Ana Botella, en la inauguración de la plaza Margaret Thatcher.



Izquierda Unida ha denunciado que la Junta municipal de Fuencarral-El Pardo se ha saltado toda la normativa vigente para que la calle Fresneda, donde tiene su sede el BBVA, pase a llamarse calle Azul tal y como había solicitado la entidad financiera. En un comunicado del que se ha hecho eco El Boletín, la coalición denuncia "servilismo" del Ayuntamiento con una petición expresa del banco, que argumentó que con ese nombre pretendía: "alinear las denominaciones de los lugares más significativos de la sede con nuestra entidad financiera". En ese sentido recuerdan que "ya en julio la alcaldesa Ana Botella inauguró la Pasarela Azul BBVA que unía Las Tablas y Sanchinarro y que es lo único que puede inaugurar ya que las dotaciones comprometidas para estos barrios están sin hacer".

Saltándose la normativa vigente
La coalición alerta de que además el Partido Popular se ha saltado la normativa municipal para satisfacer al BBVA ya que la ordenanza de Denominación y Regulación de Vías que establece los criterios para proceder a los cambios del callejero apunta que "procurará mantener los nombres consolidados por el uso habitual", que "las modificaciones de nombres preexistentes sólo procederán por imperativo legal o exigencias urbanísticas" o que "no se repetirán nombres ya existentes en el callejero oficial".

"Mandan los bancos"
Sin embargo el vocal-portavoz de IU en el distrito de Fuencarral-El Pardo, José Luis Córdoba, explica que en este caso no se cumple "ninguna de la condiciones" de la normativa ya que "hasta se da la circunstancia de que ya hay otro vial con el mismo nombre en la Casa de Campo". "Sólo se nos ocurre que sea al amparo del imperativo legal ya que en la ciudad quienes mandan de verdad son los bancos", lamenta Córdoba.

De cobrar por patrocinios a regalar el callejero
El año pasado el Gobierno regional del PP en Madrid provocó cierto malestar al 'vender' temporalmente el nombre de la estación más emblemática del metro a una compañía telefónica, pasando a llamarse así Vodafone-Sol. Sin embargo la compañía privada tuvo que pagar tres millones de euros, uno por cada año de patrocinio. El Ayuntamiento de Madrid ha dado un paso más y directamente regala el nombre de los espacios públicos a determinadas empresas.