En estos dos últimos años al menos 873.000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno que denuncian hoy 61 organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico de todo el país. Esta situación se ha producido tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Estos colectivos reclaman una nueva Ley de Sanidad que proteja los derechos de los ciudadanos.

“Hablamos de una población especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias. Hay que apuntar además, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano viene contribuyendo a su financiación mediante los impuestos”, señalan los firmantes.

La sanidad ya no es derecho de todos
En abril de 2012 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2012, a partir de entonces, denuncian la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Además se restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa para las personas. Dos años después el balance no puede ser más negativo”.

Deterioro de la cohesión territorial
Entre estos efectos adversos se indica “la diferente aplicación del RDL por las Comunidades Autónomas (CCAA) y la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de los centros sanitarios ha deteriorado aún más la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo”.

Casos de desatención
Añaden que incluso en aquellos supuestos en los que el RDL reconoce el derecho a la atención (embarazadas, menores, atención de urgencias…) “se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos”.

Retraso diagnóstico
El hecho de desplazar la atención a las urgencias (si ésta se logra) genera para los firmantes, retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención. “Estudios en otros países han demostrado que medidas de exclusión sanitaria similares han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que costaría con una atención inclusiva”.

La salud de las personas, en riesgo
“La exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generado un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal como organizaciones médicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo”, afirman.

Retroceso en el control de enfermedades
Si bien algunas Comunidades Autónomas emitieron instrucciones para asegurar asistencia sanitaria para toda la población en los supuestos de salud pública, dicen estos colectivos que “el citado RDL sienta las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevención, vigilancia y control de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles”.

Repercusión en la salud colectiva
“Las dificultades de acceso de sectores de población a las medidas propuestas para evitar la aparición de nuevos casos y/o el control de brotes epidémicos (vacunación, quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis, aislamiento, diagnóstico o tratamiento), tiene repercusión no sólo en el ámbito individual sino también en la salud colectiva”, aseguran.

A más desigualdad, más problemas
Destacan también que el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y medicamentos, y la exclusión sanitaria de las personas más vulnerables, provocados por la promulgación de este Real Decreto ha generado un incremento relevante de las desigualdades en salud. “Está demostrado que el incremento en la desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un incremento general del sufrimiento”.

Violencia de género y trata
La retirada de la tarjeta sanitaria a mujeres migrantes dificulta la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual, denuncian, y añaden que en el caso de las víctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria”.

Derogación y nueva Ley de Sanidad
Ante esta situación instamos al Gobierno de España a derogar el RDL 16/2012, y elaborar una nueva Ley de Sanidad”, reclaman, con la condición de que nazca de un amplio consenso y “establezca las condiciones para un Sistema Nacional de Salud, universal, de calidad, y sostenible sobre la base de una gestión eficiente, eficaz y transparente”.

De acuerdo con la OMS
Piden también que esta nueva Ley garantice el derecho a la protección y promoción de la salud establecido en la Constitución Española, y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, tal y como es definida por la Organización Mundial de la Salud: completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad.

FIRMAN ESTE MANIFIESTO LOS SIGUIENTES COLECTIVOS:

ACATHI (Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals --- AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid.) --- Alianza por la solidaridad. --- AMaSaP (Asociación Madrileña de Salud Pública.) --- Amnistía Internacional.--- APDHA (Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía).--- Apoyo Positivo.--- Asociación Cultural Candela --- Asociación deAyuda contra la Drogadicción "SILDAVIA" --- Asociación de Usuarios de la Sanidad Región de Murcia.--- AEDIDH (Asociación Española para el derecho internacional de los derechoshumanos) --- ARI Perú---Asociación Patim.--- Asociación Salud y Familia. ---ASTI (Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes) --- Attac España --- Bolo-Bolo Castilla-LaMancha. --- Cáritas Española.--- CALCSICOVA --- CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).--- Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos --- CESIDA. --- COGAM. --- Colectivo Feminista Las Tejedoras. --- Comisión General de Justicia y Paz--- Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat --- Comité Ciudadano Antisida de Salamanca. --- EAPN España --- EASP (Escuela Andaluza de Salud Pública). --- Echeverria Abogados.--- Farmacéuticos Mundi. --- FAUDAS (Federación Estatal de Asociaciones de Personas Afectadas por las Drogas y el VIH) Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español --- Federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública. --- Federación Trabajando en Positivo. --- FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales). --- Foro Galego de inmigración. --- FPFE (Federación de Planificación Familiar Estatal). --- Fundación 26 de Diciembre --- Fundació Migra Studium - Servei Jesuita a Migrants. --- Fundación ACOBE. --- Fundación Atenea. --- Fundación Bachue. --- Fundación Lucia --- Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación (GTSMI) –- HOAC (Hermandad obrera de Accion Católica). --- INCIDE (Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación). --- JEC(Juventud Estudiante Católica). --- JOC (Juventud Obrera Cristiana).--- Médicos del Mundo. --- Medicus Mundi. --- MPDL (Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad). --- POAS (Plataforma de Organizaciones de Accion Social). --- Plataforma en Defensa Sanidad Pública del Sureste de Madrid. --- Proyecto Esperanza-Adoratrices. --- PTS (Plataforma del Tercer Sector). --- Red Acoge. --- Salud por Derecho. --- SARE (Prevención y apoyo a personas que viven con vih de Pamplona). --- SEMFyC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria). --- SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.) --- Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya --- UNAD.