber sido magistrada decana de Barcelona, miembro de la sala de gobierno del TSJ y presidenta de la sección 9ª de la Audiencia Provincial”, aseveran.
Para JpD la disparidad en los méritos objetivos se ha visto acompañada por una clara discriminación de género. “La presencia de mujeres es mayoritaria en la judicatura (el 52%), pero sigue siendo muy minoritaria en el acceso a los cargos judiciales. De hecho, el 85% de las presidencias de Audiencias Provinciales está ocupada por hombres y esta situación no va a cambiar con decisiones arbitrarias como la que se ha adoptado”.
A pesar de los méritos superiores
¿Qué debería haber hecho el órgano máximo de los jueces? En su opinión “ante cualquier duda en la ponderación de los méritos de cada aspirante, lo más proporcionado hubiera sido acordar el acceso de una mujer para el cargo, a la vista de la discriminación institucional existente, como establecen los propios acuerdos internos del CGPJ”.
Añaden que con más razón se tendría que haber adoptado esta decisión “ante los méritos objetivos superiores de Àngels Vivas, que es una magistrada de gran prestigio profesional, muy respetada por su calidad técnico-jurídica y una de las primeras mujeres que accedió en nuestro país a la judicatura”.
“Lesmes sigue el guion de Gallardón”
“La decisión -añaden- es una muestra más del sectarismo en materia de nombramientos de este CGPJ, que opta en la mayoría de los casos por designaciones de marcado perfil conservador, sin hacer una valoración estricta de las capacidades profesionales. Se trata de un CGPJ diseñado por el ex ministro Gallardón, que puso al frente a Carlos Lesmes como hombre de máxima confianza política y que está actuando según el guion previsto”.
Resalta JpD que “en el CGPJ han sido conocidas las gestiones frenéticas de Lesmes hacia los vocales con la finalidad de impedir que se nombrase a esta magistrada, en una muestra muy reprochable de machismo institucional”.
Por el derecho a decidir
Piensan además que “Probablemente a Àngels Vivas tampoco se le ha perdonado ser una magistrada de perfil progresista, ni sus opiniones sobre la situación en Cataluña”. Se refieren aquí a que la magistrada fue una de los 33 jueces que firmaron el documento sobre el derecho a decidir. La jueza no está considerada como independentista sino como otros jueces en la idea de defender este derecho sin necesidad de que Cataluña salga de España”.
“Desde Jueces para la Democracia expresamos que esta decisión nos parece especialmente grave, por lo que vamos a preparar la impugnación de este acuerdo. Asimismo, vamos a contactar con distintos organismos públicos y con las más diversas organizaciones sociales para poner de manifiesto la intensa discriminación de género que se vive en nuestra judicatura”.
Instan además a los grupos parlamentarios para que en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados requieran explicaciones a Carlos Lesmes en su próxima comparecencia “y le pidan aclaraciones sobre la marginación de las magistradas en la carrera judicial, como se ha puesto de manifiesto con este acuerdo. Nos parece especialmente lamentable que una institución judicial que debería ser ejemplo de igualdad, ecuanimidad y no discriminación esté siendo especialmente conocida por todo lo contrario”.
