La Guardia Civil registra la empresa estatal Acuamed y detiene a dos altos cargos

La Guardia Civil ha registrado este lunes la sede de la empresa estatal Agua de las Cuencas del Mediterráneo (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura, por orden de la Fiscalía Anticorrupción. El registró comenzó a primera hora de la mañana y ya hay dos detenidos, el director general (máximo cargo del organismo) Arcadio Mateo del Puerto, y la directora de ingeniería y construcción, María Manuel Mañueco Pfeiffer, según informa la agencia EFE.

La Fiscalía investiga posibles delitos, entre ellos el de fraude, y busca contratos públicos inflados en el presupuesto y adjudicados para desarrollo de obras públicas relacionadas con el suministro de agua en la cuenca del Mediterráneo. En definitiva, se trataría de un nuevo caso de corrupción que salpicaría de nuevo al PP, pero esta vez directamente al Gobierno central.

La Audiencia Nacional
La operación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Bajo el nombre de "Operación Frontino", se están investigando a 400 personas, se han practicado registros en las sedes de Acuamed de Valencia y Murcia y el número de detenidos podría elevarse a 10 en las próximas horas.

Acuamed
Acuamed es una empresa pública creada en la primera Legislatura de Zapatero para gestionar el abastecimiento de agua, tanto de riego como de consumo, en el Mediterráneo. Fue creada por Cristina Narbona, exministra de Medioambiente, para gestionar fundamentalmente la construcción y puesta en marcha de las desaladoras de Alicante, Murcia y Almería una vez que el gobierno socialista descartó el trasvase del Ebro. El gobierno de Zapatero realizó inversiones multimillonarias y convirtió a España en una potencia mundial en tecnología de desalación de agua marina. El PP inició una brutal campaña de desprestigio en contra de las desaladoras y sus responsables políticos llegaron a afirmar que el agua de las desaladoras no era apta para el consumo.

Con Rajoy en el Gobierno, la campaña de desprestigio se frenó en seco dado que Rajoy también ha descartado el trasvase del Ebro. Ahora el PP presume de desaladoras. La empresa depende del Ministerio de Agricultura, cuya titular es Isabel García Tejerina y que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el registro y las detenciones.