María Dolores Cospedal, “ama y señora” de todo lo que se mueve en torno a la construcción del cementerio nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas, ha abierto la “caja de los cuartos”, como reconoce a ELPLURAL.COM un alcalde socialista de la zona, concediendo un primer reparto de la tarta nuclear a cuatro constructoras por un valor superior a los doce millones de euros. Entre las empresas que han presentado una “oferta económicamente más ventajosa”, recoge este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se encuentra Sacyr, una constructora investigada por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, por presuntos pagos al Partido Popular en general y a Cospedal en particular, a quien esta compañía entregó supuestamente una comisión de 200.000 euros para financiar su campaña electoral de 2007 a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo, según declaración en sede judicial del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
El presidente de Sacyr, imputado por Ruz
Pues esta constructora, presidida en la actualidad por Manuel Manrique, que declaró el pasado noviembre como imputado ante el juez Ruz, el mismo día que el gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, firmante y receptor de la supuesta mordida de 200.000 euros entregada por Sacyr a Cospedal e investigada por el titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, es oficialmente desde este lunes la concesionaria de “la redacción del proyecto de construcción y ejecución de las obras de acondicionamiento de la carretera (…)” por un importe superior a los 4,6 millones de euros (). El contrato será legal, pero no deja de ser llamativo por tratarse de la empresa que se trata.
Otras empresas concesionarias
Sacyr comparte el reparto de esta primera porción de la tarta nuclear con otras tres empresas, todas castellano-manchegas, una de ellas propiedad del presidente de los empresarios conquenses, Abraham Sarrión, si bien a principios de año se adjudicó la construcción de un vivero de empresas en la misma localidad a la Unión Temporal de Empresas formada por Obrascón Huarte Lain, S.A. y Copal Obras y Construcciones S.L., por un importe de 2,5 millones. El caso es que el Gobierno de Cospedal presupuestó para este año actuaciones en la zona valoradas en 19 millones de euros para “mejora y remodelación de 36 kilómetros de vías”, como precisó su consejera de Fomento. Pero esta cantidad es peccata minuta comparada con las decenas de millones de euros pendientes de otorgar y conceder a las empresas que, eso sí, presenten la “oferta económicamente más ventajosa”. Faltaría más.
Las prisas de Cospedal y del Gobierno
La concesión de estas obras llama la atención, ya no solo por la presencia de Sacyr, sino por las prisas del Gobierno de Mariano Rajoy. Así, al menos, lo entienden los ecologistas que este lunes denunciaban como Moncloa marca los plazos, “priorizando sus intereses partidistas, por encima del interés común”, recogen en su comunicado, advirtiendo al mismo tiempo que en la actualidad se siguen desarrollando sondeos y se reconoce que los estudios de caracterización geológica no se han terminado. “Las prisas no tienen justificación técnica pero el presidente de ENRESA estaría presionado por el calendario electoral”, añaden, “los funcionarios deberían tener libertad de actuación para evaluar de forma objetiva el proyecto”. Del mismo modo, Ecologistas en Acción subrayan y lamentan estas prisas del gobierno del Partido Popular por iniciar las obras del ATC en esta legislatura, “lo que están llevando a que se realicen los diferentes procedimientos de licenciamiento sin las debidas garantías para la protección del ambiente y la salud de las personas”, concretan.
