Hacienda argumenta que son ellos los que determinan qué es delito fiscal y qué no
En román paladino, la gente de Montoro se niega a calcular y especificar para el juez la cantidad de dinero que el PP no tributó a Hacienda por las donaciones en negro que, como ha quedado demostrado, diversas empresas entregaron en Génova. Unas cantidades que, según dictámenes anteriores de la Agencia Tributaria, estaría exenta de pago de tributos porque el PP, aunque no las declaró, las usó para los fines que recoge la ley de partidos. Una interpretación con la que parecía diferir el juez.
La argumentación de la Agencia Tributaria para negarse a colaborar con Ruz se basa en dos puntos fundamentalmente. Por un lado en que es "la Agencia Tributaria la organización administrativa responsable (...) de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero". O lo que es lo mismo, son ellos quienes establecen si algo debe quedar o no exento de pago fiscal.
Los hombres de Montoro dicen que el juez no puede rectificarles
Por otro, la Agencia dice que cuando interviene "en auxilio a los Juzgados y Tribunales de Justicia" las realiza "en su condición de Administración Tributaria, lo que implica actuar bajo la dirección d elos órganos administrativos que determina su estructura orgánica y conforme a los criterios técnico-jurídicos que considere aplicables". De nuevo, lo que viene a decir el ministerio de Montoro es que el juez no tiene potestad para exigirles una información que no sea conforme a lo que determinen los responsables de la Agencia y no puede ir más allá de lo que ellos consideren con su "criterio técnico-jurídico sobre una cuestión de naturaleza tributaria".
Es más, Hacienda especifica en su respuesta a la Audiencia Nacional que "el dictamen emitido por la Agencia Tributaria no puede ser revisado por el órgano judicial penal, pues no tiene atribuida ninguna competencia revisora al respecto".
Un pulso aún abierto
Esta decisión, que podría tomarse como de 'insumisión' al juez, carece prácticamente de precedentes por parte de un organismo oficial. Y se concreta en un último párrafo en el que los hombres de Montoro dicen que "la Agencia Tributaria no está en disposición de cumplimentar el informe en los términos solicitados", es decir, se niegan a entregarle los datos que les solicitó, porque ya habrían emitido su dictamen en informes anteriores "ratificados en comparecencia de fecha 11 de febrero de 2015". Es decir, Montoro echa un pulso al juez Pablo Ruz. Aunque ahora habrá que esperar la reacción del magistrado de la Audiencia Nacional ante este acto de rebeldía.
