Nuria Bassols, ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, actual Comisionada para la Transparencia de la Generalitat, es la esposa del detenido Josep Manel Bassols, ex alcalde de Anglès y delegado en Catalunya de la empresa Oproler. Esta empresa constructora es una de las que se están investigando dentro de la llamada Operación Petrum, el conocido como caso del tres por ciento que afectaría a Convergencia por el presunto cobro ilícito de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública, entre otros delitos.
La jueza Bassols
La ex jueza se negó al registro domiciliario por orden judicial, al hilo de la detención de su esposo, que pretendían hacer los correspondientes funcionarios. Adujo que tanto el auto de entrada como el del registro no estaban fundamentados. Ante la insistencia de los agentes de la Guardia Civil, no dudó en espetarles que si querían entrar en su casa deberían detenerla, porque lo único que pretendían era “joder su carrera política”.
Los funcionarios levantaron acta del asunto, lógicamente, pero la actitud de “usted no sabe con quién está hablando” la hemos visto en no pocas ocasiones tratándose de personas en las que Artur Mas ha depositado su confianza. Porque no hay que olvidar que Nuria Bassols está nombrada a dedo por Mas.
Desde el 2013, Bassols ya era responsable de las políticas de transparencia de la institución catalana, dependiendo directamente del president Mas. Vista la transparencia que existe a día de hoy en el Gobierno catalán, es de suponer que se la quiso premiar, siendo así que en febrero pasado la “ascendieron” a Comisionada de la Transparencia.
Es menester repasar su currículum para esclarecer algunos conceptos. Especialmente, el de transparencia.
Algunos nombres buenos
La por entonces magistrada Bassols tuvo una primera ocasión de entrar en contacto con CDC en el lejano año de 1999. En aquel entonces ya se hablaba de un presunto delito de financiación ilegal por parte de CDC. Su Señoría archivó el asunto.
Fue la primera mujer en dirigir la Escuela Judicial, centro en el que reciben formación todos los miembros de la judicatura española, pero la destituyeron en el 2008. ¿La razón? La pérdida de confianza en su persona por parte del Consejo General del Poder Judicial.
En los últimos tiempos, y aún en el ejercicio de su magistratura, Bassols archivó la causa contra el convergente Ferrán Falcó, diputado autonómico y regidor del ayuntamiento de Badalona. Falcó estaba investigado por presunta malversación de fondos públicos y cobro de comisiones a través de la empresa pública catalana ADIGSA, de la que fue presidente. Cabe decir que ADIGSA se dedica a la construcción de vivienda pública social y que ha sido, históricamente, un foco de polémicas.
Todo esto son hechos, no opiniones. Como lo son también que Maite Masià, directora adjunta de la Oficina Antifraude de Catalunya, aparece mencionada varias veces en el sumario de las ITV que se instruye contra Oriol Pujol Ferrusola. q Que Margarida Gil Domenech, esposa del diputado convergente en el Congreso Jordi Jané y secretaria del gabinete jurídico de la Generalitat, se ha reunido con algún empresario imputado en el caso antes citado de las ITV. Por cierto, el sueldo de Gil Domenech es más alto que el del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Cobra al año 102.907, 20 euros brutos al año. Y no es la persona que cobra más en la Generalitat, lógicamente.
No seguiremos. Para muestra, bien valen éstos botones. En materia de jueces y justicia, y sirva esto para concluir por hoy, deberíamos recordar la vieja sentencia de Lucano, poeta nacido en la Córdoba romana allá por el primer siglo después de Cristo, que dice “Aléjese de los palacios el que quiera ser justo, porque la virtud y el poder no se hermanan bien”.
Se suicidó. Con estas ideas, normal.
