Diez millones más por la cara
De la lectura del citado informe se deduce que el coste para las arcas públicas toledanas pasó en dos meses de 6,13 a 17,4 millones de euros por la “necesidad de actualizar” el convenio colectivo de los trabajadores de la empresa (tres días antes de las elecciones amenazaban con una huelga). La decisión la aprobó la Junta de Gobierno de Toledo del PP en mayo de 2007 (), presidida por el vicealcalde Lamberto García Pineda, cuyo nombre en circunstancias normales pasaría desapercibido de no ser porque, además de responsable de la hacienda municipal, era tesorero de la dirección regional del PP presidida en ese año por la actual secretaria general y presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal . Y es aquí, en esta incompresible dualidad, donde Ruz pretende seguir indagando.
El pagaré del “pobre Cañas”
No solo eso. Ruz tiene abierto otro frente, si cabe más importante que la supuesta mordida, como es la triste, patética increíble e indignante declaración del gerente de Cospedal en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, que lagrimeando reconoció ante Ruz haber firmado el famoso recibí () de los 200.000 euros, al mismo tiempo que negó haber recibido el dinero. Sostuvo que estampó su rúbrica en el papel porque Bárcenas le daba “miedo”. La explicación enojó al juez, y fue contestada por el extesorero el pasado mes de abril: "Si dice que firmó sin recibir el dinero, es que es imbécil". Razón no le falta.
Cospedal reconoció la aportación
El enfado de Ruz estaba motivado por varias razones, ya no solo por la supuesta deficiencia intelectual del gerente de Cospedal, sino porque fue la propia presidenta de Castilla-La Mancha la que reconoció haber recibido los 200.000 euros (no de Sacyr) de la sede nacional del PP para gastos de la campaña electoral de 2007, “aportación que recibe cualquier territorio para las elecciones”, llegó a decir. Sin embargo, ni en la sede nacional ni en la regional existe asiento contable o copia bancaria del ingreso de la citada cantidad, ni mucho menos justificantes de los gastos. Los conservadores castellano-manchegos siguen sin aportar ni una sola prueba que acredite la recepción y el destino de esa supuesta mordida.
El Ayuntamiento advirtió a Ruz
Tras el supuesto pelotazo, el PSOE, recién llegado al gobierno municipal en mayo de 2007, advirtió en noviembre de 2013 al juez Ruz de que algo olía a chamusquina. Le informa de los pormenores del contrato después de que el magistrado de la Audiencia Nacional le pida toda la documentación sobre la concesión a Sacyr. “Consideramos que la adjudicación ha sido lesiva para los intereses municipales y supusieron una merma económica para el Ayuntamiento de Toledo en base a las decisiones que tomaron sobre el mismo en ese periodo”, concretan en las conclusiones enviadas al juez ().
El contrato podría ser ilegal
Sea como sea, el caso es que el contrato firmado por el ayuntamiento de Toledo del PP de Cospedal con la empresa Sufy (Sacyr) en mayo de 2007 por valor superior a los 60 millones de euros "sería nulo de pleno derecho" porque fue firmado "omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos", recoge el informe del IGAE, en sus últimas páginas de conclusiones que obra en poder de este periódico.
