La consellera Portavoz, Lola Johnson Sastre, durante la rueda de prensa posterior al Pleno semanal del Consell. EFE



El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la localidad valenciana de Paterna ha citado a declarar como imputados a cinco exdirectivos de Radio Televisión Valenciana (RTVV), entre ellos a la actual secretaria de Comunicación de la Generalitat, Lola Johnson, una de las más cercanas colaboradoras del expresidente Camps, por la posible comisión de delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos, concretamente de un "agujero" de 1.300 millones de euros.

Una denuncia de Compromís
El juzgado, que ha admitido a trámite la denuncia presentada por Compromís contra la antigua cúpula de Radiotelevisión Valenciana por su supuesta responsabilidad en la gestión económica y patrimonial que llevó a la empresa a su cierre, ha citado, además, a los exdirectores José López Jaraba, Luis Redondo, Nuria Romeral y Lluís Motes.

En su auto, la titular del Juzgado de Paterna anuncia que incoa diligencias previas, según el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "para averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos" por si fueran constitutivos de delito, informa EFE.

Lola Johnson declarará en julio
El 8 de julio declararán Lola Johnson y Luis Redondo y un día más tarde lo harán los también el exdirectivo de la televisión pública valenciana Lluís Motes y de la radio pública, Nuria Romeral, secretaria autonómica de la Generalitat en tiempos de Francisco Camps. En cuanto al exdirector general de RTVV José López Jaraba, la juez dirige un exhorto a los Juzgados de Madrid.

Los excesos presupuestarios de la Generalitat
En rueda de prensa, el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, ha explicado los detalles de la denuncia presentada por su grupo en marzo y ha anunciado que seguirán aportando "sucesivamente" más documentación tanto sobre los hechos que ahora se investigarán, que comprenden desde 2010 hasta el cierre de RTVV en 2013, como sobre otros posibles delitos anteriores a esta última etapa.

Según ha explicado el diputado, al "agujero" económico de RTVV se llegó por los “excesos” presupuestarios generados cada ejercicio por las contrataciones irregulares o injustificadas que realizaba en el ente público, que, además, asumía ese déficit como pérdidas y acometía una ampliación de capital que, a su vez, asumía la Generalitat.